LOS MILITARES Y LOS POLÍTICOS / ALBERTO ADRIANZEN

Los militares y los políticos
Por Alberto Adrianzén

Sería bueno preguntarle al congresista Edgard Núñez a quién se le ocurrió la "brillante idea" de presentar un proyecto de ley para amnistiar a los comandos de Chavín de Huántar y crear una comisión ad hoc para también amnistiar a militares y policías. La pregunta no es nada ingenua. Luego de saber que los comandos que participaron en el operativo Chavín de Huántar no están procesados y sí más bien Fujimori, Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio, uno puede sospechar que este proyecto, apoyado entusiastamente por fujimoristas y apristas, estaba dirigido a favorecer directamente a los procesados y a futuros acusados de violar los DDHH. La otra posibilidad es decir que Edgard Núñez es un congresista descuidado, nada prolijo, poco serio y que fácilmente puede ser engañado. No hay mejor prueba de ello, como informan diversos medios, que la decisión del ministro de Defensa, en días pasados, "de pedir que se le abra proceso disciplinario al procurador del Ejército por haber proporcionado información equivocada al congresista Núñez, según la cual los 110 militares participantes en la operación Chavín de Huántar están siendo juzgados. Explicó que la información que le diera el procurador al legislador sobre la relación de militares con procesos por presuntas violaciones de DDHH es totalmente errada".

El asunto es tan grave y escandaloso que se puede proponer, como hipótesis, que el congresista Núñez es una suerte de instrumento de sectores militares que solo buscan evadir la justicia y lograr así la impunidad. La otra posibilidad es pensar que aquellos que idearon esta medida creen (o piensan) que la mayoría de peruanos somos un poco, por no decir bastante, idiotas, para no darnos cuenta de que en este pedido de amnistía había un error de base que lo hacía imposible. Y si uno fuese mal pensado podría señalar que es bastante sospechoso que se levante este asunto en medio de anuncios de futuros juicios a militares (Cayara) y de los llamados petroaudios que afectan y amenazan a personajes del gobierno.

De otro lado, este asunto de la amnistía o del indulto a militares y policías muestra una vez más esta creencia equivocada de que la mejor política para tener futuro en la política es adular a los militares, lanzar discursos macartistas y proponer la mano dura contra todo aquello que tenga un leve color rosado. Un ejemplo notable de esta forma de entender cómo se hace política en este país lo hemos tenido hace pocos días con la presentación de los ex miembros de la CVR ante la Comisión de Defensa. Me imagino que más de una vez los ex comisionados, incluido su presidente Salomón Lerner Febres, habrán estado al borde de la indignación por el tipo de preguntas y argumentos que escucharon aquella tarde. Han pasado más de siete de años de la instalación de la CVR y cinco de haber terminado su trabajo, y las preguntas y cuestionamientos de sus detractores siguen siendo los mismos. Nada ha cambiado. Creo, más bien, que se ha retrocedido gracias a la complicidad de éste y el anterior gobierno y de la mayoría de partidos, que insisten en acusar absurdamente a la CVR de favorecer a los terroristas.


En realidad, todos estos asuntos (se puede sumar el escandaloso comportamiento del Gral. Donayre que consiste en evadir sistemáticamente la justicia) muestran lo poco o nada que se ha avanzado en el control democrático, legal y constitucional de las FFAA. Los políticos creen que es suficiente, para la democracia, que los militares no den golpes, que les rindan honores y que, por ello, deberíamos estar muy agradecidos. El resto, como el respeto a la ley, a los otros poderes y a la Constitución, se mueve en un terreno borroso y en el cual existe una autoridad democrática frágil y concesiva a sus intereses individuales o corporativos. Hay que recordar que el cinco de abril del 2001, las FFAA firmaron un documento en el que se autocriticaban (fue la primera institución en hacerlo y ello es todo un mérito) por el papel nefasto que cumplieron durante el fujimorato y que aceptaban la creación de la CVR Sin embargo, de ese momento a la fecha, pese al esfuerzo de pocos, hemos ido como el cangrejo, como lo demuestran las propuestas de los congresistas Núñez y Cabanillas.

Los problemas judiciales de algunos miembros de las FFAA, más allá de los cargos, son semejantes a los que padecen miles de peruanos que están hacinados en unas inhumanas cárceles por años y que esperan un juicio y una sentencia. Por eso lo mejor que podríamos hacer es pedir que el presupuesto del PJ, que el Ejecutivo mezquina todos los años, se aumente para que los jueces puedan cumplir mejor su tarea y para que militares y civiles no pasen años a la espera de una sentencia que afecta sus vidas. Es decir, pedir justicia y no impunidad.