Huelga amazónica
Mié, 15/04/2009 - 23:58
Por Antonio Zapata (Diario La República)
Mientras el caso Fujimori ocupa el foco de la atención pública, viene desarrollándose una huelga amazónica de gran alcance. Los protagonistas son grupos étnicos de la selva que aún mantienen formas organizativas tradicionales, como comunidades originarias. Ellos han sido constantemente agredidos por oleadas de colonización para la exportación de algún recurso natural.
El caucho fue el caso más importante de la historia, habiendo establecido un paradigma que se repite hasta hoy. Se trata de un esquema depredador del bosque y de agresión a los pueblos que lo habitan desde tiempos remotos. Los gobiernos nacionales proceden como si la selva amazónica no tuviera gente, como si fuera un espacio vacío e inagotable, que se trata de poner en valor.
Ayer fue el caucho, hoy son tres productos principales: petróleo, madera y minerales. En la era del jebe, se decía que era el reemplazo del salitre perdido en la guerra del Pacífico. Hubo un boom que se saldó por la eliminación casi completa de algunos grupos étnicos reclutados como peones sobreexplotados. El caso más notorio fue el del cauchero peruano Julio Arana, quien en el Putumayo oprimió a los huitotos casi hasta su exterminio, pero fue enjuiciado por esclavismo en Gran Bretaña, donde estaba asentada su compañía.
Ahora se está repartiendo la amazonía bajo forma de grandes concesiones. Por ejemplo en petróleo, desde el 2000 hasta hoy, el Perú ha multiplicado por diez el número de denuncios en la selva. La mayoría están aún en etapa de exploración, mostrando la voluntad de los gobiernos de esta década por multiplicar la actividad petrolera.
Lo mismo en minería. Incluso en zonas de frontera se acepta la presencia de empresas mineras extranjeras, que la ley no acepta en principio, salvo excepción. Por ejemplo, un área sensible, vecina a la cordillera del Cóndor, ha sido concedida a una minera, provocando la incomodidad de nuestros vecinos del norte, con quienes se había quedado en convertir la zona en un bosque natural.
Este tipo de políticas llega a un extremo en el caso de la madera. Sucede que, entre los árboles que se piensa talar, vive gente, animales y hay un ecosistema complejo y frágil. Si el bosque se corta en profundidad, se acaba la vida natural y humana que lo ha poblado desde tiempos inmemoriales. Por su lado, antes que sobre tierra agrícola, muy escasa en la selva, los árboles amazónicos se sostienen sobre capas de materia orgánica, que ellos mismos producen. En realidad, si se tala masivamente, se mata la capa orgánica que sostiene la cubierta vegetal. Es decir, no se podría reforestar, se convertiría en un páramo.
Esta política se ha condensado en una serie de decretos leyes que los amazónicos consideran atentatorios contra sus derechos ancestrales. Por ello pidieron su derogatoria y la obtuvieron, después de una gran huelga en agosto del año pasado. El gobierno retrocedió y el Congreso se comprometió a derogar esas normas. Incluso se nombró una comisión parlamentaria para revisarlas, que concluyó recomendando precisamente su anulación. Pero, no ha pasado al Pleno y en el entretiempo, el gobierno ha promulgado otra norma que profundiza el ataque al bosque. Se trata de la ley 29317, llamada ley forestal, que invita a sobreexplotar el ecosistema amazónico.
Por su parte, ellos están bien organizados. Quizá no tienen mucha llegada a los centros nerviosos del país. Pero, los pueblos originarios de la amazonía se mantienen reunidos alrededor de sus comunidades. Asimismo, han creado asociaciones modernas, como AIDESEP por ejemplo, que tienen una presencia muy superior a los gremios de costa y sierra. Los amazónicos son oídos a distancia, pero son fuertes porque son consistentes y manejan su territorio.
Están dejando sus ocupaciones habituales y se concentran en ciertos parajes de los ríos, interrumpiendo el tránsito fluvial. Sólo dejan pasar canoas. No se quedan mucho tiempo, aparecen y se disuelven, para volverse a reconcentrar en otro punto. Esta vez están decididos a ir hasta el final, porque sienten que han sido engañados. Que les prometieron y luego los mecieron. Las próximas semanas darán que hablar. Bien haría el gobierno en tomar las cosas con seriedad, porque los amazónicos cumplen lo que prometen.
miércoles, 22 de abril de 2009
jueves, 9 de abril de 2009
COMUNICADO DE PROYECTO PUEBLO ANTE LA SENTENCIA AL EX DICTADOR FUJIMORI
COMUNICADO
ANTE LA SENTENCIA AL EX DICTADOR FUJIMORI POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, EL MOVIMIENTO MACROREGIONAL PROYECTO PUEBLO DECLARA LO SIGUIENTE:
La sentencia de 25 años de cárcel al ex dictador Fujimori por crímenes de lesa humanidad, es un hecho histórico para el país, puesto que se hace justicia y nos hace renovar nuestra confianza sobre el destino de nuestra patria como un lugar en el que una democracia auténtica, la justicia social, la plena vigencia de los derechos humanos sean posibles. Se tiene ganada una batalla importante ante la infamia que nos gobernó y el modelo económico, político y cultural que son todavía su perverso legado: el modelo neoliberal que de manera autoritaria, represiva sigue haciendo del Estado un arma contra sus ciudadanos para defender y ampliar los privilegios de los grandes grupos de poder trasnacionalizados y sus funcionarios que hoy nos gobiernan.
Fujimori, y todos los que defienden el actual orden de cosas, sostienen que el gran mérito de su gobierno fue derrotar al terrorismo y poner orden en el país, reinsertándonos en la economía mundial, enrumbándonos así por la senda del progreso. En esa medida, se justifican las atrocidades cometidas o se condena “lo malo” de su gobierno. Nosotros tenemos una lectura diferente: la violencia desatada desde los ochentas fue expresión de los grandes y mortales desencuentros en nuestro país ante los cuáles ciertos sectores, de derecha o de izquierda, asumieron como única salida posible el autoritarismo. Vivíamos entonces un momento a nivel internacional de derrota del movimiento popular ante el fracaso del “socialismo realmente existente” y la contraofensiva del capital, apareciendo como única opción el neoliberalismo como modelo a todo nivel. Se generó una situación de crisis económica y social a la cual la violencia de los grupos armados (el sectarismo terrorista de Sendero Luminoso, el militarismo del MRTA) y la violencia estatal (terrorismo de estado) alimentaron generando un ambiente de zozobra.
Era el caldo de cultivo perfecto para la otra cara de la violencia “subversiva”, la del autoritarismo y la violencia derechista que impondría el excluyente, antidemocrático y antinacional modelo neoliberal, el que se instaló con el apoyo de la mayoría de peruanos. Así, la guerra sucia terminó sirviendo a la destrucción del movimiento popular y la democracia limitada que vivimos entonces. El gobierno de Fujimori, aprovechando un golpe de mano de la inteligencia del Estado para capturar a las dirigencias de los grupos alzados en armas, el descrédito de los partidos políticos, y la mentira (recordemos que se vendió como alternativa para detener el schock neoliberal), terminaría erigiendo una dictadura a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Como dice la sentencia del tribunal que lo ha juzgado, la dictadura no sólo acabó con la división de poderes, y enterró la constitución de 1979 para implantar una constitución –la de 1993- de manera espuria que favorecía los grupos de poder económico; ésta montó una maquinaria corrupta y criminal para hacer esto posible. Los asesinatos del Grupo paramilitar Colina se inscriben en ese contexto, como los operativos psicosociales a través de una prensa comprada, y las acciones de unas Fuerzas Armadas dirigida por generales corruptos, avalados por la derecha política.
El verdadero legado del Fujimorismo ha sido éste: que aún a pesar de las formas democráticas de hoy, se viene consolidando los privilegios de unos pocos que siguen haciendo negocios –corruptamente por supuesto- a costa de los recursos de los peruanos, de su trabajo, con el mismo apoyo de los grandes medios de comunicación que siguen buscando la impunidad y desviar la atención ciudadana de los asuntos públicos. Se siguen dando normas represivas criminalizando la protesta social e incluso abiertamente se pretende “evitar” que los candidatos que no concuerdan con el modelo ganen las elecciones.
La declaración de culpabilidad y la sentencia a Fujimori es un paso importante en la tarea histórica de abrir un nuevo curso histórico para el país, para su refundación. Esta sentencia desnuda de cuerpo entero a la mafia que nos gobernó y a la que ahora nos gobierna. Vientos libertarios recorren el continente y el modelo neoliberal es puesto en cuestión a nivel global por una de las más profundas crisis del capitalismo y las consecuencias de su “progreso” que se evidencian en los peligros de la guerra y la destrucción de la naturaleza. La gran mayoría de peruanos ya no se traga eso de la “mano dura que hace falta”, o de la “mano invisible del mercado” que lo resuelve todo, mucho menos que hay que olvidar lo ocurrido legitimando la acción de los criminales. El pueblo peruano busca construir un nuevo proyecto de país, tarea frente a la cual debemos estar a la altura. Proyecto Pueblo pretende hacerse parte de este esfuerzo, afirmándonos en la tarea generacional de renovar la política, impulsar el protagonismo popular y asumir los retos que nos plantea este momento difícil de la humanidad, para edificar un mundo emancipado, rescatando nuestras raíces.
Queremos hacer un tributo para todas las víctimas de la dictadura fujimorista y para el valiente pueblo peruano que luchó contra ella y que hoy se esfuerza por construir una alternativa popular, unitaria y democrática. Igualmente reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad dee los asesinos que áun nos gobiernan.
Cusco, 08 de abril de 2009
MOVIMIENTO MACROREGIONAL PROYECTO PUEBLO
www.proyectopueblo.blogspot.com
ANTE LA SENTENCIA AL EX DICTADOR FUJIMORI POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, EL MOVIMIENTO MACROREGIONAL PROYECTO PUEBLO DECLARA LO SIGUIENTE:
La sentencia de 25 años de cárcel al ex dictador Fujimori por crímenes de lesa humanidad, es un hecho histórico para el país, puesto que se hace justicia y nos hace renovar nuestra confianza sobre el destino de nuestra patria como un lugar en el que una democracia auténtica, la justicia social, la plena vigencia de los derechos humanos sean posibles. Se tiene ganada una batalla importante ante la infamia que nos gobernó y el modelo económico, político y cultural que son todavía su perverso legado: el modelo neoliberal que de manera autoritaria, represiva sigue haciendo del Estado un arma contra sus ciudadanos para defender y ampliar los privilegios de los grandes grupos de poder trasnacionalizados y sus funcionarios que hoy nos gobiernan.
Fujimori, y todos los que defienden el actual orden de cosas, sostienen que el gran mérito de su gobierno fue derrotar al terrorismo y poner orden en el país, reinsertándonos en la economía mundial, enrumbándonos así por la senda del progreso. En esa medida, se justifican las atrocidades cometidas o se condena “lo malo” de su gobierno. Nosotros tenemos una lectura diferente: la violencia desatada desde los ochentas fue expresión de los grandes y mortales desencuentros en nuestro país ante los cuáles ciertos sectores, de derecha o de izquierda, asumieron como única salida posible el autoritarismo. Vivíamos entonces un momento a nivel internacional de derrota del movimiento popular ante el fracaso del “socialismo realmente existente” y la contraofensiva del capital, apareciendo como única opción el neoliberalismo como modelo a todo nivel. Se generó una situación de crisis económica y social a la cual la violencia de los grupos armados (el sectarismo terrorista de Sendero Luminoso, el militarismo del MRTA) y la violencia estatal (terrorismo de estado) alimentaron generando un ambiente de zozobra.
Era el caldo de cultivo perfecto para la otra cara de la violencia “subversiva”, la del autoritarismo y la violencia derechista que impondría el excluyente, antidemocrático y antinacional modelo neoliberal, el que se instaló con el apoyo de la mayoría de peruanos. Así, la guerra sucia terminó sirviendo a la destrucción del movimiento popular y la democracia limitada que vivimos entonces. El gobierno de Fujimori, aprovechando un golpe de mano de la inteligencia del Estado para capturar a las dirigencias de los grupos alzados en armas, el descrédito de los partidos políticos, y la mentira (recordemos que se vendió como alternativa para detener el schock neoliberal), terminaría erigiendo una dictadura a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Como dice la sentencia del tribunal que lo ha juzgado, la dictadura no sólo acabó con la división de poderes, y enterró la constitución de 1979 para implantar una constitución –la de 1993- de manera espuria que favorecía los grupos de poder económico; ésta montó una maquinaria corrupta y criminal para hacer esto posible. Los asesinatos del Grupo paramilitar Colina se inscriben en ese contexto, como los operativos psicosociales a través de una prensa comprada, y las acciones de unas Fuerzas Armadas dirigida por generales corruptos, avalados por la derecha política.
El verdadero legado del Fujimorismo ha sido éste: que aún a pesar de las formas democráticas de hoy, se viene consolidando los privilegios de unos pocos que siguen haciendo negocios –corruptamente por supuesto- a costa de los recursos de los peruanos, de su trabajo, con el mismo apoyo de los grandes medios de comunicación que siguen buscando la impunidad y desviar la atención ciudadana de los asuntos públicos. Se siguen dando normas represivas criminalizando la protesta social e incluso abiertamente se pretende “evitar” que los candidatos que no concuerdan con el modelo ganen las elecciones.
La declaración de culpabilidad y la sentencia a Fujimori es un paso importante en la tarea histórica de abrir un nuevo curso histórico para el país, para su refundación. Esta sentencia desnuda de cuerpo entero a la mafia que nos gobernó y a la que ahora nos gobierna. Vientos libertarios recorren el continente y el modelo neoliberal es puesto en cuestión a nivel global por una de las más profundas crisis del capitalismo y las consecuencias de su “progreso” que se evidencian en los peligros de la guerra y la destrucción de la naturaleza. La gran mayoría de peruanos ya no se traga eso de la “mano dura que hace falta”, o de la “mano invisible del mercado” que lo resuelve todo, mucho menos que hay que olvidar lo ocurrido legitimando la acción de los criminales. El pueblo peruano busca construir un nuevo proyecto de país, tarea frente a la cual debemos estar a la altura. Proyecto Pueblo pretende hacerse parte de este esfuerzo, afirmándonos en la tarea generacional de renovar la política, impulsar el protagonismo popular y asumir los retos que nos plantea este momento difícil de la humanidad, para edificar un mundo emancipado, rescatando nuestras raíces.
Queremos hacer un tributo para todas las víctimas de la dictadura fujimorista y para el valiente pueblo peruano que luchó contra ella y que hoy se esfuerza por construir una alternativa popular, unitaria y democrática. Igualmente reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad dee los asesinos que áun nos gobiernan.
Cusco, 08 de abril de 2009
MOVIMIENTO MACROREGIONAL PROYECTO PUEBLO
www.proyectopueblo.blogspot.com
miércoles, 8 de abril de 2009
PERU LIBRE DE TRANSGÉNICOS/ MARTES 14 DE ABRIL
CONVOCATORIA
PERÚ LIBRE DE TRANSGÉNICOS
AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA
SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 2902 QUE DECLARA AL PERU COMO
PAIS MEGADIVERSO, ORGANICO Y TERRITORIO LIBRE DE TRANSGENICOS.
Martes 14 de abril
8:30 a.m.
Auditorio Micaela Bastidas del Gobierno Regional Cusco, Av. Cultura N° 732
El Perú requiere una legislación que preserve la agricultura orgánica y promueva la biodiversidad en armonía ecológica. En estos momentos, nuestras comunidades y pequeños productores afrontan el peligro del ingreso de semillas transgénicas u organismos vivos modificados que pertenecen a unas pocas empresas monopólicas. El ingreso de estas semillas modificadas genéticamente a nuestro país, pone en grave riesgo el cultivo y la multiplicación de semillas orgánicas. El flujo de genes a consecuencia de la liberación de cultivos transgénicos al ambiente acarrearía la pérdida de la diversidad genética nacional.
En respuesta, el Gobierno Regional del Cusco emitió una Ordenanza en agosto 2007 que declara el Cusco libre de transgénicos por ser centro de biodiversidad y domesticación de variedades de cultivos y prohíbe la introducción, comercialización y otras actividdes referentes a organismos genéticamente modificados. Esta audiencia pública hará conocer a la ciudadanía los alcances del Proyecto de ley N° 2902 que declara al Perú como País megadiverso, orgánico y territorio libre de transgénicos y recogerá opiniones de expertos, autoridades, funcionarios y público en general.
Organizan: Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Plataforma Perú Libre de Transgénicos, Confederación Nacional Agraria, Confederación Campesina del Perú, CONACAMI, FDCC, FARTAC, Gobierno Regional del Cusco.
LA DERROTA DEL FUJIMORISMO/ ALBERTO ADRIANZEN
La derrota del fujimorismo
Sáb, 04/04/2009
Por Alberto Adrianzén M. (*)(Diario La República)
El fin del juicio a Alberto Fujimori y su posterior condena puede ser aquella segunda oportunidad –que muchos reclaman y esperan, pero que pocos tienen en la vida– para producir lo que podemos llamar un “ajuste de cuentas” con el fujimorismo e infligirle una derrota histórica.
Porque el dato sobre el fujimorismo ha sido no solo su capacidad de sobrevivir sino, incluso, de progresar políticamente. Ello ha sido posible gracias a la ayuda permanente con la que ha contado en estos años, pero sobre todo en estos últimos tiempos. Llevar como vicepresidentes a dos fujimoristas, como ha hecho Alan García, es un dato, sin duda, a tomar en cuenta. También las alianzas que el aprismo y la derecha han establecido con este sector en el parlamento, así como la ayuda de algunos medios de comunicación que pasaron a convertirse en verdaderas cajas de resonancia de las huestes fujimoristas y del propio Fujimori. La transmisión en varios medios de comunicación (ello incluye al Canal 7), prácticamente toda una cadena nacional, de la supuesta defensa de Alberto Fujimori en estos días finales del juicio –cuando no transmitieron, salvo honrosas excepciones como el Canal N, la acusación del fiscal y de los abogados de la parte civil– es una muestra clara de favoritismo político.
Ello demuestra a estas alturas que los sectores que fueron el soporte del fujimorismo permanecen intactos. Estamos hablando de los grandes grupos económicos, de los militares, de dueños de medios de comunicación, de curas reaccionarios y de un grupo de tecnócratas e intermediarios mediáticos que operan como propagandistas y defensores de estos intereses. La expresión de ello no es solo la continuidad del modelo económico neoliberal sino también el creciente poder que las FFAA (incluyo a los aparatos de inteligencia) han ido recuperando, la impunidad y al que se suma un poder mediático que permanece intocado hasta estos días. Y si bien este continuismo comenzó en el gobierno anterior, con el actual alcanza niveles francamente fanatizados convirtiéndolo en calco y copia del modelo fujimorista por la abierta sociedad que hoy existe entre corrupción y negocios con el Estado.
Y así como se mantienen los sectores que fueron el soporte del fujimorismo, también podemos decir lo mismo de las condiciones políticas. Con ello hacemos referencia a esta combinación (que es al mismo tiempo una relación).
entre un sistema político débil (incluyo a los partidos) y un Estado privatizado por los grandes intereses y los poderes fácticos, que reemplaza las mediaciones políticas con los sectores sociales por las relaciones con los lobbies y privilegia el hiperpresidencialismo como principal vínculo político con la sociedad. A ello se suma un discurso que busca liquidar al otro. Por eso, lo que sobresale, primero, son los insultos y, luego, los intentos abiertos, por destruir a los opositores. En este contexto, las elecciones se convierten no en un proceso reglado para dirimir los desacuerdos entre diversas opciones políticas sino más bien, como fue en el fujimorismo, en un rito y al mismo tiempo en el campo de batalla ya que se busca destruir al adversario antes que ocurra el acto electoral. Las recientes declaraciones del presidente García respecto a la necesidad de controlar las futuras elecciones configuran, justamente, una lógica autoritaria y fraudulenta que nada tiene que ver con la democracia.
Pero, finalmente, lo que exacerba este continuismo fujimorista no es tanto el futuro penal de Alberto Fujimori –lo más probable es que lo condenen– sino más bien la presencia de liderazgos alternativos que proponen terminar con el modelo económico neoliberal, con la política autoritaria y luchar contra la impunidad. En realidad, los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad (también los corruptos) parecen convencerse crecientemente que para detener este cambio, solo les queda replicar o copiar el modelo fujimorista o, simplemente, apoyar abiertamente a Keiko Fujimori como opción política, declarada, recientemente por su padre, como su sucesora.
Por eso las próximas elecciones adquieren un valor estratégico que consiste, como bien dijo Valentín Paniagua, en su discurso de asunción a la presidencia en el 2000, en clausurar una etapa autoritaria en el país y abrir un nuevo ciclo democrático. Dicho en otros términos, en provocar una ruptura con el pasado para construir las bases de una refundación de la nación y de una nueva mayoría política capaz de iniciar la transformación del país.
En ese sentido lo que está en juego en las próximas elecciones no es solo el triunfo de un candidato sino también las posibilidades de poner fin al modelo económico, al autoritarismo, a la corrupción y de transformar nuestra democracia. Y una condición fundamental para ello radica, justamente, en derrotar al fujimorismo, a sus aliados y a sus imitadores.
Nota: Este columnista se solidariza con Fernando Rospigliosi.
(*) www.albertoadrianzen.org
Sáb, 04/04/2009
Por Alberto Adrianzén M. (*)(Diario La República)
El fin del juicio a Alberto Fujimori y su posterior condena puede ser aquella segunda oportunidad –que muchos reclaman y esperan, pero que pocos tienen en la vida– para producir lo que podemos llamar un “ajuste de cuentas” con el fujimorismo e infligirle una derrota histórica.
Porque el dato sobre el fujimorismo ha sido no solo su capacidad de sobrevivir sino, incluso, de progresar políticamente. Ello ha sido posible gracias a la ayuda permanente con la que ha contado en estos años, pero sobre todo en estos últimos tiempos. Llevar como vicepresidentes a dos fujimoristas, como ha hecho Alan García, es un dato, sin duda, a tomar en cuenta. También las alianzas que el aprismo y la derecha han establecido con este sector en el parlamento, así como la ayuda de algunos medios de comunicación que pasaron a convertirse en verdaderas cajas de resonancia de las huestes fujimoristas y del propio Fujimori. La transmisión en varios medios de comunicación (ello incluye al Canal 7), prácticamente toda una cadena nacional, de la supuesta defensa de Alberto Fujimori en estos días finales del juicio –cuando no transmitieron, salvo honrosas excepciones como el Canal N, la acusación del fiscal y de los abogados de la parte civil– es una muestra clara de favoritismo político.
Ello demuestra a estas alturas que los sectores que fueron el soporte del fujimorismo permanecen intactos. Estamos hablando de los grandes grupos económicos, de los militares, de dueños de medios de comunicación, de curas reaccionarios y de un grupo de tecnócratas e intermediarios mediáticos que operan como propagandistas y defensores de estos intereses. La expresión de ello no es solo la continuidad del modelo económico neoliberal sino también el creciente poder que las FFAA (incluyo a los aparatos de inteligencia) han ido recuperando, la impunidad y al que se suma un poder mediático que permanece intocado hasta estos días. Y si bien este continuismo comenzó en el gobierno anterior, con el actual alcanza niveles francamente fanatizados convirtiéndolo en calco y copia del modelo fujimorista por la abierta sociedad que hoy existe entre corrupción y negocios con el Estado.
Y así como se mantienen los sectores que fueron el soporte del fujimorismo, también podemos decir lo mismo de las condiciones políticas. Con ello hacemos referencia a esta combinación (que es al mismo tiempo una relación).
entre un sistema político débil (incluyo a los partidos) y un Estado privatizado por los grandes intereses y los poderes fácticos, que reemplaza las mediaciones políticas con los sectores sociales por las relaciones con los lobbies y privilegia el hiperpresidencialismo como principal vínculo político con la sociedad. A ello se suma un discurso que busca liquidar al otro. Por eso, lo que sobresale, primero, son los insultos y, luego, los intentos abiertos, por destruir a los opositores. En este contexto, las elecciones se convierten no en un proceso reglado para dirimir los desacuerdos entre diversas opciones políticas sino más bien, como fue en el fujimorismo, en un rito y al mismo tiempo en el campo de batalla ya que se busca destruir al adversario antes que ocurra el acto electoral. Las recientes declaraciones del presidente García respecto a la necesidad de controlar las futuras elecciones configuran, justamente, una lógica autoritaria y fraudulenta que nada tiene que ver con la democracia.
Pero, finalmente, lo que exacerba este continuismo fujimorista no es tanto el futuro penal de Alberto Fujimori –lo más probable es que lo condenen– sino más bien la presencia de liderazgos alternativos que proponen terminar con el modelo económico neoliberal, con la política autoritaria y luchar contra la impunidad. En realidad, los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad (también los corruptos) parecen convencerse crecientemente que para detener este cambio, solo les queda replicar o copiar el modelo fujimorista o, simplemente, apoyar abiertamente a Keiko Fujimori como opción política, declarada, recientemente por su padre, como su sucesora.
Por eso las próximas elecciones adquieren un valor estratégico que consiste, como bien dijo Valentín Paniagua, en su discurso de asunción a la presidencia en el 2000, en clausurar una etapa autoritaria en el país y abrir un nuevo ciclo democrático. Dicho en otros términos, en provocar una ruptura con el pasado para construir las bases de una refundación de la nación y de una nueva mayoría política capaz de iniciar la transformación del país.
En ese sentido lo que está en juego en las próximas elecciones no es solo el triunfo de un candidato sino también las posibilidades de poner fin al modelo económico, al autoritarismo, a la corrupción y de transformar nuestra democracia. Y una condición fundamental para ello radica, justamente, en derrotar al fujimorismo, a sus aliados y a sus imitadores.
Nota: Este columnista se solidariza con Fernando Rospigliosi.
(*) www.albertoadrianzen.org
LEGUÍA Y FUJIMORI/ ANTONIO ZAPATA
Leguía y Fujimori
Mié, 08/04/2009
Por Antonio Zapata (Diario La República)
En el siglo XX, el único antecedente de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori es el juicio al ex presidente Augusto B. Leguía. Pero, Leguía no fue sentenciado, terminó el juicio y pasaron diez meses sin que se lea sentencia alguna, ni condena ni absolución. Al cabo de ese lapso, Leguía murió y formalmente el juicio fue sobreseído. No obstante la trascendencia política del oncenio, el juicio a Leguía no influyó en la vida política peruana de las décadas siguientes. No fue ejemplar ni sirvió para mejorar los procedimientos políticos en el país. El juicio a Leguía padeció de tantos yerros que sus posibles lecciones se esfumaron.
En su alegato final, el abogado de Leguía, Alfonso Benavides Laredo, argumentó tres puntos esenciales. En primer lugar, sostuvo que el Tribunal de Sanción era ilegítimo. Su punto era que no respetaba el principio del juez natural. Es decir, no se había seguido el procedimiento indicado en la Constitución para juzgar a un ex presidente. Por el contrario, se había creado un tribunal ad hoc integrado por notorios enemigos del régimen caído. En este sentido, Benavides argumentó que el tribunal mismo era ilegal.
En segundo lugar, el letrado defensor de Leguía argumentó que el ex presidente era pobre. Sostuvo que Leguía carecía de recursos económicos. Presentó pruebas y expuso cómo su defendido se había empobrecido en el cargo. Entró solvente y salió sin un centavo. En este término, Benavides argumentó que no había pie para la acusación de enriquecimiento ilegítimo, pues el ex presidente, por el contrario, se había empobrecido notoriamente.
Finalmente, Benavides deslindó al ex presidente de sus hijos. Sostuvo que quizá ellos habían robado o abusado del poder. Pero, que él no era sus hijos. No se lo podía juzgar por actos cometidos por otras personas, así fueran sus parientes más íntimos.
Ninguno de estos tres alegatos ha sido suscrito por el doctor Nakazaki. Por el contrario, él ha tenido que aceptar la legalidad del proceso, sin cuestionar en ningún momento la legalidad del Tribunal. Así ha sido porque el Poder Judicial peruano ha cumplido estrictamente el debido proceso. Al aceptar al Tribunal durante el proceso, ahora Nakazaki no puede cuestionar el resultado. Puede apelar, pero no argumentar contra la legalidad del proceso.
En segundo lugar, Nakazaki no puede alegar la pobreza de su defendido. Por el contrario, sobran las evidencias de su fortuna personal. Por ejemplo, después que salió de su confortable refugio japonés, fletó un avión para viajar a Chile, vivió como un rey en ese país, habiendo fijado residencia en el barrio más retirado y aristocrático de Santiago. A ello se suma una larga cadena de evidencias de recursos económicos en poder del ex presidente Fujimori.
Por último, no ha zanjado con otras personas. Por el contrario, ni mencionó a Montesinos ni Hermoza. Con su silencio cargó con el pasivo de ambos personajes. Asimismo, consagró a dos de sus hijos como herederos políticos y se ha jugado por un movimiento político que deja en herencia.
Estas tres razones hacen que el juicio a Fujimori posiblemente quedé registrado en la historia como un suceso capital. No será olvidado como sucedió con Leguía. Por el contrario, la condena a Fujimori quedará en la historia como una sanción ejemplar que ha de modelar la historia peruana a futuro. Hay herederos que habrá de combatir, una plata robada por la cual responder y una condena ejemplar por DDHH en el juicio más pulcro de la historia patria.
El poder político ha perdido impunidad. A partir de ahora, los gobernantes saben que pueden terminar de esa misma manera. Por ello, tendrán que andar con cuidado y cumplir la ley. Es lo mejor que podría pasarle al Perú. Que el poder se resigne a regirse por las normas que lo igualan al resto de la ciudadanía.
Mié, 08/04/2009
Por Antonio Zapata (Diario La República)
En el siglo XX, el único antecedente de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori es el juicio al ex presidente Augusto B. Leguía. Pero, Leguía no fue sentenciado, terminó el juicio y pasaron diez meses sin que se lea sentencia alguna, ni condena ni absolución. Al cabo de ese lapso, Leguía murió y formalmente el juicio fue sobreseído. No obstante la trascendencia política del oncenio, el juicio a Leguía no influyó en la vida política peruana de las décadas siguientes. No fue ejemplar ni sirvió para mejorar los procedimientos políticos en el país. El juicio a Leguía padeció de tantos yerros que sus posibles lecciones se esfumaron.
En su alegato final, el abogado de Leguía, Alfonso Benavides Laredo, argumentó tres puntos esenciales. En primer lugar, sostuvo que el Tribunal de Sanción era ilegítimo. Su punto era que no respetaba el principio del juez natural. Es decir, no se había seguido el procedimiento indicado en la Constitución para juzgar a un ex presidente. Por el contrario, se había creado un tribunal ad hoc integrado por notorios enemigos del régimen caído. En este sentido, Benavides argumentó que el tribunal mismo era ilegal.
En segundo lugar, el letrado defensor de Leguía argumentó que el ex presidente era pobre. Sostuvo que Leguía carecía de recursos económicos. Presentó pruebas y expuso cómo su defendido se había empobrecido en el cargo. Entró solvente y salió sin un centavo. En este término, Benavides argumentó que no había pie para la acusación de enriquecimiento ilegítimo, pues el ex presidente, por el contrario, se había empobrecido notoriamente.
Finalmente, Benavides deslindó al ex presidente de sus hijos. Sostuvo que quizá ellos habían robado o abusado del poder. Pero, que él no era sus hijos. No se lo podía juzgar por actos cometidos por otras personas, así fueran sus parientes más íntimos.
Ninguno de estos tres alegatos ha sido suscrito por el doctor Nakazaki. Por el contrario, él ha tenido que aceptar la legalidad del proceso, sin cuestionar en ningún momento la legalidad del Tribunal. Así ha sido porque el Poder Judicial peruano ha cumplido estrictamente el debido proceso. Al aceptar al Tribunal durante el proceso, ahora Nakazaki no puede cuestionar el resultado. Puede apelar, pero no argumentar contra la legalidad del proceso.
En segundo lugar, Nakazaki no puede alegar la pobreza de su defendido. Por el contrario, sobran las evidencias de su fortuna personal. Por ejemplo, después que salió de su confortable refugio japonés, fletó un avión para viajar a Chile, vivió como un rey en ese país, habiendo fijado residencia en el barrio más retirado y aristocrático de Santiago. A ello se suma una larga cadena de evidencias de recursos económicos en poder del ex presidente Fujimori.
Por último, no ha zanjado con otras personas. Por el contrario, ni mencionó a Montesinos ni Hermoza. Con su silencio cargó con el pasivo de ambos personajes. Asimismo, consagró a dos de sus hijos como herederos políticos y se ha jugado por un movimiento político que deja en herencia.
Estas tres razones hacen que el juicio a Fujimori posiblemente quedé registrado en la historia como un suceso capital. No será olvidado como sucedió con Leguía. Por el contrario, la condena a Fujimori quedará en la historia como una sanción ejemplar que ha de modelar la historia peruana a futuro. Hay herederos que habrá de combatir, una plata robada por la cual responder y una condena ejemplar por DDHH en el juicio más pulcro de la historia patria.
El poder político ha perdido impunidad. A partir de ahora, los gobernantes saben que pueden terminar de esa misma manera. Por ello, tendrán que andar con cuidado y cumplir la ley. Es lo mejor que podría pasarle al Perú. Que el poder se resigne a regirse por las normas que lo igualan al resto de la ciudadanía.
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