MOVIMIENTO MACROREGIONAL DEL CUSCO
PROYECTO PUEBLO
Construyendo una alternativa desde el pueblo
Mostrando entradas con la etiqueta Debate programático. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Debate programático. Mostrar todas las entradas

martes, 25 de noviembre de 2008

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES / JANS ERIK CAVERO

Reformas a la “Ley Orgánica de Municipalidades” (LOM)
Lo bueno, lo malo y lo anecdótico
Jans Erik Cavero Cárdenas
Finalmente, después de tantos reclamos y pedidos de reforma a la ley, la comisión de descentralización y gobiernos locales del Parlamento aprobó el dictamen que recoge, en un solo texto, una serie de iniciativas que apuntaban en ese sentido. Sin embargo, las enmiendas formales han predominado en un contexto en el que el ejercicio del buen gobierno local y la prestación eficiente de servicios públicos exigían una reforma meditada, funcional y sustancial.

Lo anecdótico es atribuible, una vez más, a la comisión de descentralización. Preocupa que una comisión especializada en lo municipal sostenga que el Perú posee 1,829 municipalidades, cuando actualmente existen 1,833. Probablemente los asesores han tomado como fuente los datos desfasados del INEI, no obstante, ello no les exime de responsabilidad por le cargo que ejercen y porque la profesionalización de un asesor exige una dosis mínima de cautela.

La segunda anécdota evidencia la arraigada filosofía de creer que el fenómeno municipal, o cualquier otro, puede encasillarse en una ley, capaz de regular todas las esferas de actuación de un gobierno local. La realidad municipal y la diversidad funcional u organizativa de su aparato administrativo es diferente, por lo que se necesita una ley con disposiciones generales, mínimas, claras y sencillas, cuyo desarrollo específico debería dejarse a las municipalidades, vía ordenanza, o a otras leyes especiales como la del empleo público, tributación municipal, presupuesto participativo, carrera administrativa, etc.

¿Lo bueno? Pueden rescatarse 2 bondades de la reforma: Por un lado la introducción del “transfuguismo” como causal de vacancia; y por el otro, el mantenimiento del statu quo de los centros poblados. De ahora en adelante, alcaldes y regidores que se cambien de partido perderán el cargo confiado por los ciudadanos. Una vez más, el ámbito local (a diferencia del nacional), adopta medidas que le hacen bien a la gobernabilidad del sistema político; sin embargo, habría que conciliar esta enmienda con la expulsión arbitraria del partido de quien venía ejerciendo el mandato municipal.

La segunda bondad del dictamen evita la fragmentación del territorio, puesto que transferir directamente el FONCOMUN a las municipalidades de centro poblado, cuando éstas no constituyen municipios como tal, constituía gravísimo error. Descentralizar no es fragmentar el territorio en jurisdicciones menores, agrandar el aparato burocrático y crear pliegos presupuestarios. Ciertamente, ello no significa que los centros poblados sean olvidados por los gobiernos locales y regionales, pues la centralizació n metropolitana es tan peligrosa como la centralizació n regional o provincial.

Y ¿lo malo? Me atrevería a decir que el 85% de las enmiendas son de tipo formal y sintáctico gramatical. Se han reformado artículos para introducir adjetivos, clarificar conceptos implícitamente entendibles, otorgar coherencia narrativa y crear incisos para ordenar diferentes párrafos. Un cuadro comparado entre lo que dice la LOM y lo que establece el dictamen confirma mi aseveración, salvo que la lectura rápida haya traicionado mi capacidad de comprensión.

¿Por qué la remuneración del alcalde tendría que depender del número de población?, ¿A mayor población, mayor complejidad de gestionar un gobierno, y por tanto mayor salario? Vaya uno a saber. Finalmente, el intento por conceptualizar los municipios rurales resulta ambicioso, dado que no es fácil sentar criterios unánimes para una realidad compleja como la rural. Así por ejemplo, el criterio poblacional es sumamente débil. Un municipio de 2,000 habitantes, por un mero incremento demográfico, pasaría en 1 año a ser urbano.

El segundo criterio resulta más atinado que el primero pero algo inconsistente. ¿Por qué el 30% de PEA en actividad agrícola caracterizarí a a un gobierno local rural?, ¿Por qué no el 40, 50 ó 60%?, ¿Acaso sólo en territorios rurales se desarrollan actividades agrícolas?, ¿Y la agricultura de agro exportación qué?, ¿Y la ganadería? En cambio, el tercer criterio es más acertado, dado que pone el énfasis en la tenencia de servicios públicos básicos. No obstante, este criterio debería complementarse con el desarrollo humano del territorio.

De esta forma, si cruzamos estas 2 variables estaríamos acercándonos a una noción de ruralidad más aceptable. Lo rural no tiene que ver ni con ubicación geográfica, ni con cuestiones demográficas, ni mucho menos con desarrollo de actividades productivas. Acceso a servicios públicos mínimos y aceptables índices de desarrollo humano (por encima de 0,5) nos darían una mejor aproximación al conceptos de “municipalidades rurales”, las mismas que deben tener preferencia en la distribución de recursos públicos, en la compensación de fondos existentes y en el fortalecimiento de capacidades. ¿O no?

miércoles, 12 de noviembre de 2008

¿EL PERU ESTA CUMPLIENDO EL CONVENIO 169?/JOSE DE ECHAVE

¿El Perú está cumpliendo el Convenio 169?
Por: José De Echave

www.cnr.org.pe

Como se sabe, el Perú suscribió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que lo obliga a desarrollar una serie de acciones que deberían convertirse en políticas de Estado. Como parte de sus obligaciones, antes del 1 de septiembre de 2008, al Estado peruano le correspondía presentar una memoria de cumplimiento del Convenio 169 ante la OIT, informe que ha estado a cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo.

Ahora bien ¿el Perú viene cumpliendo con este importante convenio? Qué nos dice la realidad peruana y los acontecimientos de los últimos años.

En primer lugar no debemos olvidar que según la Defensoría del Pueblo en el Perú, la principal fuente de conflictos sociales proviene de lo que este organismo denomina conflictos socio ambientales. Y dentro de este rubro destacan nítidamente los conflictos mineros y los de hidrocarburos, actividades que se desarrollan por lo general en zonas rurales del país, precisamente en territorios donde viven comunales campesinas y nativas.

Estas poblaciones han venido reclamando sobre la situación compleja que viven en los últimos años. Además han señalado insistentemente que el Estado peruano no vela por sus intereses y por el contrario los marcos legales y la institucionalidad pública favorecen abiertamente a empresas mineras y de hidrocarburos.

Pese a ello, el discurso de las principales autoridades se ha ido radicalizando en el país y se ha expresado en toda magnitud en los famosos artículos del presidente García y su discurso sobre “el perro del hortelano”. En ese discurso las comunidades forman parte de ese “selecto” grupo, que según el presidente “no come ni deja comer”.

Pero además la cosa ha pasado a la práctica. El casi centenar de decretos legislativos de finales de junio, que afectaban aun más los derechos de las comunidades campesinas y nativas, provocó un rechazo importante de comunidades amazónicas y también de la sierra, planteando su derogatoria.

Este es el contexto; por lo tanto es evidente que el Perú no viene cumpliendo con el convenio 169 y la protección de los derechos de las comunidades indígenas y tribales no figura entre sus prioridades. Por ello, la organización Paz y Esperanza y un conjunto de organizaciones sociales y representantes de las poblaciones indígenas del país, han presentado un importante informe alternativo, donde se propone un análisis de la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, “desde la perspectiva de las organizaciones indígenas y las organizaciones de la sociedad civil”. Entre los principales temas identificados figuran, el derecho a la autodeterminación y la participación, el consentimiento previo, libre e informado, la propiedad de sus tierras y sus territorios, el derecho al desarrollo. Todos temas claves en la agenda del país.

AHORA TODOS (O CASI TODOS) SOMOS KEYNESIANOS/ PEDRO FRANCKE

Ahora todos (o casi) somos keynesianos
Por: Pedro Francke Ballve

www.cnr.org.pe

La enorme mayoría de los economistas peruanos frente a la crisis internacional propone la necesidad de actuar en forma contracíclica. Es muy lógico. Pero recordemos que frente a la crisis de 1999, los neoliberales, encabezados por Fritz Dubois y el IPE, decían que lo mejor era que el estado no hiciera nada. Y efectivamente, eso fue lo que hizo el Banco Central de Reserva: nada. Como además el liberalismo extremo había permitido que los bancos actuaran irresponsablemente, la salida de capitales se convirtió en una crisis bancaria. A su vez, el Ministerio de Economía, presionado por el FMI, recortó el gasto público. De esa manera nos hundieron en una recesión que duró varios años, atravesando el gobierno de transición y afectando la primera mitad del gobierno de Toledo. Se redujo el empleo, la pobreza aumentó, el gasto social sufrió: la caída económica tuvo grandes costos sociales.

Ante la crisis actual, casi a nadie se le ocurre que el gobierno debiera quedarse de brazos cruzados. Incluso los economistas de derecha hablan de una política contracíclica. Claro que no dijeron nada en los meses anteriores, cuando hubo una política pro-cíclica: en plena expansión económica el BCR abrió el caño de los préstamos externos de corto plazo a la banca, generando un boom crediticio altamente riesgoso, al mismo tiempo que también se daba un fuerte impulso fiscal sustentado en ingresos tributarios extraordinarios. Pero que bueno que ahora hayan entrado en sensatez y están planteando una política macroeconómica orientada a amenguar la crisis. Pena que el Ministerio de Economía y Finanzas, encargado a un funcionario del FMI, no tenga esto del todo claro aún, aunque parece que va en camino. Las ideas de Keynes avanzan, y la ventaja que ello puede traer en términos de menos crisis y menos sufrimiento para las familias, es enorme.

Sólo que Keynes estudió los países desarrollados, y no a quienes estamos en el subdesarrollo. Una diferencia crucial entre ambos grupos de países fue advertida por las corrientes económicas llamadas “estructuralistas”: la dependencia externa. Si hay algún elemento distintivo fundamental en nuestro equilibrio macroeconómico, es que el equilibrio externo, nuestra capacidad de importar y la evolución del tipo de cambio (el precio del dólar), son centrales en una economía como la peruana. 5 de 6 crisis económicas habidas en el Perú en los últimos 50 años han sido causadas por desequilibrios externos.

Quienes desde la derecha neoliberal hoy plantean políticas anticíclicas, olvidan este elemento fundamental. Esta crisis internacional no tiene solamente un efecto financiero, rápido y fuerte, manifestado en la salida de capitales y la caída de la bolsa. Tiene también un grave efecto sobre nuestro equilibrio externo, por la abrupta caída de los precios de las materias primas que exportamos. Y como las importaciones han crecido enormemente por la apertura externa, estamos en una posición vulnerable.

Es por eso que el Perú no está “blindado” frente a la crisis. Para las mayorías nacionales, para los pobres del Perú, esta crisis puede ser una tragedia. Si había un goteo, con la crisis este pararía. Peor aún, sus economías familiares pueden también irse para abajo. Esto es algo que hay que evitar a como de lugar. Una política anticrisis, que preserve el gasto público y en especial aumente las inversiones en infraestructura y el gasto social, y que al mismo tiempo reestablezca el equilibrio externo reduciendo las importaciones mediante impuestos selectivos a los productos de lujo y mayor protección arancelaria a la industria y agricultura nacionales que generan empleo, es fundamental.

PELEAR POR EL CANON O POR LOS RECURSOS NATURALES/JAVIER DIEZ CANSECO

Pelear por el canon o por los recursos naturales
Por: Javier Diez Canseco

Tomado de: cnr.org.pe


La semana pasada, más allá de la atención que concitó la elección de Barack Obama en Estados Unidos, los acontecimientos en el Perú estuvieron marcados por el conflicto de los pueblos de Moquegua y Tacna -sobretodo de éste último- en relación a los recursos del canon minero para el desarrollo de su región. La modificación en la distribución del canon minero, que representa el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras que se queda en la región, fue el motivo central del conflicto.

Se han producido no menos de dos muertos en Tacna y se ha declarado un Estado de Emergencia. Un sector de la población en Tacna ha planteado, inclusive, cerrar las explotaciones mineras en la región y manejar una política de dedicar el agua solamente a la explotación agrícola. Esto nos obliga a plantear los problemas de fondo en relación a nuestros recursos naturales en el Perú de hoy. ¿Debemos pelear los pueblos de las regiones del Perú por cómo nos repartimos las migajas del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras? ¿O debemos plantearnos la recuperación de nuestros recursos naturales para que las rentas mineras sean fundamentalmente de todo el pueblo del Perú y también de las regiones donde están esos recursos? ¿Debemos ponernos a pelear sobre las migajas del canon o sobre el control de los recursos?, y hacer que las empresas reciban un pago como concesionarias por extraer el mineral -según el costo que ésto tenga- y una ganancia razonable, pero manteniendo el control de los recursos bajo la tutela del Estado peruano.

Este es el problema de fondo; no el pleito sobre el pequeño porcentaje que implica el 50% del impuesto a la renta, sino la recuperación de esos recursos naturales para que las riquezas que generan se inviertan en el desarrollo del país, en mejor educación, en mejor salud, en apoyo a la agricultura, en respaldo al desarrollo de la infraestructura que el país y las regiones necesitan.

No peleemos entre nosotros por migajas. Recuperemos nuestros recursos, para el país y para las regiones. Y no pretendamos que cada región se aísle como una isla del país en su conjunto, sino desarrollar un proyecto nacional que nos beneficie a todos. Esto implica una amplia unidad, y el esfuerzo que se ha desarrollado por iniciar el camino hacia la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú, éste sábado 8 de noviembre en Lima, debe ser un espacio que nos permita avanzar en la unión de fuerzas; unión de fuerzas capaces de abrir el cambio que el Perú reclama. Cambio que debe incluir, como una de sus banderas fundamentales, recuperar los recursos naturales para los peruanos y su desarrollo. Esa es la tarea fundamental que debiéramos asumir.

Hasta pronto, amigos.

viernes, 24 de octubre de 2008

CONSTRUIR EL ESTADO FEDERAL AHORA!

CONSTRUIR EL ESTADO FEDERAL DEL SUR ¡AHORA!

El movimiento es parte esencial de la naturaleza del hombre, las migraciones humanas, son un silencioso motor que reestructura el espacio y las sociedades a través de miles de personas que como ríos cambian de lugar día a día, minuto a minuto; que en general expresa y tienen un deseo, mejorar sus condiciones de vida, por lo que buscan ciertos lugares eje, o centros de poder; en otros casos por la falta de libertad de pensamiento y opinión, con la persecución directa o indirecta de grupos humanos enteros (Ayacucho, la sierra en general), que pueden llegar a desencadenar guerras, conflictos, desaparición y persecuciones violentas: Estos enfrentamientos tiene una fuerte relación con las etnias, las culturas y las civilizaciones por ello los conflictos en el orbe tienen un origen cultural, religioso y de control de zonas de desarrollo, como posibles mercados libres y fuente de explotación de recursos naturales. Chile por eso también mira el sur como parte de su expansión.

En estas razones, la descentralización antes que una "entrega" de poder se constituye en una necesidad, sobre todo en los actuales tiempos, en que, la economía familiar no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de vida del poblador, por cuanto, todo trámite, oportunidad de trabajo, en última instancia se determina lejos de su lugar de origen; (en Lima, Apelaciones judiciales, del jurado electoral, justicia militar, atención médica, etc.), constatemos algunos indicadores generales de la acción centralista:

El 98% de los servicios crediticios se concentran en la capital
El 97% de las decisiones sobre gastos estatales se hacen en Lima,
El 85% de las decisiones de inversión pública, al igual que la generación de impuestos lo usufructúan los capitalinos.
El 80% de la inversión privada, se efectúa en Lima
El 75% del producto bruto industrial, es centralista
El 51% de los trabajadores estatales están en la capital y
El 41% del producto bruto interno; lo acapara la capital de la república.

Estos porcentajes son ilustrativos pero, negativo para los pobladores del interior del país en general, el concentración espacial y social, con las consecuencias directas: Exigencia de mejores servicios, mínimos tiempos en el desplazamiento, mayor flujo de conocimientos, información; que se constituyen en aspectos vitales para la toma de decisiones, generación de innovaciones, cambios; resultado de la cantidad de ideas, bienes y servicios que se intercambian en un determinado sector, donde las relaciones sociales y culturales se hacen dinámicas y el capital se acumula y recicla constantemente produciendo niveles de desarrollo evidentes; la descentralización y nuevas centralizaciones se hacen fundamentales.

En el contexto actual, la descentralización como reforma política, surge nuevamente, luego de sucesivas promesas frustradas durante nuestra historia republicana y sistemáticamente postergada durante la última década, debilitando la democracia y el desarrollo integral del país por efectos del centralismo y el autoritarismo dictatorial; Descentralizar el país, no puede ser una tarea estrictamente legalista, o sujeta a comisiones parlamentarias, regionales, ONGs, tampoco puede estar limitada a la acción coyuntural (cuatro años) de autoridades electas, la descentralización o búsqueda de nuevos centros se constituye en un derecho de los pueblos, en la búsqueda de su bienestar, en el cuidado de sus economías..

La Descentralización debe involucrar a los pueblos que organizados y asumiendo la responsabilidad de la construcción de su futuro, ubiquen las vigas maestras para un desarrollo real y tangible en beneficio directo de los sectores empobrecidos y oprimidos, esta tarea, no será efectiva ni cumplida en forma eficaz si se toma como marco, modelos extrangerizantes (liberalismo, Neoliberalismo), estar sujetos a intereses del mercado internacional como aspecto primordial (TLC), ser mero apéndice de los intereses del gobierno, o actuar en función de contradicciones personales, partidarios o de falsas pacificaciones. Se trata de lograr el compromiso y participación de la ciudadanía, sociedad civil, no circunscribirla a ciertas instituciones que aun viven y actúan de espaldas al futuro. Establecer un plan o ingeniería de intervención regional que tenga como condición estar libre de ataduras y compromisos partidarios o enlazados a los intereses capitalinos o de gobierno y priorizar el contexto local sus sectores sociales, potencialidades, capacidad cognitiva de sus habitantes, constructivismo, ser prospectivo, y no simple furgón de cola del partido de turno.

La historia de nuestro país nos muestra que no es nuevo el intento descentralizador, "tienen plena razón las regiones, las provincias, cuando condenan el centralismo, sus métodos y sus instituciones … cuando denuncian una organización que concentra en la capital la administración de la república. Pero no tiene razón absolutamente cuando, engañadas por el miraje, creen que la descentralización bastaría para resolver sus problemas esenciales" (JCM, 7 Ens..), por lo tanto la descentralización no es la panacea que aliviará nuestro problemas, la descentralización es un medio, un instrumento. La descentralización se debe de efectuar por lo siguiente:

Nuestro país se caracteriza por tener una gran diversidad de recursos naturales, concentrados en diferentes zonas: consideremos tan solo los diez departamentos del Sur (Ica, Huancavelica, Apurimac, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna). Para constituir EL GRAN ESTADO FEDERAL DEL SUR
Unidos tenemos alrededor de 6millones 300mil habitantes, lo que corresponde a mas de 30 congresistas
Nuestras potencialidades mineras, turísticas, industriales, comerciales portuarias son enormes.
Existe un potencial mercado en la zona central de América del sur, con mas de 41 millones de habitantes
La inminente intervención militar Chilena en el sur del Perú.
Contribuir a la construcción de una América unida.
Generar nuevos polos de desarrollo democráticamente establecidos (nuevas capitales del Estado Federal, Política, Administrativa, Militar, Judicial, etc.).
Especializar a nuestras fuerzas Armadas, Policías Federales y los comandos populares.
Comenzar por reforzar la presencia parlamentaria nacionalista Además PARA:

Consolidad la unidad de las naciones Quechua Aymará amazónica.
Sentar las bases de la Independencia político - económica.
Enfrentar la pobreza y el atraso generalizado en las zonas principalmente rurales.
Iniciar el establecimiento de una sólida base industrial, estrechamente vinculado al campo.
Integrar nuestra población excluida (hombres y mujeres del campo y la ciudad).
Lograr mejores niveles de calidad de vida y desarrollo humano, con equidad, dignidad y justicia
Definir nuestra identidad nacional, entendida como nación peruana
considerar aplicación de recetas económicas en función a las bondades que ofrece cada provincia.

Necesitamos entonces construir un “federalismo para unir” o podría agregarse, para reunir. Unir o reunir con la finalidad de crear para los individuos o personas condiciones más promisorias de paz y de democracia. En otras palabras, también aquello que, en presencia de un Estado democrático de derecho ya constituido de manera unitaria, podría aparecer necesariamente como un “federalismo para dividir” , debe ser concebido en realidad como una implementación del pacto constitucional que funda al Estado democrático de derecho, y no como un modo para desatar la disolución o disgregación de este último. Creo que todos estaremos de acuerdo, aunque pueda parecer, desde un punto de vista lingüístico, contrario al sentido común indicar como “reunión” un proceso que configura un ulterior nivel de separación y de limitación recíproca de los poderes del Estado democrático de derecho.