PARAMILITARES S.A

Paramilitares S.A.
Sáb, 17/01/2009 - 19:02


Por: Alberto Adrianzén

Uno de los problemas de la política peruana es su enorme dificultad para llamar a las cosas por su nombre. La política, muchas veces, es refugio de la mentira y fuente de confusión. Si la política está en crisis es porque no ha podido ni puede, hasta ahora, establecer nexos comunicativos que le permitan construir verdades socialmente aceptadas por los ciudadanos. A los políticos no se les “escucha”, tampoco se les “cree” y menos se les “entiende”. La política ha perdido relevancia como fuente de explicación y de sentido de lo que “sucede” en el “mundo”. El problema es que ni la política ni los políticos “llaman a las cosas por su nombre”.
Los sucesos criminales en la mina Majaz (Río Blanco) a fines de julio e inicios de agosto de 2005, que, como hoy demuestran las fotos publicadas por La República, consistieron en la represión, secuestro y tortura a un grupo de campesinos de las comunidades de Yauta, Segunda y Cajas, ubicadas en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba (y también el asesinato de un comunero) no fueron otra cosa sino una acción paramilitar. Ahí lo que hubo fue la colusión entre fuerzas del Estado y fuerzas de seguridad de la empresa, las mismas que actuaron como grupos paramilitares con el claro objetivo de intimidar y reprimir la protesta social.

No es extraño que el padre Marco Arana haya sido una de las pocas personas que dijeran que estábamos, en realidad, ante el accionar de grupos paramilitares. Como se recordará, en el 2006 Arana y varios miembros de la ONG cajamarquina Grufides (institución dedicada a la defensa del medio ambiente) fueron objeto de amenazas de muerte, campañas difamatorias y seguimiento (para)policiaco. Los autores fueron miembros de un tipo de empresa privada de seguridad (paramilitares en la práctica) que, según diversos medios, trabajaban para una compañía minera. Incluso, en aquella oportunidad, se dijo que los miembros (o agentes) de esa empresa de seguridad no solo portaban armas que estaban prohibidas sino también que los mismos eran reclutados de los “bajos fondos”; es decir, eran una suerte de “patotas armadas”, dispuestas a cualquier cosa.

Lo mismo se puede afirmar en el caso del nuevo escándalo en que ha derivado el asunto de los llamados petroaudios. Las acciones de la empresa “Business Track” (BTR) y de algunos de sus miembros también podrían ser calificadas como acciones paramilitares. En este caso no solo estamos ante acciones ilegales sino también, sospecho, ante una colusión (o colaboración) con organismos del Estado. No me extrañaría que muchas de esas “empresas privadas” que hoy “chuponean”, hacen reglajes y acciones operativas sean, simplemente, órganos de fachada de los propios servicios de inteligencia.

No es creíble que un servicio de inteligencia, como el de la Marina, no haya estado informado de que dos de sus agentes en actividad “cachueleaban” (así ha dicho el ministro) para una empresa privada en labores de chuponeo y espionaje. Aceptar esa explicación (incluido el “cachueleo”) debería llevar a todos los jefes de la inteligencia a renunciar, para luego cerrar dicho servicio.
El problema, por lo tanto, no es solo la proliferación de este tipo de empresas privadas dedicadas al espionaje –se afirma que son una treintena–, sino también esta suerte de “informalidad” organizada y controlada de la cual participarían los propios servicios de inteligencia. Los agentes de inteligencia que trabajan en estas “empresas de seguridad” no son equivalentes a los policías que cuidan los bancos u otros locales en sus días francos porque el sueldo no les alcanza (eso sí es “cachuelear”), sino más bien extensiones de esos mismos aparatos de inteligencia en esas empresas, que vendrían a ser entonces parte de la llamada “comunidad de inteligencia”.

En el país no es que se esté privatizando la “inteligencia” debido a la proliferación de este tipo empresas de seguridad. Lo que ocurre, más bien, es el (re)nacimiento del paramilitarismo y de la parapolítica que tuvo su apogeo en el fujimorismo y un poco antes con el Comando Rodrigo Franco. La frontera que nos dice dónde acaba la actividad de los servicios de inteligencia (incluidas las labores policiales) y dónde comienza la de este tipo de empresas privadas de seguridad, no solo es gris sino que ellas también se superponen. El caso de Majaz, pero también el de los “chuponeos” y las persecuciones políticas (incluyo a Raúl Wiener, a quien expreso mi solidaridad) son ejemplos de que estamos camino a la colombianización del país, es decir, a su paramilitarización y a la parapolítica, distinta, por cierto, a la que pregonan otros interesadamente, que consistiría en la conversión del narcotráfico y sendero en una suerte de FARC peruanas. Y eso sí es un “coche bomba” para nuestra frágil democracia. Por ello es hora de llamar a las cosas por su nombre.

(*) www.albertoadrianzen.org

PERÚ: ESTRATEGIA DE LA BARBARIE MINERA/ IVÁN SALAS RODRIGUEZ

Perú: estrategia de la barbarie minera
Iván Salas Rodríguez
Rebelión

Como lo he venido sosteniendo en varios artículos, la nueva estrategia de la gran minería en alianza con empresas extranjeras se caracteriza por:

1| Armar sus propios ejércitos, disfrazados de equipos de seguridad.

2| Disparar contra pobladores que protestan. Recordemos los asesinatos en La Zanja, Majaz y recientemente en Combayo.

3| Mesas de diálogo sobre los muertos.

4| Persecución judicial a líderes.

5| Esperar el desenlace de los nuevos acontecimientos.

Se suscitan nuevas protestas y el círculo vicioso se repite: DISPARAN, DIALOGAN, PERSIGUEN LÍDERES Y ESPERAN...

En el reciente asesinato de don Isidro Llanos Chavarria, morador del centro poblado de Combayo (Cajamarca), los empleados de Yanacocha tuvieron el descaro, la sinvergüencerí a de declarar que Isidro murió de infarto. El Protocolo de Autopsia N° 130 manifiesta que don Isidro murió por PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO.

Vienen nuevas protestas y este círculo vicioso se repite porque empresas mineras en el Perú actúan con total impunidad gracias al enorme vacío de Estado. En Cajamarca por ejemplo Minera Yanacocha (**) (que tiene como accionista principal a Newmont, la productora número uno en el mundo) controla el gobierno regional y municipal, y los partidos políticos ubicados del centro a la derecha. El 26 de julio del 2002 el Partido Aprista, Unidad Nacional, Perú Posible y el FIR (hoy denominado Perú Ahora), firmaron el documento de apoyo a Yanacocha para que explote el cerro Quilish, acuífero ubicado en la parte alta a sólo 8.5km de la planta de agua potable). La masiva lucha cívica del pueblo cajamarquino hizo retroceder a Yanacocha en este despropósito.

La revista "Encuestas y Debates" publicó en su edición N°09 (diciembre 2003) el informe sobre los 7 mil 856 dólares que recibió de Yanacocha el Alcalde aprista Emilio Horna Pereyra para financiar sus estudios de Maestría en "Administració n Pública". Con fecha 8 de setiembre del 2004 el entonces ministro de Energía y Minas Jaime Quijandría Salmón circuló un e-mail informando sobre la posición real del Presidente de la Región Cajamarca Felipe Pita Gastelumendi, sobre la resolución que autorizaba a Minera Yanacocha explorar el cerro Quilish. Dice el Ministro: "El señor Presidente de la Región me manifestó que no se debería quebrar el principio de autoridad y que por lo tanto la resolución ministerial no debía ser derogada (...). Hoy sale públicamente a solicitar la derogatoria" .

Hugo Otero, asesor del Presidente Alan Damián García Pérez, también asesora a Minera Yanacocha, por eso es frecuente escuchar un doble discurso, la denominada "escopeta de dos cañones".

La revista "Dignidad Regional" de Cajamarca, publicó en su edición N° 22 (febrero 2005) el Informe: "DANTE EN EL INFIERNO". Dante Vera Miller realizó la consultoría al Ministerio de Energía y Minas denominada: "Minería: oportunidades y amenazas en la Región Cajamarca. Diagnóstico, análisis y propuesta sobre la situación política y social de Cajamarca". Una de las principales recomendaciones de Dante es que Yanacocha controle el gobierno regional y municipal. Por eso hoy en día, según fuentes de primera mano, las compañías mineras que operan en el norte del Perú se encuentran a tiempo completo organizando las listas para las próximas elecciones, incluso han llegado a infiltrar a algunas listas progresistas. Su estrategia es bien simple:

1° Financiamiento a sus politiqueros incondicionales.

2° Infiltrar las listas progresistas.

3° Financiar listas improvisadas disfrazadas de independientes para dispersar el voto y favorecer a sus dos o tres listas preferentes.

No es difícil darse cuenta, basta tener nociones mínimas al respecto, para que vean que somos buena gente, les recomiendo el libro: "La propaganda Política", de Jean Marie Domenach, hay obviamente otros libros más interesantes y recientes que tienen que indagar.

Otra sería la historia de Cajamarca y el Perú si tuviéramos autoridades responsables que cumplan con su deber cívico de defender los derechos y el bienestar de la población urbana y rural. Ojalá en las elecciones que se avecinan, el pueblo elija gente HONESTA Y CON COMPROMISO SOCIAL, gente que gobierne de pie y no de rodillas; esta jornada electoral va a ser dura, sin embargo, recordemos a las Madres de la Plaza de Mayo que nos advierten: "La única lucha que se pierde es la que se abandona".

(*) Sociólogo, columnista periodístico.

Vicepresidente del Frente Único en Defensa de la Vida, el medio ambiente y los intereses de Cajamarca-Perú .

(*) Para mayor información sobre operaciones de Yanacocha en Cajamarca, sugiero consultar mi libro: "QUILISH HORA CERO. CAJAMARCA, LA LUCHA DE UN PUEBLO QUE LUCHA EN DEFENSA DE SU VIDA Y DIGNIDAD". Se encuentra en la red:

www.cajamarca. de web alemana que brinda una información abundante sobre el tema. También se puede consultar:

www.grufides. org

www.adeaperu. org

EN MAJAZ SE TERTURO EL AÑO 2005

A tres años y medio de los hechos, la Coordinadora Nacional de DD.HH. ha rescatado las impactantes vistas que reproducimos y que muestran la ignominiosa agresión a que fueron sometidos 29 comuneros dentro del predio de Minera Majaz.

Aquel 3 de agosto del 2005, tras salir de un infierno de tres días, ninguna autoridad judicial ni policial de Piura atendió sus súplicas de justicia. Igual, a lo largo de estos tres años y medio, casi nadie prestó oídos al relato impotente de este núcleo de 29 comuneros de Ayabaca y Huancabamba –27 varones y dos damas–. La empresa nunca tocó el tema e inexplicablemente el fiscal Félix Toledo Leiva se hizo de la vista gorda. Hasta que las fotos hablaron.

Estos documentos fotográficos –cuya fuente se reserva– prueban en forma objetiva los resultados del ataque combinado por tierra y aire del que fueron víctimas los comuneros. Ponen al descubierto los métodos lesivos a la persona humana que se emplearon y registran la agonía y muerte cruel del comunero Melanio García.

El fiscal Félix Toledo Leiva, que constató la infamia cometida en el campamento de Majaz, lejos de promover la acción penal contra los responsables denunció a las víctimas por ejercer el derecho a las marchas de protesta.

La aparición de este material gráfico constata que los comuneros no inventaron ni exageraron hechos. Ya no se dudará que todos fueron obligados a caminar descalzos y encostalados por sendas escarpadas rumbo a un ambiente del campamento minero.

Allí, efectivos de la policía y personal de seguridad (Forza) de Minera Majaz los mantuvieron enmarrocados, encostalados y atados por la espalda. Cada cierto tiempo eran rociados con una sustancia tóxica que les impedía respirar.

La mayoría fue despojada de sus ropas, algunos hombres quedaron en calzoncillos, y las mujeres en sostén, lo que incrementó el temor a la vulnerabilidad de estas.

Constantemente les decían que iban a ser encarcelados en el penal de Río Seco por ser terroristas y narcotraficantes, y jamás volverían a sus casas. No contentos con esto, los victimarios se aseguraban que sus víctimas no durmieran. Mario Tabra Guerrero, entonces presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente, relató que cuando le ganaba el
sueño un policía lo pateaba para que se mantuviera derecho.

A algún agente se le ocurrió colocar sobre la espalda de Leónidas Cruz Granda un saco de arena de aproximadamente 50 kilos, cuando estaba boca abajo sobre un piso mojado. La falta de aire le hizo pensar que allí moriría. El golpe certero con la culata de un arma le abrió la parte superior de la ceja y el cuero cabelludo.

Los opresores también descargaron su furia contra Senesio Jiménez Peña. La cabeza del que fuera presidente de la comunidad de Yanta fue impactada varias veces en el piso. Jiménez Peña estaba en el suelo boca abajo y con las manos atadas hacia atrás. El miedo se apoderó de la mayoría. Se escuchó un desesperado "Ayúdame, Dios". Y un policía en tono burlón espetó que no había ningún Dios, salvo la policía.

La agresión no cesó en los tres días. Manuel Mesones fue golpeado, "eres un animal y no sientes nada", le repetían. El sufrimiento fue mayor cuando fueron obligados a escuchar el castigo de sus compañeros. Ricardo Cruz no puede olvidar los gritos de dolor y un suplicante: "Por favor, no me peguen más".

La muerte de Melanio García el 2 de agosto del 2005 guarda un misterio. Sin embargo, fotografías que forman parte del material gráfico que hemos recibido podrían esclarecer la verdadera circunstancia de su deceso. Mañana entregaremos este importante testimonio.

La cifra

300 A esta cantidad se eleva el número de líderes ambientalistas de Piura y Cajamarca que están procesados por delitos de terrorismo en quince modalidades. Entre ellas, motín, apología, asociación ilícita, usurpación y daños.

Elízabeth Prado

http://larepublica.pe/node/8660

HOMENAJE A PEDRO HUILCA / CRÓNICA DEL SOL Y VIDEO

Pedro Huilca Tecse
Representa al máximo líder del sindicalismo en el país

El Sol * / Mariátegui
22/12/08

Han transcurrido 16 años del sensible fallecimiento del "Mártir del Sindicalismo", Pedro Huilca Tecse, quien fuera cobarde y vilmente asesinado en la puerta de su domicilio un 18 de diciembre de 1992. La trágica noticia del máximo líder, de ese entonces, no cabía en ninguna mente ni en los corazones por lo absurdo y cruel que fue su partida. No existe justificación posible para el asesinato y menos si quienes cometieron este deleznable hecho dijeron defender los intereses de las mayorías de nuestro país.

Huilca Tecse sabía que los tiempos habían cambiado y que era el momento de probar nuevas formas de hacer respetar los derechos laborales. Sabía que lo más urgente para miles de trabajadores, victimas de la recesión era conseguir ingresos. Por esta razón, conversaba con algunos ministros de Estado para que los emplease en la construcción de carreteras y casas que su sector tenía programado realizar.

Estaba consciente que tenía que "recomponer su frente interno". La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) necesitaba un cambio total.

En febrero de 1993 se realizaría una Conferencia Nacional de Organización, donde iba a anunciar los pasos para dar este cambio. Más aún, iba a exigir un balance económico y evaluaciones de la representación sindical de los directivos de su propia central. Durante los nueve meses de su gestión había detectado problemas que hacían imprescindible esta "purga en casa"

Este conjunto de acciones habrían corroborado lo que ya se anunciaba desde que Pedro Huilca asumiera la difícil gestión al frente de la CGTP, él era un líder capaz de impulsar y renovar el alicaído movimiento sindical peruano.

Cuando la historia empezó
El 4 de diciembre de 1949 en el distrito de Ccorcca (Cusco), Pedro, el hijo del subprefecto Prudencio Huilca nació y quedó huérfano, pues su madre, Paula Tecse, murió al traerlo al mundo. Su historia comenzó a cambiar cuando tenía ocho años, una comerciante llegó a Ccorcca, conoció al pequeño huérfano prácticamente abandonado.

Movida por la situación del niño, la señora Isabel Farfán de Calderón esperó que viniera su padre para pedirle su autorización y llevárselo. "Quiero criarlo con mis hijos", le dijo la comerciante, Don Prudencio aceptó. Poco tiempo después, los Calderón pasaron a ser sus únicos padres, pues el subprefecto de Ccorcca desapareció buscando oro en Puerto Maldonado (Madre de Dios) cuando el menor tenía nueve años.

Así fue que el futuro líder sindical cambió su suerte de campesino por la de hijo de una pareja comerciante de la ciudad imperial. Pedro Huilca estudió en los mismos colegios que sus hermanos adoptivos: primero en la escuela fiscal 487 de Nueva Alta y secundaría en el Colegio Nacional de Ciencias. "Quiero que estudies donde yo hice mi secundaría", le dijo el señor Humberto Calderón cuando lo matriculó.

Apenas salió del colegio empezó a trabajar, circunstancias que no le permitieron seguir sus estudios superiores, porque primero que sus padres no disponían de recursos para enviarlo a la universidad. Casi al mismo tiempo que terminada la secundaría, inició una relación efectiva con Enriqueta Gutiérrez, quien le dio su primer hijo a quien lo llamó Pedro como él y Humberto como su padre adoptivo.

Casado y con un hijo tenía que trabajar para mantener a su familia luego la familia había aumentado. Al varón le siguieron dos niñas, Flor de María y Katiuska. Pero la relación con Enriqueta naufragaba y se separaron, pero esto no lo alejo de los niños, siempre se esforzaba por compartir su tiempo entre las labores sindicales y el trabajo para mantener a los niños.

También se había dado tiempo para cumplir un anhelo pendiente, la universidad. Había ingresado al programa de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), donde conoció a Martha Flores.

Para él, conocerla fue encontrar ese alguien que sabía comprender y compartir sus tareas sindicales por ser también estudiante, trabajadora y dirigente. El avanzaba en su labor al frente del Sindicato de Construcción Civil y de la Federación de Trabajadores, dos cargos al mismo tiempo. Consiguió que el alcalde de ese entonces, Echegaray firmara un convenio con los obreros de Construcción Civil para trabajar en las obras municipales.

También empezaron los días difíciles de las amenazas, los juicios y las detenciones. Una de estas fue la que sufrió en la cárcel de Quenqoro en mayo de 1977; el delito, haber participado en una huelga de maestros como secretario de la FDTC. Pero en medio de las dificultades también recibía el apoyo de las bases quienes realizaron una manifestación en las afueras del penal.

Un día de noviembre de 1979 le dijo a Martha: "Me han elegido secretario general de Construcción Civil"; por tanto, después de cinco años en el trabajo sindical del Cusco, pasó a ocupar el cargo principal al frente de la federación de su sector. "Para un provinciano como yo fue una sorpresa ser elegido secretario general de la Federación", expresó en ese momento.

Pedro Huilca Tecese, ocupó el cargo de secretario general del Sindicato de Construcción Civil del Cusco hasta en dos oportunidades así como de la Federación Nacional de Construcción Civil, cargo que lo llevó a alejarse de la ciudad imperial. Su esposa en esta oportunidad no pudo acompañarlo debido a que ella no podía dejar de trabajar en el mercado. Pero Martha constantemente lo iba a visitar a la ciudad de Lima.

Logros de Pedro Huilca
Poco a poco, Pedro Huilca fue articulando un pliego nacional que incluía desde salarios hasta la creación de una bolsa de trabajo para los obreros de Construcción Civil. Las conquistas llegaron con esfuerzo como por ejemplo la jubilación a los 55 años de los obreros del gremio, salario especial, viviendas, centros recreacionales. También durante los doce años que estuvo al frente de la federación, se institucionalizó el 25 de octubre de cada año como "Día de Construcción Civil".

De igual modo, consiguió que en 1989 el Senado apruebe el proyecto para la creación de uno de sus caros proyectos "La Bolsa de Trabajo". "Yo no había nacido todavía cuando los obreros de la construcción ya había iniciado su lucha por la Bolsa de Trabajo", dijo a los obreros cuando les comunicó el triunfo.

Llegó a ser secretario general comunista de la CGTP. Probablemente, se recuerde como la primera que lanzó abiertas criticas a su propio partido. Ese fue otro frente el de combatir dogmas. En su última intervención ante el Comité Central del PC, en octubre de 1992 criticó la neutralidad observada durante el golpe de estado del 5 de abril, la subestimación del debate ideológico, el no haber asimilado la renovación partidaria y el cubileteo político. Y les advirtió del peligro de la desaparición.

Marchó por última vez por las calles de Lima, el jueves 17 de diciembre de 1992, protestando contra las medidas antilaborales, como lo había hecho durante toda su vida, al día siguiente lo mataron.

Para recordar
Los días de su vida pueden pasar a la historia como una valiente búsqueda de cambio. Era el hombre que quería y hubiera podido cambiar el rumbo del sindicalismo peruano. Para ello, lo había preparado 43 años de una vida dedicada a luchar con las únicas armas que sí llevaba siempre consigo, su honestidad y su voluntad de trabajo.

"Cómo nos vamos a enfrentar a la violencia del terrorismo cuando tenemos cuatro millones y medio de trabajadores desocupados, cuando tenemos un contingente de jóvenes que no tienen puesto de trabajo y no tienen un salario. Cómo persuadir a nuestra juventud y decirle mira, no vayas por el camino equivocado, no escuches los cantos de sirena del terrorismo y de la violencia, escoge el camino del Estado de Derecho de la democracia, cuando la democracia y el Estado de Derecho no son capaces de ofrecer un puesto de trabajo y un salario para resistir la crisis", fueron las palabras de Pedro Huilca Tecse en noviembre de 1992.

* Diario El Sol de Cusco.

ROQUE GONZALES LA ROSA...LIBRE!!

ROQUE GONZALEZ LA ROSA...LIBRE¡¡

El miércoles 17 de diciembre en horas de la mañana la Sala Penal Nacional dio libertad bajo comparecencia restringida al ciudadano Roque Gonzáles La Rosa, quien después de un encarcelamiento de diez meses sin ninguna prueba podrá salir libre.
Roque Gonzáles La Rosa fue encarcelado junto con seis ciudadanas peruanas cuando regresaban de un Congreso Bolivariano en la ciudad de Quito, acusándolos de planear atentados contra las cumbres internacionales (ALC-UE y APEC) que se realizarían en los próximos meses en el Perú. Después de tres meses sus co procesadas fueron liberadas, sólo Roque Gonzáles permaneció diez meses, en los cuales no se encontró ninguna prueba que justificara su encarcelamiento.

Este viernes 19 de diciembre Roque Gonzáles brindará una conferencia de prensa a las 12 m. en el local de la Asociación de Ayuda Legal y Acción Social (Jr. Camaná 872 Oficina 664 – Cercado de Lima).

Invitamos cordialmente a todos los medios de comunicación.

Asimismo a las personas que deseen participar del momento de la liberación de Roque se les invita a la puerta del Penal Castro Castro el día de hoy jueves 18 de diciembre a partir de las 6pm.

Comité Por La Libertad de Roque Gonzáles

Contacto: damarisvelasco@hotmail.com
Telf.: 330-5253

SE HIZO JUSTICIA CON LA POBLACIÓN DE ESPINAR: ABSOLVIERON DE CULPA Y PENA A LOS POBLADORES PROCESADOS INJUSTAMENTE POR LA MINERA BHP BILLITON

Amigos y amigas compartimos importante y satisfactoria noticia de provincias altas del Cusco. Favor de reenviar a redes amigas.

NOTA DE PRENSA

SE HIZO JUSTICIA CON LA POBLACIÓN DE ESPINAR: ABSOLVIERON DE CULPA Y PENA A LOS POBLADORES PROCESADOS INJUSTAMENTE POR LA MINERA BHP BILLITON

El día de hoy, martes 09 de diciembre del 2008 fue un día histórico para la provincia de Espinar – Cusco, porque en el proceso penal iniciado en mayo del 2005 por parte de la empresa minera BHP Billiton Tintaya contra 74 pobladores, ha quedado desvirtuado toda forma de responsabilidad penal y civil que se les pretendía atribuir a estas personas.

Este proceso penal ordinario se inicio en la provincia de Espinar por los delitos de: Robo Agravado, Daños, Peligro Común, Disturbios, Coacción, Violencia y Resistencia a la Autoridad y Apología al delito, y que luego de tres años de “investigación” fue remitido a la Sala Mixta de la provincia de Canchis (mayo del presente año) para el desarrollo del juicio oral, habiendo concluido con la ABSOLUCIÓN DE TODOS LOS PROCESADOS PRESENTES por insuficiencia probatoria, vale decir, no se ha acreditado fehacientemente el grado de participación sea como autor, coautor, cómplice o instigador. Es importante resaltar que en este proceso los Magistrados hayan actuado con imparcialidad e independencia, fuera de toda presión política y económica, generando de este modo un antecedente positivo en la población, sobre todo porque se recupera - al menos con este caso – la confianza en la administración de la justicia.

Como se recordará en septiembre del 2003 las organizaciones representativas de la Provincia de Espinar y la empresa minera BHP Billiton Tintaya suscribieron el llamado Convenio Marco, a través del cual la empresa se comprometía, entre otras cosas, en aportar el 3% de sus utilidades fuera de los impuestos que pagaba al Estado peruano y un monto fijo anual de un millón y medio de dólares para el desarrollo sostenible de la provincia de Espinar. Estas demandas respondían a una reivindicación de un pueblo que por años no tuvo acceso a las ganancias generadas por la explotación minera, además de ser una de las más pobres de la región Cusco. En suma la reivindicación era por una vida más digna, respetando los derechos a un medio ambiente sano.

Al finalizar la lectura de sentencia se procedió a realizar una conferencia de prensa en la que los procesados, hoy absueltos, han agradecido y reconocido públicamente a los abogados de la defensa por haber cumplido con la labor confiada para este proceso. Así mismo en la conferencia se reconoció la labor de acompañamiento y defensa de los abogados de la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani en todo este tiempo.

VICARIA DE SOLIDARIDAD DE LA PRELATURA DE SICUANI

Jaime Cesar Borda Pari
Área de Comunicación de la
Vicaria de Solidaridad de la
Prelatura de Sicuani.
Telf. 084 - 984698003(personal)
084 - 351356 - oficina

CONTRA LOS ORGANIZADORES DEL OLVIDO

10 - 12 - 08
JUAN GELMAN ESCRIBE CONTRA "LOS ORGANIZADORES DEL OLVIDO"

"El infierno no termina al cerrarse las

puertas del campo de concentracion"

El Ministerio de Cultura español promovió el Primer Encuentro Internacional de Memoria Histórica en la Universidad de Salamanca, la misma donde Miguel de Unamuno enfrentó al dirigente franquista Millán de Astray cuando éste entró a los claustros pistola en mano gritando “Viva la muerte, abajo la inteligencia” . En esa reunión, de la que participaron delegaciones de Chile, Argentina, República Dominicana, Portugal y Alemania, el poeta y columnista de Página/12 fue el encargado de realizar la conferencia inaugural sobre “el imperativo moral de la memoria colectiva”.

Fuente: El Pais Por: Juan Gelman

Soy padre de un hijo de 20 años secuestrado, torturado, asesinado en 1976 por la más reciente dictadura militar argentina, que también desapareció sus restos. Fueron hallados, gracias a la infatigable labor del Equipo Argentino de Antropología Forense, 13 años después. Soy suegro de su esposa, secuestrada cuando tenía 19 años, trasladada de Buenos Aires a Montevideo encinta de ocho meses y medio y asesinada por la dictadura militar uruguaya dos meses después de dar a luz. Sigue desaparecida y su hija fue entregada a un policía de matrimonio estéril. Soy abuelo de una nieta de la que me robaron sus primeros 23 años de vida y que mi mujer, Mara La Madrid, que no es la madre de mis hijos, y yo buscamos y encontramos al cabo de una larga investigación. Nada de esto hubiera sido posible sin el testimonio oral de sobrevivientes uruguayos y argentinos, sin expedientes judiciales y aun militares, sin ese archivo tan particular que es el banco de datos sanguíneos de familiares de desaparecidos del Hospital Durand de Buenos Aires, sin una campaña internacional de denuncia que tuvo la solidaridad de decenas de miles de poetas, escritores, artistas y gente de a pie de 122 países, sin libros, sin documentos, sin Internet, sin videos y, sobre todo, sin la voluntad imperiosa de encontrar la verdad.

Hablo desde la experiencia argentina. ¿Por dónde empezar? ¿Por la madre de un desaparecido que año tras año y día tras día arreglaba el cuarto de su hijo y a la noche le preparaba la sopa que él solía tomar al regreso del trabajo? La sopa se enfriaba en la mesa sin remedio. ¿Por el sueño de la hija de una desaparecida? Este sueño: “Mamá vive en el departamento de la calle 47. Voy a visitarla. Tengo miedo de que me abrace y al hacerlo se convierta en fantasma”. Ha pasado mucho tiempo desde la desaparición de ese hijo y de esa madre, pero no hay final del duelo todavía. No lo habrá mientras no se encuentren sus restos y descansen en un lugar de recuerdo y homenaje. No lo habrá mientras esa madre y esa hija no sepan toda la verdad sobre su sufrimiento. No lo habrá mientras esa verdad no conduzca a la Justicia.

El infierno no termina cuando se cierran las puertas del campo de concentración y los hornos se apagan: hace un cuarto de siglo que cesó el infierno militar en la Argentina y centenares de miles de personas –hijos, padres, hermanos, familiares, amigos de los desaparecidos– viven esa segunda parte del infierno que crepita en la memoria y no hay modo de apagar. “Desde entonces, a una hora incierta/esa agonía vuelve/y hasta que mi cuento espantoso sea contado/mi corazón sigue quemándose en mí”, dice el viejo marinero de un poema de Coleridge que recordó Primo Levi. Para muchos argentinos, uruguayos, chilenos, centroamericanos y nacionales de tantas otras latitudes del mundo esa estrofa poética es vida real y quema cada día.

“En nuestro país el olvido corre más ligero que la Historia”, dijo el escritor Adolfo Bioy Casares. Pues no sólo en la Argentina. Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores del olvido. “¿Para qué renovar las penas? –dice Ismene a Edipo–. El dolor se sufre al recibir las penas y se vuelve a sufrir al recordarlas.” El Día de Muertos, el pueblo mexicano acude a los cementerios, se sienta alrededor de sus difuntos, toca la guitarra y les canta, les pide que sigan muriendo en paz y que dejen en paz a los vivos para que los recuerden sin terrores. Pero los familiares de los desaparecidos no tienen dónde hablarles y ellos son fantasmas inciertos que vuelven a doler en la memoria.

“Los padres quedaron sin hijos y no terminan sus quejas. Conocen al fin cuál es el dolor total sin remedio”, dice Esquilo. ¿Cada recuerdo trae un dolor que se amontona, capa sobre capa, y se convierte en una geología del dolor? ¿Es posible dialogar con el dolor, fingir que tiene rostro y que no es una potencia que viene y va y protesta contra la muerte del ser querido y le da cuerpo y la afirma negándola? ¿La locura sería la última puerta del dolor, una manera de convertirse en dolor para no padecerlo y desaparecer en el dolor? ¿No será ésa una forma de fundirse con la víctima y así morir con ella? Los familiares de los desaparecidos están en otro lugar. “Un loco, solamente un loco que perdió la mente olvidar puede la muerte de su padre”, dice Electra. O la muerte de un hijo. No es ésa la locura de los familiares: su única “locura” consiste en exigir verdad para las víctimas y justicia para los victimarios. Es un camino lleno de obstáculos con los que se tropieza día a día. Los comisarios del olvido tienen recursos y conocen su trabajo.

Un pacto de silencio sella la boca de los militares argentinos, con pocas excepciones. Cuando sus camaradas conocen que alguno está dispuesto a hablar, lo callan con una buena dosis de cianuro: le ocurrió al prefecto naval Héctor Febres, a punto de ser condenado por los crímenes que cometió durante la dictadura militar. O desaparecen a testigos importantes de los juicios por delitos de lesa humanidad, como desaparecieron a Julio López, para agitar el miedo en las víctimas testimoniantes. La policía facilita la huida del represor atrapado o quema archivos de sus operaciones. La jerarquía de la Iglesia Católica argentina que, a diferencia de la chilena, santificó la matanza –un obispo del Vicariato llegó a decir “cuando hay derramamiento de sangre, hay redención”–, la jerarquía de la Iglesia Católica argentina, que ordenó tranquilizar a militares desasosegados porque venían de tirar prisioneros vivos al océano, se niega a abrir sus muy prolijos archivos de la época, que permitirían recuperar al menos los restos de numerosos desaparecidos.

Ciertos jueces, ciertos fiscales y ciertas instancias judiciales como la Corte de Casación argentina encajonan procesos contra los represores, quienes pueden quedar en libertad por la falta de sentencia. Y lo peor, verdaderamente lo peor, es la perversión que mancha a sectores políticos y sociales que, de un modo o de otro, por acción o por omisión, fueron cómplices de la matanza y callan lo que saben y niegan al Otro lo que saben. Y luego, por qué omitirlo, la actitud pasiva de ciertos familiares que, ante todo por falta de medios, y luego por desánimo, cansancio, resignación, desesperanza o temor, todavía temor, depositan su no hacer en los organismos de derechos humanos. Y también, por qué omitirlo, ciertos organismos argentinos de derechos humanos que burocratizan el dolor o militan contra la búsqueda de los restos de los desaparecidos “para que sigan con sus compañeritos”. Así hacen tabla rasa de la historia personal de las víctimas y del lugar que ocuparon en la historia. Es la continuidad civil, bajo otras formas, del pensamiento militar.

La voluntad de corregir la memoria, como es notorio, viene de muy lejos. En el siglo V antes de Cristo, la sangrienta oligarquía de los Treinta prohibió en Atenas por decreto recordar la derrota militar que le infligiera Esparta. Cada ciudadano fue obligado a pronunciar el juramento “No recordaré las desgracias”. Pasan los siglos y los vencedores siguen reorganizando el pasado a voluntad. En el año de gracia de 1040 el monje Arnold von Saint Emmeram explicaba así el método que había elegido para escribir la historia del ducado de Baviera: “No sólo es pertinente que las nuevas cosas modifiquen las viejas; también es correcto, si las viejas son desordenadas, el de-secharlas por completo, e incluso, aunque estén bien ordenadas pero sean poco útiles, el enterrarlas con reverencia”. La voz de los vencidos es “desordenada y poco útil” en los manuales de historia al uso, cuyo marco de referencia esencial es el Estado. Numerosas víctimas de crímenes contra la humanidad fueron y son carne de olvido, “ese acuerdo con aquello que se oculta”, al decir de Blanchot. Los que falsifican la historia así, falsifican la vida y están presentes y activas las antiguas herencias de nuestra tan moderna, o posmoderna, civilización occidental, en la que los extraordinarios avances tecnológicos conviven o malviven codo a codo con genocidios nunca vistos.

Proliferan las teorías sobre la historia como relato y otras sobre todo lo contrario. De lo primero hay pruebas más que suficientes, algunas francamente ridículas. La historia del Partido Comunista soviético ha sufrido continuos liftings con el correr del tiempo y se convirtió en un acto de predicción del pasado. Es famosa la fotografía del estado mayor bolchevique tomada días después del triunfo de la Revolución Rusa, con Lenin en el centro, a su derecha una escalera y luego Stalin. El lugar de la escalera lo ocupaba Trotski, excomulgado por el Termidor stalinista. El acto tiene pretensiones mágicas y la voluntad de abolir la historia. De ahí la importancia fundamental de los archivos de la memoria. De ahí la importancia fundamental de esta reunión. La pretensión de mutilar la memoria cívica de todos los días corrompe su salud y despeja el camino a nuevos autoritarismos.

El imperativo moral de la memoria colectiva tiene hoy más urgencia que nunca y no faltaron en la Argentina y en otros países quienes entendieron esto muy temprano y crearon y ordenaron personalmente, sin apoyo oficial alguno y movidos por su moral ciudadana, informaciones utilísimas que se pueden ver por Internet. Estos archivos contribuyen a deshacer las artimañas de los asesinos de la memoria, como ésas que pretenden que no hubo cámaras de gas y que el primer pueblo ocupado por el nazismo fue el pueblo alemán. Si queremos que la barbarie no se repita y pase al reino del nunca más, no deberían, creo, ser archivos mudos para la sociedad civil y viceversa: habría que acercar sus contenidos a sectores sociales y políticos en los que hay no poco a despejar todavía.

¿Y se podrá alguna vez despejar mentes en el estamento militar para que obedezcan a lo ético y opongan la desobediencia debida a órdenes criminales? El capitán de navío Juan Carlos Rolón, miembro de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires donde la marina desapareció a 5000 personas, declaró impávido: “Nos enseñaron que la tortura era una forma moral de combatir al enemigo”. Se recuerda el diálogo que Hannah Arendt sostuvo con un oficial nazi que admitió haber gaseado y enterrado a prisioneros con vida en el campo de concentración de Maidanek. La pregunta de la filósofa: “¿Se da cuenta de que los rusos lo van a colgar!”. La respuesta del nazi: “¿Por qué? ¿Yo qué hice?”.

Las dictaduras suprimen el testimonio de las víctimas, pero llevan sus propios archivos. En Auschwitz hay gruesos volúmenes que registran la muerte de los prisioneros gaseados. En la primera columna de cada página figuran el nombre, la edad y la nacionalidad de la víctima; en las dos restantes, hora y causa de la muerte. La hora es la misma a lo largo de páginas enteras, las 8.15, o las 8.30 o las 9.00 de la mañana. También se repite la causa de la muerte, “influenza” casi siempre. Este no es sólo un acto burocrático; sustituye la vida por una mentira de papel y muestra abismos de la condición humana. Se impone abrir esa clase de archivos. Pero ésta es una decisión de Estado y, lamentablemente, todavía hay gobiernos democráticos que no se atreven a disponer que se dé ese paso indispensable. Los familiares de los desaparecidos sólo conocen la dolorosa mitad del crimen. La otra yace oculta, custodiada por centinelas militares, policiales, eclesiásticos. Jacques Derrida habló del “mal de archivo”, pero ésos son los archivos del mal.

Que se me perdone la insistencia en subrayar la importancia de los testimonios orales, vehículos de una memoria que en ocasiones se transmite de generación en generación. Frente a Panamá –narra el periodista José María Pasquini Durán– hay una isla llamada San Blas en la que vive una etnia indígena. Una vez al año todos se reúnen y los ancianos cuentan a los jóvenes la historia de la etnia, que arranca del casamiento del Sol con la Luna, para que su memoria perdure. Los jóvenes comenzaron a emigrar y a quedarse en Panamá, pero mandan grabadoras a la isla para registrar el relato de los ancianos. Ahora la maravillosa historia que comienza con el Sol y la Luna está en casete y los jóvenes lo tienen en su casa entre los discos más recientes de pop norteamericano. Menciono esto porque en muchas sociedades del mundo no hay casete todavía.

En el año 1987 seguía yo exiliado en Francia y el diario recién nacido entonces para el que trabajo, Página/12, me pidió que cubriera el proceso a Klaus Barbie, el ex jefe de la Gestapo en Lyon, bautizado “El carnicero”. A una víctima que le detallaba sus crímenes, Barbie dijo: “Yo no me acuerdo de nada. Si se acuerdan ustedes, el problema es de ustedes”. Efectivamente: recordar y denunciar los crímenes contra la humanidad y exigir su castigo es un problema nuestro.

DENUNCIAN AMEDRENTAMIENTO CONTRA DIRIGENTES EN PIURA

:: Mayoría de procesados participaron en consultas vecinales

Denuncian amedrentamiento judicial contra dirigentes campesinos en Piura
CNR.ORG.PE

Lima 27/11/20008 (CNR) -- Representantes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Tambogrande, en Piura, denunciaron una campaña de amedrentamiento en su contra, luego que el Poder Judicial de ese departamento modificara cargos y reabriera procesos judiciales en contra de dirigentes por la defensa del medio ambiente frente a los intereses de empresas mineras.

Al respecto, Magdiel Carrión, presidente de la Federación Campesina de Ayabaca, aseguró que el gobierno y el Poder Judicial deben respetar la consulta vecinal realizada el 16 de setiembre del año pasado y que rechazó la presencia de la empresa minera Majaz en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

En declaraciones al programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Carrión manifestó la existencia de fallas en el proceso abierto hacia su persona y a otras 35 personas acusadas de terrorismo, por haber promovido dicha consulta.

“Se denunció a 35 personas. Todas quedaron absueltas (...) se archivó el caso, porque presentamos un habeas corpus contra el fiscal que abrió ese proceso. Sin embargo, todos están siendo procesados por asociación ilícita para delinquir. El día lunes se volvió abrir el caso para amedrentarnos”, expresó.

Así mismo, Carrión se refirió al proceso judicial que enfrenta el ex alcalde de Tambogrande, Francisco Ojeda, por promover otra consulta vecinal el 2 de junio del 2002, y que rechazó la presencia de la empresa minera Manhattan en este valle agrícola.

El representante campesino indicó que resulta “extraño” que el ex burgomaestre haya sido acusado anteriormente como autor intelectual del incendio del campamento de Manhattan y ahora sea sindicado como instigador, algo que es imposible en un proceso.

Carrión refirió que en estas acusaciones existen intereses económicos contra todos los que apoyaron la consulta popular y existe una intención de convertir a Piura en un distrito minero.

“Aquí está de por medio el poder económico, quieren convertir a Piura en un distrito minero (...) el presidente (de la República, Alan) Garcia ya le abrió las puertas a la minería china sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo” aseveró.

De otro lado, el representante del Frente de Defensa de Tambogrande, Fernando Carrasco, señaló que existen manejos del gobierno en el proceso que se sigue contra el ex alcalde de este distrito, porque “la nueva jueza designada para este caso no tiene ni quince días en el cargo y es imposible que pueda leer cuatro mil folios en menos de un mes”.

Carrasco añadió que seguirán trabajando sus recursos y fortaleciéndolos, y exigió al Ejecutivo cumplir con sus promesas de respetar la agricultura y la industria local.

“Los que ejercemos la actividad política tenemos un compromiso (..) debe haber una sanción a quienes mienten al pueblo, es una falta de respeto a la población”, concluyó.

PRONUNCIAMIENTO DE PATRIA LIBRE CUSCO DENUNCIANDO PERSECUCIÓN POLÍTICA

21-nov-2008
SOLIDARIDAD CON NUESTRO HERMANO CARLOS ABARCA
"PATRIA LIBRE" MANIFIESTA NUESTRA SOLIDARIDAD CONTRA LA CAMPAÑA MARCATISTA DE EL DIARIO "EL CORREO" Y DE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y REGIONALES POR LOS HECHOS DE SICUANI CONTRA LOS MIEMBROS DE "PATRIA LIBRE" - CUZCO Y EN ESPECIAL CON NUESTRO HERMANO Y COMPAÑERO CARLOS ABARCA , DIRIGENTE NACIONAL DE NUESTRA ORGANIZACION.

DENUNCIAMOS A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL , QUE ESTA CAMPAÑA MEDIATICA EN LOS MEDIOS DE INFORMACION DE AMENDRENTAMIENTO ES SISTEMATICA Y PERMANENTE CONTRA "PATRIA LIBRE" Y TAMBIEN SE MANIFIESTA CON LA DETENCION DE NUESTROS MILITANTES, EL SEGUIMIENTO, FILMACION, INTERVENCION DE CORREOS ELECTRONICOS , REGLAJE, A NUESTROS DIRIGENTES Y A TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL.

"PATRIA LIBRE" ES UNA ORGANIZACION LEGAL EN PROCESO DE INSCRIPCION ANTE EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. LLEVA A CABO TODAS SUS ACTIVIDADES DE MANERA ABIERTA Y LEGAL DE CARA AL PAIS Y AL MUNDO.

"PATRIA LIBRE" REAFIRMA SU COMPROMISO DE CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA DEMOCRATICA PARA TRANSFORMAR EL PAIS Y CONQUISTAR UN GOBIERNO DE LAS MAYORIAS PARA ALCANZAR LA JUSTICIA, EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA.

¡NO A LA CAMPAÑA MEDIATICA CONTRA "PATRIA LIBRE"!
¡ BASTA DE PERSECUCION!
¡ NO AL TERRORISMO DE ESTADO!

¡PATRIA LIBRE...SIEMPRE CON EL PUEBLO!
¡SIN LUCHAS ...NO HAY VICTORIAS!

ESTUDIANTES PROTESTAN CONTRA BUSH EN LA UNIVERSIDAD AGRARIA

Ver más información: www.antiapecperu2008.tk,
Vistar también la Revista Mariétegui:
http://www.nodo50.org/mariategui/peruestudiantesuniversitariosprotestan.htm

COLOMBIA: URIBE TROPIEZA CON LA GUERRA SUCIA

Uribe tropieza con la guerra sucia
La fiscalía colombiana investiga al Ejército por 1.155 muertes extrajudiciales - La historia de un ex drogadicto asesinado prueba las ejecuciones' militares
Madre de joven asesinado por el ejercito colombiano
WINSTON MANRIQUE (ENVIADO ESPECIAL) - Bogotá – El País 17/11/2008

De un día para otro, al muchacho que se ganaba la vida como estatua viviente en un parque de Neiva el Ejército lo hizo aparecer como un guerrillero muerto en combate. Nadie ha salido del asombro en esta ciudad al sur de Colombia. Mientras, el país asiste horrorizado a la denuncia de 1.155 víctimas de ejecuciones extrajudiciales como ésta, que investiga la Fiscalía General de la Nación por todo el territorio colombiano. Se acusa a las fuerzas públicas de registrar como guerrilleros caídos en combate a personas inocentes, o llamados "falsos positivos". Más de 3.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas son investigados, incluidos generales.

Un bumerán al que se enfrenta el presidente colombiano, Álvaro Uribe. El mandatario basó gran parte de su política de seguridad democrática para combatir a la guerrilla, primero, en un sistema de recompensas a civiles que informaran sobre guerrilleros, lo cual pudo haber generado una red de delincuencia o negocio de muertos, según advirtió el fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana; y, segundo, en la estrategia de privilegiar los incentivos militares según el número de bajas en combate.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció ayer la destitución de otros 13 militares por este escándalo, que se unen a los 27 miembros del Ejército que ya fueron relevados hace tres semanas. Con estas destituciones y la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya (responsable de la operación en la que se liberó a Ingrid Betancourt en julio), el Gobierno, afirma el fiscal, "ha pretendido salvar su responsabilidad ante la Corte Penal Internacional". "Pero si comprobamos que ésta es una práctica sistemática y generalizada, estamos frente a un delito de lesa humanidad", añade.

No son casos aislados. En Neiva, cubierto de blanco de la cabeza a los pies, Miller Andrés Blandón acudía al Parque Cívico a ganarse la vida como estatua humana. Hacía poco había salido de un centro de desintoxicación de drogas y convertido la Casa de Apoyo al Habitante de la Calle en su refugio, dice el coordinador del programa, Antonio Torres. El 17 de julio, Blandón acudió allí a comer. Cuando los indigentes terminaron, llegaron dos hombres en una moto y les ofrecieron trabajo como recolectores de café. Sólo tres de ellos se creyeron el cuento y se fueron dizque a coger café.

Al día siguiente, las noticias del mediodía dijeron que tres guerrilleros habían caído en combate en las selváticas montañas de los Andes del municipio de San José de Isnos.

Al atardecer, uno de los miembros de la fiscalía que hizo el levantamiento de los cadáveres encontró en la cartera de una de las víctimas su documento de identidad: Miller Andrés Blandón, y apuntado un número de móvil. Llamó, y la segunda esposa de su abuelo, Silvia Segura, negó que ese muchacho de 24 años fuera guerrillero.

Los otros dos indigentes siguen enterrados como no identificados. Igual que en muchos de los casos investigados en 14 departamentos, ya que se buscan personas que no sean de la región, las secuestran, las trasladan lejos de su zona y luego el Ejército las registra como guerrilleros caídos en combate para evitar que alguien las reclame.

Colombia se ha convertido en un territorio minado para Uribe, ante la continua denuncia de estas ejecuciones extrajudiciales. Según la analista política Claudia López, estos hechos dejan en evidencia la ineficacia del control y mando del Gobierno frente a sus instituciones militares y de los comandantes frente a sus subalternos, y la negligencia frente a las denuncias de violación de derechos humanos.

El país es observado. Días antes de su elección como presidente de Estados Unidos el 4 de noviembre, Barack Obama aseguró en uno de los debates de la campaña que no firmaría con Colombia el Tratado de Libre Comercio mientras no haya garantías de derechos humanos.

Son 1.155 muertes que investiga la fiscalía -como el caso de Miller Andrés Blandón-, de indigentes, drogadictos o marginados, más otras 2.000 denunciadas por otras instituciones. Todo para cumplir con los resultados pedidos, obtener ascensos, condecoraciones o, simplemente, para disfrutar de permisos en días especiales. Ocurrió el Día de la Madre de 2007, cuando en el Batallón de Infantería 31, el soldado Luis Esteban Montes advirtió infructuosamente a su comandante de que la persona que habían secuestrado sus compañeros con el fin de hacerla pasar por un guerrillero muerto era su hermano.

Desde la llegada de Uribe al Gobierno en 2002, se han denunciado casos de "falsos positivos" por parte de familiares u organizaciones de derechos humanos que lo único que recibían del presidente eran descalificaciones o acusaciones.

Un presidente que en su primer acto público, el 8 de agosto de 2002, anunció su política de estímulo y recompensas a civiles, y la pretensión de convertir a Colombia en un país de informantes. Lo que ha generado muchos debates y casos asombrosos. El semestre pasado, el guerrillero alias Rojas se presentó ante un comando del Ejército con la mano de su jefe Iván Ríos, del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como prueba, y diciendo dónde estaba el cadáver. Yacía junto al de la novia de éste, a la que también había matado. Tras una polémica nacional sobre la legalidad y moralidad de que Rojas recibiera la recompensa, finalmente le fue concedida.

Según las estadísticas del propio Gobierno, cuando Uribe llegó a la presidencia, en Colombia había 15.000 hombres de las FARC. Según esas mismas fuentes, en estos seis años se han desmovilizado, han sido capturados o han muerto en combate 55.000 guerrilleros. Las cuentas no cuadran. "Una prueba", reflexiona Claudia López, "de la obsesión por justificar resultados absurdos".

Aunque en Colombia nadie niega que la seguridad del país ha mejorado, que hay más confianza por parte de los inversores extranjeros y que las FARC parecen heridas, 45 millones de colombianos se preguntan perplejos si acaso, para solucionar el conflicto armado, todo vale.

La tragedia de los 'falsos positivos'
- Las Fuerzas Armadas. Más de 3.000 funcionarios son investigados, incluidos generales. Hasta el momento han sido destituidos 40 militares y ha dimitido el comandante, Mario Montoya.

- Las víctimas. La fiscalía investiga 1.155 muertes, pero otras instituciones investigan otras 2.000. Generalmente se trata de indigentes, drogadictos o marginados.

- El método. Las víctimas son secuestradas, trasladadas a otra región donde son asesinadas y aparecen luego como guerrilleros caídos en combate. Hay casos en 14 departamentos de Colombia.

- Fin. Cumplir con los objetivos de capturas o lograr condecoraciones.

- Guerra contra las FARC. Desde 2002, se han entregado, capturado o muerto en combate unos 55.000 guerrilleros, según el Gobierno. Sin embargo, para algunos analistas las cifras no cuadran: en 2002, había sólo 15.000 guerrilleros, según las estadísticas oficiales.

LOS MILITARES Y LOS POLÍTICOS / ALBERTO ADRIANZEN

Los militares y los políticos
Por Alberto Adrianzén

Sería bueno preguntarle al congresista Edgard Núñez a quién se le ocurrió la "brillante idea" de presentar un proyecto de ley para amnistiar a los comandos de Chavín de Huántar y crear una comisión ad hoc para también amnistiar a militares y policías. La pregunta no es nada ingenua. Luego de saber que los comandos que participaron en el operativo Chavín de Huántar no están procesados y sí más bien Fujimori, Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio, uno puede sospechar que este proyecto, apoyado entusiastamente por fujimoristas y apristas, estaba dirigido a favorecer directamente a los procesados y a futuros acusados de violar los DDHH. La otra posibilidad es decir que Edgard Núñez es un congresista descuidado, nada prolijo, poco serio y que fácilmente puede ser engañado. No hay mejor prueba de ello, como informan diversos medios, que la decisión del ministro de Defensa, en días pasados, "de pedir que se le abra proceso disciplinario al procurador del Ejército por haber proporcionado información equivocada al congresista Núñez, según la cual los 110 militares participantes en la operación Chavín de Huántar están siendo juzgados. Explicó que la información que le diera el procurador al legislador sobre la relación de militares con procesos por presuntas violaciones de DDHH es totalmente errada".

El asunto es tan grave y escandaloso que se puede proponer, como hipótesis, que el congresista Núñez es una suerte de instrumento de sectores militares que solo buscan evadir la justicia y lograr así la impunidad. La otra posibilidad es pensar que aquellos que idearon esta medida creen (o piensan) que la mayoría de peruanos somos un poco, por no decir bastante, idiotas, para no darnos cuenta de que en este pedido de amnistía había un error de base que lo hacía imposible. Y si uno fuese mal pensado podría señalar que es bastante sospechoso que se levante este asunto en medio de anuncios de futuros juicios a militares (Cayara) y de los llamados petroaudios que afectan y amenazan a personajes del gobierno.

De otro lado, este asunto de la amnistía o del indulto a militares y policías muestra una vez más esta creencia equivocada de que la mejor política para tener futuro en la política es adular a los militares, lanzar discursos macartistas y proponer la mano dura contra todo aquello que tenga un leve color rosado. Un ejemplo notable de esta forma de entender cómo se hace política en este país lo hemos tenido hace pocos días con la presentación de los ex miembros de la CVR ante la Comisión de Defensa. Me imagino que más de una vez los ex comisionados, incluido su presidente Salomón Lerner Febres, habrán estado al borde de la indignación por el tipo de preguntas y argumentos que escucharon aquella tarde. Han pasado más de siete de años de la instalación de la CVR y cinco de haber terminado su trabajo, y las preguntas y cuestionamientos de sus detractores siguen siendo los mismos. Nada ha cambiado. Creo, más bien, que se ha retrocedido gracias a la complicidad de éste y el anterior gobierno y de la mayoría de partidos, que insisten en acusar absurdamente a la CVR de favorecer a los terroristas.


En realidad, todos estos asuntos (se puede sumar el escandaloso comportamiento del Gral. Donayre que consiste en evadir sistemáticamente la justicia) muestran lo poco o nada que se ha avanzado en el control democrático, legal y constitucional de las FFAA. Los políticos creen que es suficiente, para la democracia, que los militares no den golpes, que les rindan honores y que, por ello, deberíamos estar muy agradecidos. El resto, como el respeto a la ley, a los otros poderes y a la Constitución, se mueve en un terreno borroso y en el cual existe una autoridad democrática frágil y concesiva a sus intereses individuales o corporativos. Hay que recordar que el cinco de abril del 2001, las FFAA firmaron un documento en el que se autocriticaban (fue la primera institución en hacerlo y ello es todo un mérito) por el papel nefasto que cumplieron durante el fujimorato y que aceptaban la creación de la CVR Sin embargo, de ese momento a la fecha, pese al esfuerzo de pocos, hemos ido como el cangrejo, como lo demuestran las propuestas de los congresistas Núñez y Cabanillas.

Los problemas judiciales de algunos miembros de las FFAA, más allá de los cargos, son semejantes a los que padecen miles de peruanos que están hacinados en unas inhumanas cárceles por años y que esperan un juicio y una sentencia. Por eso lo mejor que podríamos hacer es pedir que el presupuesto del PJ, que el Ejecutivo mezquina todos los años, se aumente para que los jueces puedan cumplir mejor su tarea y para que militares y civiles no pasen años a la espera de una sentencia que afecta sus vidas. Es decir, pedir justicia y no impunidad.

AMNISTÍA, INDULTO O ENCUBRIMIENTO/ RONALD GAMARRA

Causa Justa. Amnistía, indulto o encubrimiento
Ronald Gamarra


Una vez más, la demagogia insiste en plantear un tema inadmisible en cualquier país civilizado: la amnistía o indulto para los autores de delitos de lesa humanidad. Evidentemente, hay quienes no han aprendido nada en estos años y creen que pueden manipular las leyes a su gusto, como en los tiempos de las dictaduras que felizmente hemos superado, aunque iniciativas como la que comentamos nos recuerden que no las hemos superado del todo ni definitivamente.

Nos dicen que quieren hacer justicia a los miembros de las FFAA y PNP que lucharon contra el terrorismo. Con lo cual mienten, porque omiten decir que a ningún miembro de estos institutos se le ha enjuiciado por haberse enfrentado al terrorismo, es decir, por el cumplimiento de su deber. Los militares y policías que tienen juicios los tienen simple y llanamente por haber cometido graves delitos, que eso es precisamente violar los DDHH. Es decir, por cometer crímenes de lesa humanidad.

Hablemos de casos concretos. Veamos, por ejemplo, el caso Accomarca. En 1985, más de 60 campesinos de esta comunidad situada en las alturas de Vilcashuamán fueron encerrados en un galpón y asesinados a tiros de ametralladora y granadas por los efectivos de una patrulla militar al mando del subteniente Telmo Hurtado. Esta patrulla probablemente realizaba una operación de persecución de alguna columna senderista, pero al no alcanzarla decidieron realizar un "escarmiento" con la población civil de la comunidad, matando también a mujeres, niños y ancianos.

¿Usted daría amnistía o indulto a quienes perpetraron una masacre como esta? ¿No debería ser la propia institución militar la más interesada en sancionar un crimen tan monstruoso? Todo esto parece claro, pero algunos congresistas quieren que veamos el mundo al revés y que callemos ante crímenes atroces.

Así como el de Accomarca, son los demás casos donde hay militares o policías enjuiciados. En todos ellos hay siempre algún delito de lesa humanidad: desaparición forzada, asesinato, ejecución extrajudicial, tortura. Los organismos de DDHH probablemente les caerían mejor a los apologistas de los violadores si hicieran de la vista gorda frente a estos hechos, pero entonces dejarían de ser organismos de DDHH.

No se espere tal cosa de nosotros. Si algunos congresistas quieren insistir en su proyecto demagógico, allá ellos. Deberán responder ante el país por contribuir a encubrir crímenes horrendos como el de Accomarca, y por exponernos a la censura de la comunidad internacional que vigila el respeto a los derechos humanos.

Los organismos de DDHH tienen una posición clara, concordante con el estado de derecho, ese estado de derecho del cual quieren burlarse los promotores de una amnistía o indulto inadmisibles para delitos contra los derechos humanos: que estos casos sean examinados y decididos por el Poder Judicial, como sucede en cualquier país democrático, donde todas las personas, civiles y militares, son iguales ante la ley.

POR LA LIBERTAD DE ROQUE GONZALES, ¡AHORA!

Por la libertad de Roque Gonzales, ¡ahora!

El viernes 31 de octubre a las 10 a. m, se desarrolló la audiencia del caso Roque Gonzales para obtener la comparecencia solicitada por su defensa a la Sala Penal.

La intervención del Sr. Roque Gonzales duró alrededor de 10 minutos en los cuales hizo referencia a los hechos previos a la actual investigación sobre su persona: "esta no es la primera vez que se me investiga, en el año 2006 la DIRCOTE consiguió que se levantara el secreto de mis comunicaciones, intervención de mis teléfonos y filmación de mis actividades por el lapso de 3 meses, investigación que se llevo a cabo sin mi conocimiento y que terminada no aportó conducta delictiva alguna"; también resaltó que debido a sus actividades laborales como periodista y activista político se acercó de manera regular de mutuo propio a diversas autoridades como por ejemplo el Sr. Wilfredo Pedraza (ex presidente del INPE), Dr. Julio Magan y Dr. José Avila (Defensoria del Pueblo) y hasta al propio Dr. Pablo Talavera (quien hoy lo juzga) al concertar una entrevista entre una delegación de parlamentarios uruguayos y dicho magistrado.

Trascendió que dichos parlamentarios dirigieron en el mes de abril de este año una carta al Dr. Talavera expresándole su extrañeza y profunda preocupación por la detención de Gonzales.

Dijo también que el tema de su anterior carcelería quedó rehabilitada y por tanto sus antecedentes no pueden proyectarse a futuro haciéndose punible a perpetuidad; que en todo momento hizo públicas sus actividades políticas otorgando entrevistas a medios como ATV NOTICIAS, Diario El Comercio, Radio Santa Rosa, Revista Caretas, etc.

Para evidenciar la transparencia del evento en Quito por el que ha sido procesado Gonzales vestía la prenda que se repartió en dicho evento. "Esto da cuenta del carácter legal, abierto y transparente del evento realizado en febrero de este año en Quito el cual como ya es sabido se realizó bajo el auspicio del Municipio de Quito, la Casa de la Cultura de Quito y el resguardo de la Intendencia Policial de la misma ciudad en el cual participaron mas de 600 delegados de todo el orbe, en ningún caso hubo detenciones ni procesos judiciales al retorno a sus países, ni siquiera en Colombia", refirió. Que en ningún caso al ser liberado pasaría a la clandestinidad, ni huiría de la acción de la justicia ya que su trabajo, su familia y su esposa lo esperan; y porque en estos 8 meses, ni la fiscalía ni la procuraduría han aportado algún indicio o prueba de haberse cometido delito, que por el contrario ha sido su defensa la que abundado en todo tipo de medios probatorios de su inocencia. Y dirigiéndose a los magistrados les hizo saber que él tiene toda la seguridad y confianza en que esta injusticia acabará gracias al carácter imparcial, justo y autónomo de la Sala ya que ellos tienen pleno conocimiento de verdaderos casos de terrorismo y no asimilarán los errores de la policía dándole continuidad a esta arbitrariedad.

A continuación el Dr. Burgos Revilla, abogado defensor de Gonzales comenzó su exposición rebatiendo los argumentos que la jueza Jessica León se sustentó para denegarle la libertad a Gonzales hace 3 meses atrás. Puntos que desarrolló brevemente por la misma simpleza de su naturaleza, refirió el abogado.

"Domicilio DNI de casado no coincide con domicilio DNI de soltero, por lo tanto no registra domicilio; un absurdo, ya que el registro domiciliario se llevo a cabo en el domicilio de mi defendido, encontrándose todas sus pertenencias como consta en el acta asentada ese día." Dijo.

Que si bien es cierto se presentó constancia de trabajo, no existe vacancia del mismo si el procesado saliera en libertad, el procesado podría fugarse.

Que el procesado ha salido de viaje en 2 oportunidades fuera del país, por esto podría evadir a la justicia.

Burgos Revilla refirió que todo esto constituía una total orfandad de argumentos coherentes sobre el peligro procesal ya que no se sostienen en lo absoluto.

Puso énfasis en las recomendaciones de diversas organizaciones de derechos humanos(CNDDHH, APRODEH, Defensoria del Pueblo) sobre la pronta resolución de este proceso el cual viola las libertades democráticas por no existir sustento jurídico que avale las acusaciones a su defendido.

Por último el procurador señaló que el mandato de detención debe continuar ya que Gonzales habría participado en un mitin pronunciando la frase "patria o muerte" de patente emerretista, dijo. Y que aún falta visualizar un video de Panorama sobre el congreso bolivariano, además de una pericia psicológica para demostrar el carácter "criminal" de Gonzales y como último motivo que expuso para justificar la permanencia en prisión del procesado estaría la espera del resultado de un análisis criminalístico de la memoria del celular que se le fue incautado a Gonzales el día de su detención en Aguas Verdes, ante esto último el Dr. Pablo Talavera consultó al abogado defensor si era responsabilidad de Gonzales o de la policía el análisis de este aparato, "y si es responsabilidad de la policia ¿cómo es que a 8 meses de la incautación aún no se ha logrado obtener ningún resultado?" insistió Talavera dirigiéndose esta vez al procurador.

Finalmente, el procurador advirtió el hecho de que Gonzales usara para la audiencia el polo que se entregó a todos los asistentes del evento en Quito, este lo hizo refiriéndose al "color subversivo (ojo: rojo y blanco) y a la organización terrorista que entregó los polos y que Gonzales lo habría usado en esta audiencia de manera desafiante", comentario que de inmediato recogió el Dr. Pablo Talavera para pedirle que no "utilice ese tipo de adjetivos en la audiencia"

La emisión de la resolución que determinará si el activista político y periodista Roque Gonzales sale o no en libertad mediante la figura de la comparescencia tendría un tiempo límite de 15 días hábiles para ser notificada a las partes.

¿Se tomarán los magistrados los 15 días? O serán justos e independientes, libres de injerencia política y liberarán a Roque la próxima semana.

Volcamos toda nuestra expectativa y fe en que esta vez se hará justicia.

Sábado, 1ero de Noviembre, 2008

NI OLVIDO, NI PERDÓN, NI RENCOR / ALBERTO ADRIANZEN

Ni olvido, ni perdón, ni rencor
Por Alberto Adrianzén MERINO (*)

Beatriz Sarlo, una de las más brillantes intelectuales de Argentina, ha dicho "que es errado hacer política presente convocando a la historia". Es cierto, la historia no tiene fines ni metas. Sin embargo, se puede decir también que es un error hacer política olvidando a la historia. Sin memoria, la sociedad sería un caos. La memoria es, pues, clave cuando se trata de reconstruir sociedades.

Decimos esto porque el día jueves, el congresista Edgar Núñez, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, y otros congresistas apristas y fujimoristas han presentado un proyecto de ley que pretende amnistiar a los comandos del operativo Chavín de Huántar y crear una comisión ad-hoc para evaluar, calificar y proponer amnistiar al personal policial y militar "defensor del Estado de Derecho y de la democracia".

Este hecho de por sí escandaloso, lo es aún más cuando se sabe, como dice la abogada de APRODEH Gloria Cano, que no existe ningún miembro del comando Chavín de Huántar que esté siendo juzgado o investigado por dicho operativo, y que los únicos que lo están por este hecho son: Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Jesús Zamudio Aliaga y Roberto Huamán Azcurra. A ello se suma, que Williams Zapata y Carlos Tello Aliaga, que participaron en este operativo, son procesados por otros hechos, el primero por la masacre de Accomarca en 1985 y el segundo por la masacre del Frontón en 1986. Ambos sucesos ocurridos en el primer gobierno de Alan García. No está demás decir, como también señala Gloria Cano, que las amnistías son generales y no a título individual, y que no proceden "en caso de violación a los derechos humanos, así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos y el Tribunal Constitucional en diversos fallos. Las amnistías solo proceden para delitos políticos y no para delitos comunes y menos para delitos de lesa humanidad, el Estado estaría violando nuevamente el tratado de San José de Costa Rica". Y si a ello le añadimos la famosa comisión ad-hoc, integrada casi únicamente por miembros del ejecutivo, porque la Defensoría del Pueblo ya ha señalado que no la integrará, resulta evidente que se quiere crear una suerte de Contra Comisión de la Verdad. La ofensiva del militarismo es, pues, más que evidente.


Pero lo que más llama la atención de este hecho, es lo poco que hemos aprendido (en realidad no queremos aprender hasta ahora) del conflicto interno. Josep Pico en su libro Los años dorados de la Sociología dice que el fin de la Segunda Guerra Mundial dio paso en Inglaterra a un espíritu reformista que ponía énfasis en "la igualdad del sacrificio y la hostilidad hacia los privilegios establecidos en la preguerra". En el Perú muy poco pasó de esto. El gran intento reformista, cuando se creó la Comisión de la Verdad durante el gobierno de Valentía Paniagua, fue atacado, no solo por los militares y el fujimorismo que buscaban la impunidad, sino también por otros sectores que se negaban a entender que el conflicto interno (o la guerra interna) fue también consecuencia de sus privilegios. A ello se sumó, como siempre sucede, la lenidad del Estado y el irrefrenable militarismo de algunos políticos. El debate famoso sobre el número de muertos durante los años de la violencia es, acaso, la mejor expresión de una negación sistemática e histórica del otro, pero también de una miopía política a la que se suma la ausencia de una mínima sensibilidad social.

Sin embargo, es difícil borrar la memoria de una sociedad. El mejor ejemplo de ello es lo que viene sucediendo en España. En estos últimos años se ha desarrollado todo un movimiento de recuperación de la memoria histórica para saber qué pasó en la Guerra Civil y durante la dictadura de Franco ya que la amnistía de 1977 decidió evadir este tema como una las condiciones para posibilitar la democracia. Hoy ese movimiento es realmente importante ya que no solo ha posibilitado que se cree la primera Comisión de la Verdad, en Valencia, sino también que se apruebe la Ley de la Memoria el 31 de diciembre del año pasado, lo que ha permitido que se comience a investigar los crímenes de lesa humanidad en ese periodo. A ello hay que sumarle un nuevo clima cultural que se expresa en novelas como Los soldados de Salamina y Los girasoles ciegos (ambas llevadas al cine) o La voz dormida, y en películas como Las trece rosas, o la próxima sobre la vida del comunista Marcos Ana, el preso político más famoso del franquismo que se hizo poeta en su largo cautiverio, que filmará Pedro Almodóvar.

Como lo demuestra ahora España, ya antes otros países, la memoria de una sociedad no puede ser borrada, porque un pueblo que no sabe de dónde viene tampoco sabe a dónde va. Como dice D. Lacapra (Escribir la historia, escribir el trauma), "cuando la pérdida se convierte en ausencia, se llega a un punto muerto de melancolía, duelo imposible… en el que cualquier proceso de elaboración del pasado y sus pérdidas queda…abortado prematuramente". Por eso, la amnesia histórica es un atributo de los gobiernos autoritarios que solo buscan apropiarse de la sociedad y de la historia para ponerla al servicio de una minoría.


(*) www.albertoadrianzen.org

SE INICIA PROCESO DEL CASO SAUL CANTORAL

SE INICIA PROCESO DEL CASO SAÚL CANTORAL

Los familiares del dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní se muestran optimistas ante el inicio del proceso contra presuntos integrantes del grupo paramilitar autodenominado "Comando Rodrigo Franco" por el cuarto juzgado penal supraprovincial (Jr. Uruguay 145-Ceraco de Lima). El proceso se inicia el lunes 27 de octubre a primeras horas de la mañana.

25 de octubre de 2008

Familiares de Saúl Cantoral

RESEÑA DE SAUL CANTORAL

Cantoral era Secretario General de la Federación Minera cuando el 13 de febrero de 1989 fue asesinado con 7 disparos por el Comando Rodrigo Franco a cargo del entonces Ministro del Interior Agustín Mantilla en el Gobierno del Ex - Presidente Alan Garcia Pérez.

Recordemos que en 1987 fue elegido Secretario General de la Federación Nacional del Trabajadores mineros y Metalúrgicos del Perú. Tras su elección, la F.N.T.M.M.P. tomó otro perfil y empezó a dinamizar a los sindicatos bases. El 17 de julio de 1988, ante la negativa del gobierno y empresarios de escuchar los reclamos de los mineros presentados en el Pliego Nacional Minero, se inicia la I Huelga General. La huelga concluyó el 16 de agosto de ese año. Más de 60 mil trabajadores se sumaron a ella, afectando así al 90% de la producción minera. Según el gobierno se perdieron 120 millones de dólares.

Antes de que concluyera la huelga, hacia el 9 de agosto, Saúl Cantoral fue secuestrado y torturado. Durante su secuestro le conminaron a levantar la huelga minera y le inyectaron sustancias venenosas para que sufra derrames cerebrales. No lo lograron debido a la fortaleza física y mental de Saúl pero su salud se deterioró.

El 13 de febrero de 1989 alrededor de las 8:00 p.m. fue secuestrado junto a Consuelo Garcia, posteriormente a las 11:15 p.m. se encontró el cadáver de Saúl Cantoral en el Parque Wiracocha de Cantogrande. Tenía 7 orificios de bala, a 12 metros de distancia yacía el cadáver de Consuelo García, quien tenía un rozón de bala en el cráneo y había sido atropellada en forma inmisericorde.