COMUNICADO
ANTE LA SENTENCIA AL EX DICTADOR FUJIMORI POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, EL MOVIMIENTO MACROREGIONAL PROYECTO PUEBLO DECLARA LO SIGUIENTE:
La sentencia de 25 años de cárcel al ex dictador Fujimori por crímenes de lesa humanidad, es un hecho histórico para el país, puesto que se hace justicia y nos hace renovar nuestra confianza sobre el destino de nuestra patria como un lugar en el que una democracia auténtica, la justicia social, la plena vigencia de los derechos humanos sean posibles. Se tiene ganada una batalla importante ante la infamia que nos gobernó y el modelo económico, político y cultural que son todavía su perverso legado: el modelo neoliberal que de manera autoritaria, represiva sigue haciendo del Estado un arma contra sus ciudadanos para defender y ampliar los privilegios de los grandes grupos de poder trasnacionalizados y sus funcionarios que hoy nos gobiernan.
Fujimori, y todos los que defienden el actual orden de cosas, sostienen que el gran mérito de su gobierno fue derrotar al terrorismo y poner orden en el país, reinsertándonos en la economía mundial, enrumbándonos así por la senda del progreso. En esa medida, se justifican las atrocidades cometidas o se condena “lo malo” de su gobierno. Nosotros tenemos una lectura diferente: la violencia desatada desde los ochentas fue expresión de los grandes y mortales desencuentros en nuestro país ante los cuáles ciertos sectores, de derecha o de izquierda, asumieron como única salida posible el autoritarismo. Vivíamos entonces un momento a nivel internacional de derrota del movimiento popular ante el fracaso del “socialismo realmente existente” y la contraofensiva del capital, apareciendo como única opción el neoliberalismo como modelo a todo nivel. Se generó una situación de crisis económica y social a la cual la violencia de los grupos armados (el sectarismo terrorista de Sendero Luminoso, el militarismo del MRTA) y la violencia estatal (terrorismo de estado) alimentaron generando un ambiente de zozobra.
Era el caldo de cultivo perfecto para la otra cara de la violencia “subversiva”, la del autoritarismo y la violencia derechista que impondría el excluyente, antidemocrático y antinacional modelo neoliberal, el que se instaló con el apoyo de la mayoría de peruanos. Así, la guerra sucia terminó sirviendo a la destrucción del movimiento popular y la democracia limitada que vivimos entonces. El gobierno de Fujimori, aprovechando un golpe de mano de la inteligencia del Estado para capturar a las dirigencias de los grupos alzados en armas, el descrédito de los partidos políticos, y la mentira (recordemos que se vendió como alternativa para detener el schock neoliberal), terminaría erigiendo una dictadura a partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Como dice la sentencia del tribunal que lo ha juzgado, la dictadura no sólo acabó con la división de poderes, y enterró la constitución de 1979 para implantar una constitución –la de 1993- de manera espuria que favorecía los grupos de poder económico; ésta montó una maquinaria corrupta y criminal para hacer esto posible. Los asesinatos del Grupo paramilitar Colina se inscriben en ese contexto, como los operativos psicosociales a través de una prensa comprada, y las acciones de unas Fuerzas Armadas dirigida por generales corruptos, avalados por la derecha política.
El verdadero legado del Fujimorismo ha sido éste: que aún a pesar de las formas democráticas de hoy, se viene consolidando los privilegios de unos pocos que siguen haciendo negocios –corruptamente por supuesto- a costa de los recursos de los peruanos, de su trabajo, con el mismo apoyo de los grandes medios de comunicación que siguen buscando la impunidad y desviar la atención ciudadana de los asuntos públicos. Se siguen dando normas represivas criminalizando la protesta social e incluso abiertamente se pretende “evitar” que los candidatos que no concuerdan con el modelo ganen las elecciones.
La declaración de culpabilidad y la sentencia a Fujimori es un paso importante en la tarea histórica de abrir un nuevo curso histórico para el país, para su refundación. Esta sentencia desnuda de cuerpo entero a la mafia que nos gobernó y a la que ahora nos gobierna. Vientos libertarios recorren el continente y el modelo neoliberal es puesto en cuestión a nivel global por una de las más profundas crisis del capitalismo y las consecuencias de su “progreso” que se evidencian en los peligros de la guerra y la destrucción de la naturaleza. La gran mayoría de peruanos ya no se traga eso de la “mano dura que hace falta”, o de la “mano invisible del mercado” que lo resuelve todo, mucho menos que hay que olvidar lo ocurrido legitimando la acción de los criminales. El pueblo peruano busca construir un nuevo proyecto de país, tarea frente a la cual debemos estar a la altura. Proyecto Pueblo pretende hacerse parte de este esfuerzo, afirmándonos en la tarea generacional de renovar la política, impulsar el protagonismo popular y asumir los retos que nos plantea este momento difícil de la humanidad, para edificar un mundo emancipado, rescatando nuestras raíces.
Queremos hacer un tributo para todas las víctimas de la dictadura fujimorista y para el valiente pueblo peruano que luchó contra ella y que hoy se esfuerza por construir una alternativa popular, unitaria y democrática. Igualmente reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la impunidad dee los asesinos que áun nos gobiernan.
Cusco, 08 de abril de 2009
MOVIMIENTO MACROREGIONAL PROYECTO PUEBLO
www.proyectopueblo.blogspot.com
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jueves, 9 de abril de 2009
miércoles, 8 de abril de 2009
LA DERROTA DEL FUJIMORISMO/ ALBERTO ADRIANZEN
La derrota del fujimorismo
Sáb, 04/04/2009
Por Alberto Adrianzén M. (*)(Diario La República)
El fin del juicio a Alberto Fujimori y su posterior condena puede ser aquella segunda oportunidad –que muchos reclaman y esperan, pero que pocos tienen en la vida– para producir lo que podemos llamar un “ajuste de cuentas” con el fujimorismo e infligirle una derrota histórica.
Porque el dato sobre el fujimorismo ha sido no solo su capacidad de sobrevivir sino, incluso, de progresar políticamente. Ello ha sido posible gracias a la ayuda permanente con la que ha contado en estos años, pero sobre todo en estos últimos tiempos. Llevar como vicepresidentes a dos fujimoristas, como ha hecho Alan García, es un dato, sin duda, a tomar en cuenta. También las alianzas que el aprismo y la derecha han establecido con este sector en el parlamento, así como la ayuda de algunos medios de comunicación que pasaron a convertirse en verdaderas cajas de resonancia de las huestes fujimoristas y del propio Fujimori. La transmisión en varios medios de comunicación (ello incluye al Canal 7), prácticamente toda una cadena nacional, de la supuesta defensa de Alberto Fujimori en estos días finales del juicio –cuando no transmitieron, salvo honrosas excepciones como el Canal N, la acusación del fiscal y de los abogados de la parte civil– es una muestra clara de favoritismo político.
Ello demuestra a estas alturas que los sectores que fueron el soporte del fujimorismo permanecen intactos. Estamos hablando de los grandes grupos económicos, de los militares, de dueños de medios de comunicación, de curas reaccionarios y de un grupo de tecnócratas e intermediarios mediáticos que operan como propagandistas y defensores de estos intereses. La expresión de ello no es solo la continuidad del modelo económico neoliberal sino también el creciente poder que las FFAA (incluyo a los aparatos de inteligencia) han ido recuperando, la impunidad y al que se suma un poder mediático que permanece intocado hasta estos días. Y si bien este continuismo comenzó en el gobierno anterior, con el actual alcanza niveles francamente fanatizados convirtiéndolo en calco y copia del modelo fujimorista por la abierta sociedad que hoy existe entre corrupción y negocios con el Estado.
Y así como se mantienen los sectores que fueron el soporte del fujimorismo, también podemos decir lo mismo de las condiciones políticas. Con ello hacemos referencia a esta combinación (que es al mismo tiempo una relación).
entre un sistema político débil (incluyo a los partidos) y un Estado privatizado por los grandes intereses y los poderes fácticos, que reemplaza las mediaciones políticas con los sectores sociales por las relaciones con los lobbies y privilegia el hiperpresidencialismo como principal vínculo político con la sociedad. A ello se suma un discurso que busca liquidar al otro. Por eso, lo que sobresale, primero, son los insultos y, luego, los intentos abiertos, por destruir a los opositores. En este contexto, las elecciones se convierten no en un proceso reglado para dirimir los desacuerdos entre diversas opciones políticas sino más bien, como fue en el fujimorismo, en un rito y al mismo tiempo en el campo de batalla ya que se busca destruir al adversario antes que ocurra el acto electoral. Las recientes declaraciones del presidente García respecto a la necesidad de controlar las futuras elecciones configuran, justamente, una lógica autoritaria y fraudulenta que nada tiene que ver con la democracia.
Pero, finalmente, lo que exacerba este continuismo fujimorista no es tanto el futuro penal de Alberto Fujimori –lo más probable es que lo condenen– sino más bien la presencia de liderazgos alternativos que proponen terminar con el modelo económico neoliberal, con la política autoritaria y luchar contra la impunidad. En realidad, los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad (también los corruptos) parecen convencerse crecientemente que para detener este cambio, solo les queda replicar o copiar el modelo fujimorista o, simplemente, apoyar abiertamente a Keiko Fujimori como opción política, declarada, recientemente por su padre, como su sucesora.
Por eso las próximas elecciones adquieren un valor estratégico que consiste, como bien dijo Valentín Paniagua, en su discurso de asunción a la presidencia en el 2000, en clausurar una etapa autoritaria en el país y abrir un nuevo ciclo democrático. Dicho en otros términos, en provocar una ruptura con el pasado para construir las bases de una refundación de la nación y de una nueva mayoría política capaz de iniciar la transformación del país.
En ese sentido lo que está en juego en las próximas elecciones no es solo el triunfo de un candidato sino también las posibilidades de poner fin al modelo económico, al autoritarismo, a la corrupción y de transformar nuestra democracia. Y una condición fundamental para ello radica, justamente, en derrotar al fujimorismo, a sus aliados y a sus imitadores.
Nota: Este columnista se solidariza con Fernando Rospigliosi.
(*) www.albertoadrianzen.org
Sáb, 04/04/2009
Por Alberto Adrianzén M. (*)(Diario La República)
El fin del juicio a Alberto Fujimori y su posterior condena puede ser aquella segunda oportunidad –que muchos reclaman y esperan, pero que pocos tienen en la vida– para producir lo que podemos llamar un “ajuste de cuentas” con el fujimorismo e infligirle una derrota histórica.
Porque el dato sobre el fujimorismo ha sido no solo su capacidad de sobrevivir sino, incluso, de progresar políticamente. Ello ha sido posible gracias a la ayuda permanente con la que ha contado en estos años, pero sobre todo en estos últimos tiempos. Llevar como vicepresidentes a dos fujimoristas, como ha hecho Alan García, es un dato, sin duda, a tomar en cuenta. También las alianzas que el aprismo y la derecha han establecido con este sector en el parlamento, así como la ayuda de algunos medios de comunicación que pasaron a convertirse en verdaderas cajas de resonancia de las huestes fujimoristas y del propio Fujimori. La transmisión en varios medios de comunicación (ello incluye al Canal 7), prácticamente toda una cadena nacional, de la supuesta defensa de Alberto Fujimori en estos días finales del juicio –cuando no transmitieron, salvo honrosas excepciones como el Canal N, la acusación del fiscal y de los abogados de la parte civil– es una muestra clara de favoritismo político.
Ello demuestra a estas alturas que los sectores que fueron el soporte del fujimorismo permanecen intactos. Estamos hablando de los grandes grupos económicos, de los militares, de dueños de medios de comunicación, de curas reaccionarios y de un grupo de tecnócratas e intermediarios mediáticos que operan como propagandistas y defensores de estos intereses. La expresión de ello no es solo la continuidad del modelo económico neoliberal sino también el creciente poder que las FFAA (incluyo a los aparatos de inteligencia) han ido recuperando, la impunidad y al que se suma un poder mediático que permanece intocado hasta estos días. Y si bien este continuismo comenzó en el gobierno anterior, con el actual alcanza niveles francamente fanatizados convirtiéndolo en calco y copia del modelo fujimorista por la abierta sociedad que hoy existe entre corrupción y negocios con el Estado.
Y así como se mantienen los sectores que fueron el soporte del fujimorismo, también podemos decir lo mismo de las condiciones políticas. Con ello hacemos referencia a esta combinación (que es al mismo tiempo una relación).
entre un sistema político débil (incluyo a los partidos) y un Estado privatizado por los grandes intereses y los poderes fácticos, que reemplaza las mediaciones políticas con los sectores sociales por las relaciones con los lobbies y privilegia el hiperpresidencialismo como principal vínculo político con la sociedad. A ello se suma un discurso que busca liquidar al otro. Por eso, lo que sobresale, primero, son los insultos y, luego, los intentos abiertos, por destruir a los opositores. En este contexto, las elecciones se convierten no en un proceso reglado para dirimir los desacuerdos entre diversas opciones políticas sino más bien, como fue en el fujimorismo, en un rito y al mismo tiempo en el campo de batalla ya que se busca destruir al adversario antes que ocurra el acto electoral. Las recientes declaraciones del presidente García respecto a la necesidad de controlar las futuras elecciones configuran, justamente, una lógica autoritaria y fraudulenta que nada tiene que ver con la democracia.
Pero, finalmente, lo que exacerba este continuismo fujimorista no es tanto el futuro penal de Alberto Fujimori –lo más probable es que lo condenen– sino más bien la presencia de liderazgos alternativos que proponen terminar con el modelo económico neoliberal, con la política autoritaria y luchar contra la impunidad. En realidad, los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad (también los corruptos) parecen convencerse crecientemente que para detener este cambio, solo les queda replicar o copiar el modelo fujimorista o, simplemente, apoyar abiertamente a Keiko Fujimori como opción política, declarada, recientemente por su padre, como su sucesora.
Por eso las próximas elecciones adquieren un valor estratégico que consiste, como bien dijo Valentín Paniagua, en su discurso de asunción a la presidencia en el 2000, en clausurar una etapa autoritaria en el país y abrir un nuevo ciclo democrático. Dicho en otros términos, en provocar una ruptura con el pasado para construir las bases de una refundación de la nación y de una nueva mayoría política capaz de iniciar la transformación del país.
En ese sentido lo que está en juego en las próximas elecciones no es solo el triunfo de un candidato sino también las posibilidades de poner fin al modelo económico, al autoritarismo, a la corrupción y de transformar nuestra democracia. Y una condición fundamental para ello radica, justamente, en derrotar al fujimorismo, a sus aliados y a sus imitadores.
Nota: Este columnista se solidariza con Fernando Rospigliosi.
(*) www.albertoadrianzen.org
LEGUÍA Y FUJIMORI/ ANTONIO ZAPATA
Leguía y Fujimori
Mié, 08/04/2009
Por Antonio Zapata (Diario La República)
En el siglo XX, el único antecedente de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori es el juicio al ex presidente Augusto B. Leguía. Pero, Leguía no fue sentenciado, terminó el juicio y pasaron diez meses sin que se lea sentencia alguna, ni condena ni absolución. Al cabo de ese lapso, Leguía murió y formalmente el juicio fue sobreseído. No obstante la trascendencia política del oncenio, el juicio a Leguía no influyó en la vida política peruana de las décadas siguientes. No fue ejemplar ni sirvió para mejorar los procedimientos políticos en el país. El juicio a Leguía padeció de tantos yerros que sus posibles lecciones se esfumaron.
En su alegato final, el abogado de Leguía, Alfonso Benavides Laredo, argumentó tres puntos esenciales. En primer lugar, sostuvo que el Tribunal de Sanción era ilegítimo. Su punto era que no respetaba el principio del juez natural. Es decir, no se había seguido el procedimiento indicado en la Constitución para juzgar a un ex presidente. Por el contrario, se había creado un tribunal ad hoc integrado por notorios enemigos del régimen caído. En este sentido, Benavides argumentó que el tribunal mismo era ilegal.
En segundo lugar, el letrado defensor de Leguía argumentó que el ex presidente era pobre. Sostuvo que Leguía carecía de recursos económicos. Presentó pruebas y expuso cómo su defendido se había empobrecido en el cargo. Entró solvente y salió sin un centavo. En este término, Benavides argumentó que no había pie para la acusación de enriquecimiento ilegítimo, pues el ex presidente, por el contrario, se había empobrecido notoriamente.
Finalmente, Benavides deslindó al ex presidente de sus hijos. Sostuvo que quizá ellos habían robado o abusado del poder. Pero, que él no era sus hijos. No se lo podía juzgar por actos cometidos por otras personas, así fueran sus parientes más íntimos.
Ninguno de estos tres alegatos ha sido suscrito por el doctor Nakazaki. Por el contrario, él ha tenido que aceptar la legalidad del proceso, sin cuestionar en ningún momento la legalidad del Tribunal. Así ha sido porque el Poder Judicial peruano ha cumplido estrictamente el debido proceso. Al aceptar al Tribunal durante el proceso, ahora Nakazaki no puede cuestionar el resultado. Puede apelar, pero no argumentar contra la legalidad del proceso.
En segundo lugar, Nakazaki no puede alegar la pobreza de su defendido. Por el contrario, sobran las evidencias de su fortuna personal. Por ejemplo, después que salió de su confortable refugio japonés, fletó un avión para viajar a Chile, vivió como un rey en ese país, habiendo fijado residencia en el barrio más retirado y aristocrático de Santiago. A ello se suma una larga cadena de evidencias de recursos económicos en poder del ex presidente Fujimori.
Por último, no ha zanjado con otras personas. Por el contrario, ni mencionó a Montesinos ni Hermoza. Con su silencio cargó con el pasivo de ambos personajes. Asimismo, consagró a dos de sus hijos como herederos políticos y se ha jugado por un movimiento político que deja en herencia.
Estas tres razones hacen que el juicio a Fujimori posiblemente quedé registrado en la historia como un suceso capital. No será olvidado como sucedió con Leguía. Por el contrario, la condena a Fujimori quedará en la historia como una sanción ejemplar que ha de modelar la historia peruana a futuro. Hay herederos que habrá de combatir, una plata robada por la cual responder y una condena ejemplar por DDHH en el juicio más pulcro de la historia patria.
El poder político ha perdido impunidad. A partir de ahora, los gobernantes saben que pueden terminar de esa misma manera. Por ello, tendrán que andar con cuidado y cumplir la ley. Es lo mejor que podría pasarle al Perú. Que el poder se resigne a regirse por las normas que lo igualan al resto de la ciudadanía.
Mié, 08/04/2009
Por Antonio Zapata (Diario La República)
En el siglo XX, el único antecedente de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori es el juicio al ex presidente Augusto B. Leguía. Pero, Leguía no fue sentenciado, terminó el juicio y pasaron diez meses sin que se lea sentencia alguna, ni condena ni absolución. Al cabo de ese lapso, Leguía murió y formalmente el juicio fue sobreseído. No obstante la trascendencia política del oncenio, el juicio a Leguía no influyó en la vida política peruana de las décadas siguientes. No fue ejemplar ni sirvió para mejorar los procedimientos políticos en el país. El juicio a Leguía padeció de tantos yerros que sus posibles lecciones se esfumaron.
En su alegato final, el abogado de Leguía, Alfonso Benavides Laredo, argumentó tres puntos esenciales. En primer lugar, sostuvo que el Tribunal de Sanción era ilegítimo. Su punto era que no respetaba el principio del juez natural. Es decir, no se había seguido el procedimiento indicado en la Constitución para juzgar a un ex presidente. Por el contrario, se había creado un tribunal ad hoc integrado por notorios enemigos del régimen caído. En este sentido, Benavides argumentó que el tribunal mismo era ilegal.
En segundo lugar, el letrado defensor de Leguía argumentó que el ex presidente era pobre. Sostuvo que Leguía carecía de recursos económicos. Presentó pruebas y expuso cómo su defendido se había empobrecido en el cargo. Entró solvente y salió sin un centavo. En este término, Benavides argumentó que no había pie para la acusación de enriquecimiento ilegítimo, pues el ex presidente, por el contrario, se había empobrecido notoriamente.
Finalmente, Benavides deslindó al ex presidente de sus hijos. Sostuvo que quizá ellos habían robado o abusado del poder. Pero, que él no era sus hijos. No se lo podía juzgar por actos cometidos por otras personas, así fueran sus parientes más íntimos.
Ninguno de estos tres alegatos ha sido suscrito por el doctor Nakazaki. Por el contrario, él ha tenido que aceptar la legalidad del proceso, sin cuestionar en ningún momento la legalidad del Tribunal. Así ha sido porque el Poder Judicial peruano ha cumplido estrictamente el debido proceso. Al aceptar al Tribunal durante el proceso, ahora Nakazaki no puede cuestionar el resultado. Puede apelar, pero no argumentar contra la legalidad del proceso.
En segundo lugar, Nakazaki no puede alegar la pobreza de su defendido. Por el contrario, sobran las evidencias de su fortuna personal. Por ejemplo, después que salió de su confortable refugio japonés, fletó un avión para viajar a Chile, vivió como un rey en ese país, habiendo fijado residencia en el barrio más retirado y aristocrático de Santiago. A ello se suma una larga cadena de evidencias de recursos económicos en poder del ex presidente Fujimori.
Por último, no ha zanjado con otras personas. Por el contrario, ni mencionó a Montesinos ni Hermoza. Con su silencio cargó con el pasivo de ambos personajes. Asimismo, consagró a dos de sus hijos como herederos políticos y se ha jugado por un movimiento político que deja en herencia.
Estas tres razones hacen que el juicio a Fujimori posiblemente quedé registrado en la historia como un suceso capital. No será olvidado como sucedió con Leguía. Por el contrario, la condena a Fujimori quedará en la historia como una sanción ejemplar que ha de modelar la historia peruana a futuro. Hay herederos que habrá de combatir, una plata robada por la cual responder y una condena ejemplar por DDHH en el juicio más pulcro de la historia patria.
El poder político ha perdido impunidad. A partir de ahora, los gobernantes saben que pueden terminar de esa misma manera. Por ello, tendrán que andar con cuidado y cumplir la ley. Es lo mejor que podría pasarle al Perú. Que el poder se resigne a regirse por las normas que lo igualan al resto de la ciudadanía.
EL CONTINUISMO DEL FUJIMORISMO ECONÓMICO/ HUMBERTO CAMPODÓNICO
El continuismo del fujimorismo económico
Mié, 08/04/2009
Por Humberto Campodónico (Diario La República)
La condena a 25 años de prisión a Alberto Fujimori hace justicia a las víctimas de hace 17 años. Es, indudablemente, un gigantesco paso adelante del Perú como nación, pues indica que sí se puede hacer frente a los crímenes, no importa cuán alta sea la investidura del que los comete. También es un gran paso adelante del Poder Judicial, lo que debe consolidarse en una implacable lucha contra la corrupción.
Dicho esto, también hay que tener en cuenta que bajo Fujimori-Montesinos hubo una enorme corrupción económica la que, quizá, tuvo sus hitos más altos en el robo de los dineros de la privatización para la compra de armas. Centenares de millones de dólares fueron a parar a cuentas secretas, bajo la sola firma de los funcionarios de turno. Para muestra un botón: el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza admitió la apropiación ilícita de nada menos que US$ 20 millones.
En el terreno económico, el régimen de Fujimori acabó con la descentralización y desmanteló el aparato del Estado, creando en su lugar instituciones como Pronamachcs, Infes y Foncodes (en un segundo momento) con las que realizaba inversiones por las cuales aún es ampliamente recordado en el país. Así, el caudillo neoliberal regalaba colegios, computadoras, postas médicas y bolsas de alimentos. Esta política fue apuntalada por el Banco Mundial y el BID, con préstamos de US$ 3,100 y US$ 2,640 millones, respectivamente, de 1991 a 1999.
Pero quizá el legado económico más negativo de Fujimori consiste en pensar que el desarrollo se logra con la apertura irrestricta a la inversión extranjera, complementada con una política de desprecio hacia el capital nacional y el mercado interno (rebajas unilaterales de aranceles) y la ignorancia acerca del rol de las empresas estatales en sectores estratégicos, planteando su remate en el menor tiempo posible.
Esto se plasmó en el régimen económico de la Constitución de 1993, que consagra la “igualdad de trato” entre el capital extranjero y el nacional (Art. 63), lo que no está en ninguna Constitución de América Latina, ni de EEUU, ni de Europa. Al otorgar graciosamente la igualdad de trato, se entrega también el mercado interno.
Lo mismo sucede con los contratos de estabilidad jurídica (Art. 62), que no pueden siquiera ser modificados por el Congreso, sino solo por “acuerdo entre las partes”. Invocando esta “santidad de los contratos”, no se aplicó el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras por el alza extraordinaria de precios y no se recaudaron miles de millones de dólares.
También está la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (Art. 60). Por eso en el Perú ya murieron y/o languidecen las empresas públicas peruanas, pero florecen las extranjeras: ISA de Colombia (torres eléctricas), ENAP de Chile (grifos Primax), Sonatrach de Argelia (Camisea), Petrobrás (en Talara), Ecopetrol de Colombia (en Talara), las chinas Sapet (en Talara, el Lote 8 y el 1AB) y Shougang (en Marcona).
La cuestión de fondo es el modelo neoliberal de los 90 que afirma que el “libre mercado” soluciona todos los problemas económicos. Lo que ha hecho en realidad es propiciar un crecimiento económico que beneficia a unos pocos, acaba con los derechos laborales, a la vez que disminuye la capacidad recaudadora del Estado, ahonda las desigualdades y fractura al país, sobre todo a los sectores rurales más pobres.
Por eso, el reto económico que nos trae la crisis económica mundial –provocada por las mismas políticas de libre mercado y desregulación total– solo puede ser superado dejando de lado el economicismo puro del neoliberalismo para avanzar en un nuevo equilibrio entre el rol del mercado y el del Estado, consolidando la descentralización y la participación ciudadana.
El problema es que en lo económico, el continuismo neoliberal ha sido la norma en los gobiernos de Toledo y de García. A eso se debe, seguramente, la simpatía de sectores empresariales por Fujimori: quieren mantener el statu quo que se puso en marcha bajo su gobierno. He allí un problema que no se soluciona con la justa condena de Fujimori.
Mié, 08/04/2009
Por Humberto Campodónico (Diario La República)
La condena a 25 años de prisión a Alberto Fujimori hace justicia a las víctimas de hace 17 años. Es, indudablemente, un gigantesco paso adelante del Perú como nación, pues indica que sí se puede hacer frente a los crímenes, no importa cuán alta sea la investidura del que los comete. También es un gran paso adelante del Poder Judicial, lo que debe consolidarse en una implacable lucha contra la corrupción.
Dicho esto, también hay que tener en cuenta que bajo Fujimori-Montesinos hubo una enorme corrupción económica la que, quizá, tuvo sus hitos más altos en el robo de los dineros de la privatización para la compra de armas. Centenares de millones de dólares fueron a parar a cuentas secretas, bajo la sola firma de los funcionarios de turno. Para muestra un botón: el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza admitió la apropiación ilícita de nada menos que US$ 20 millones.
En el terreno económico, el régimen de Fujimori acabó con la descentralización y desmanteló el aparato del Estado, creando en su lugar instituciones como Pronamachcs, Infes y Foncodes (en un segundo momento) con las que realizaba inversiones por las cuales aún es ampliamente recordado en el país. Así, el caudillo neoliberal regalaba colegios, computadoras, postas médicas y bolsas de alimentos. Esta política fue apuntalada por el Banco Mundial y el BID, con préstamos de US$ 3,100 y US$ 2,640 millones, respectivamente, de 1991 a 1999.
Pero quizá el legado económico más negativo de Fujimori consiste en pensar que el desarrollo se logra con la apertura irrestricta a la inversión extranjera, complementada con una política de desprecio hacia el capital nacional y el mercado interno (rebajas unilaterales de aranceles) y la ignorancia acerca del rol de las empresas estatales en sectores estratégicos, planteando su remate en el menor tiempo posible.
Esto se plasmó en el régimen económico de la Constitución de 1993, que consagra la “igualdad de trato” entre el capital extranjero y el nacional (Art. 63), lo que no está en ninguna Constitución de América Latina, ni de EEUU, ni de Europa. Al otorgar graciosamente la igualdad de trato, se entrega también el mercado interno.
Lo mismo sucede con los contratos de estabilidad jurídica (Art. 62), que no pueden siquiera ser modificados por el Congreso, sino solo por “acuerdo entre las partes”. Invocando esta “santidad de los contratos”, no se aplicó el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras por el alza extraordinaria de precios y no se recaudaron miles de millones de dólares.
También está la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (Art. 60). Por eso en el Perú ya murieron y/o languidecen las empresas públicas peruanas, pero florecen las extranjeras: ISA de Colombia (torres eléctricas), ENAP de Chile (grifos Primax), Sonatrach de Argelia (Camisea), Petrobrás (en Talara), Ecopetrol de Colombia (en Talara), las chinas Sapet (en Talara, el Lote 8 y el 1AB) y Shougang (en Marcona).
La cuestión de fondo es el modelo neoliberal de los 90 que afirma que el “libre mercado” soluciona todos los problemas económicos. Lo que ha hecho en realidad es propiciar un crecimiento económico que beneficia a unos pocos, acaba con los derechos laborales, a la vez que disminuye la capacidad recaudadora del Estado, ahonda las desigualdades y fractura al país, sobre todo a los sectores rurales más pobres.
Por eso, el reto económico que nos trae la crisis económica mundial –provocada por las mismas políticas de libre mercado y desregulación total– solo puede ser superado dejando de lado el economicismo puro del neoliberalismo para avanzar en un nuevo equilibrio entre el rol del mercado y el del Estado, consolidando la descentralización y la participación ciudadana.
El problema es que en lo económico, el continuismo neoliberal ha sido la norma en los gobiernos de Toledo y de García. A eso se debe, seguramente, la simpatía de sectores empresariales por Fujimori: quieren mantener el statu quo que se puso en marcha bajo su gobierno. He allí un problema que no se soluciona con la justa condena de Fujimori.
UN DÍA DESPUÉS/ NELSON MANRIQUE
Un día después
Por Nelson Manrique (Diario La República)
La condena impuesta a Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer constituye un verdadero hito en la historia del Perú.
En los diecisiete años transcurridos desde que se perpetraron estos crímenes hubo que vencer obstáculos casi insuperables para lograr que se haga justicia y gran parte del mérito corresponde a los familiares de las víctimas, que a lo largo de su duro calvario contaron con el apoyo de grupos de defensores de los derechos humanos y especialmente de Aprodeh.
El esclarecimiento de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fue bloqueado desde cuando el general Nicolás de Bari Hermoza –utilizando su condición de comandante general del ejército– sacó los tanques a la calle para amenazar a quienes denunciaban el crimen. La bancada fujimorista recurrió luego a todas las artimañas posibles para intentar bloquear toda investigación; es de recordar a Martha Chávez argumentando que los estudiantes de La Cantuta se habían “autosecuestrado”.
A pesar de todo, la verdad fue abriéndose paso. El trabajo de la prensa independiente puso en evidencia la existencia del grupo Colina. En el camino quedaron la agente de inteligencia Mariella Barreto, compañera sentimental de Santiago Martin Rivas y madre de su hijo, asesinada y decapitada por atribuírsele haber filtrado información a la prensa. Leonor La Rosa, otra agente, fue torturada hasta dejarla parapléjica. Cuando la presión nacional e internacional obligó a juzgar a algunos integrantes del grupo Colina, el Parlamento fujimorista sustrajo a los procesados de la justicia civil para entregarlos a un tribunal militar que realizó un juicio en que ni siquiera se convocó a los altos mandos implicados y al que nadie tuvo acceso. Sentenciados los asesinos, fueron confinados en un encierro dorado, con sueldo completo y premios. Se amotinaron meses después, reclamando la amnistía que se les había prometido, a cambio de que eximieran de responsabilidad a los mayores responsables. Cumplió entonces el Parlamento fujimorista otorgando la ley de amnistía, ardorosamente defendida por Rafael Rey. Largo ha sido el camino recorrido para llegar a la ejemplar sentencia dictada por los magistrados César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.
El grupo Colina no solo asesinó a inocentes en Barrios Altos y La Cantuta sino hasta asesinó a trabajadores por contrata, como los campesinos del Santa, liquidados por sindicalistas, el secretario general de la Federación Minera del Perú, Saúl Cantoral, y el secretario general de la CGTP, Pedro Huilca Tecse. Fujimori es además responsable de la comisión de otros delitos abominables, como la esterilización sin su consentimiento de decenas de miles de mujeres peruanas.
Los 25 años de prisión de Fujimori hacen justicia, aunque estos últimos delitos no hayan sido motivo del juicio. Después de todo, a Al Capone no se le probó ningún crimen, y terminó en prisión por evasión de impuestos.
Como peruano, luego de la náusea de los escándalos político-delincuenciales de los últimos meses –cuyo colmo es la condena dictada contra Fernando Rospigliosi en el Parlamento, por los corruptos que él ha denunciado–, da gusto sentirse orgulloso de estos jueces.
Por Nelson Manrique (Diario La República)
La condena impuesta a Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer constituye un verdadero hito en la historia del Perú.
En los diecisiete años transcurridos desde que se perpetraron estos crímenes hubo que vencer obstáculos casi insuperables para lograr que se haga justicia y gran parte del mérito corresponde a los familiares de las víctimas, que a lo largo de su duro calvario contaron con el apoyo de grupos de defensores de los derechos humanos y especialmente de Aprodeh.
El esclarecimiento de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fue bloqueado desde cuando el general Nicolás de Bari Hermoza –utilizando su condición de comandante general del ejército– sacó los tanques a la calle para amenazar a quienes denunciaban el crimen. La bancada fujimorista recurrió luego a todas las artimañas posibles para intentar bloquear toda investigación; es de recordar a Martha Chávez argumentando que los estudiantes de La Cantuta se habían “autosecuestrado”.
A pesar de todo, la verdad fue abriéndose paso. El trabajo de la prensa independiente puso en evidencia la existencia del grupo Colina. En el camino quedaron la agente de inteligencia Mariella Barreto, compañera sentimental de Santiago Martin Rivas y madre de su hijo, asesinada y decapitada por atribuírsele haber filtrado información a la prensa. Leonor La Rosa, otra agente, fue torturada hasta dejarla parapléjica. Cuando la presión nacional e internacional obligó a juzgar a algunos integrantes del grupo Colina, el Parlamento fujimorista sustrajo a los procesados de la justicia civil para entregarlos a un tribunal militar que realizó un juicio en que ni siquiera se convocó a los altos mandos implicados y al que nadie tuvo acceso. Sentenciados los asesinos, fueron confinados en un encierro dorado, con sueldo completo y premios. Se amotinaron meses después, reclamando la amnistía que se les había prometido, a cambio de que eximieran de responsabilidad a los mayores responsables. Cumplió entonces el Parlamento fujimorista otorgando la ley de amnistía, ardorosamente defendida por Rafael Rey. Largo ha sido el camino recorrido para llegar a la ejemplar sentencia dictada por los magistrados César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.
El grupo Colina no solo asesinó a inocentes en Barrios Altos y La Cantuta sino hasta asesinó a trabajadores por contrata, como los campesinos del Santa, liquidados por sindicalistas, el secretario general de la Federación Minera del Perú, Saúl Cantoral, y el secretario general de la CGTP, Pedro Huilca Tecse. Fujimori es además responsable de la comisión de otros delitos abominables, como la esterilización sin su consentimiento de decenas de miles de mujeres peruanas.
Los 25 años de prisión de Fujimori hacen justicia, aunque estos últimos delitos no hayan sido motivo del juicio. Después de todo, a Al Capone no se le probó ningún crimen, y terminó en prisión por evasión de impuestos.
Como peruano, luego de la náusea de los escándalos político-delincuenciales de los últimos meses –cuyo colmo es la condena dictada contra Fernando Rospigliosi en el Parlamento, por los corruptos que él ha denunciado–, da gusto sentirse orgulloso de estos jueces.
JUICIO A FUJIMORI: UN PROCESO LIMPIO, UNA CONDENA JUSTA PARA INICIAR UN AUTÉNTICO CAMINO A LA RECONCILIACIÓN/SERGIO SULLCA
JUICIO A FUJIMORI: UN PROCESO LIMPIO, UNA CONDENA JUSTA PARA INICIAR UN AUTÉNTICO CAMINO A LA RECONCILIACIÓN
Sergio Sullca Condori
Emitida la sentencia contra el ex dictador del Perú Alberto Fujimori Fujimori, condenándolo a 25 años de pena privativa de libertad, aquí intento hacer unos comentarios respecto del significado del proceso seguido y su valor para iniciar un auténtico camino a la reconciliación entre peruanos.
En principio, es de saludar la pulcritud con la que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el Dr. César San Martín, ha llevado este complejo proceso. Alberto Fujimori no puede alegar en su defensa que se vulneraron sus derechos; la prensa internacional, así como organismos internacionales del prestigio de Amnistía Internacional por ejemplo, estuvieron pendientes en todo momento del desarrollo de los acontecimientos. El proceso fue limpio e imparcial a la luz de la normatividad vigente.
En segundo lugar, el contenido de la sentencia toma como marco contextual el INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, reconociendo su valor histórico, político y ahora JURÍDICO, una justa reivindicación al Informe que trató de ser borrado de la memoria de los peruanos por los sectores conservadores del país. Hoy este Informe es elevado a la categoría de precedente jurídico y servirá sin duda como referente importante en tantos y tantos casos que aún faltan ser resueltos en el Perú.
Ahora, la sentencia, sustentada en las pruebas indiciarias lógica y jurídicamente concatenadas, y la hipótesis de la autoría mediata sustentada por el Fiscal Supremo Adjunto Dr. Avelino Guillén, logró establecer la cadena de mando que llegaba desde el último sub oficial del grupo Colina hasta la mismísima presidencia de la República. Ello ahora es una verdad jurídica irrefutable por la cual Alberto Fujimori tenía el dominio de los hechos, es decir, Fujimori no solo tenía conocimiento de lo que ocurría sino que fue él junto a Montesinos quienes instituyeron el horroroso comando de aniquilamiento.
Consideramos, que las memorias colectivas del país se refrescan con esta sentencia y le enseñan a las generaciones actuales y futuras que la vida, la libertad, la justicia y la verdad SÍ existen en el Perú y que a partir de este hito podemos construir, ahora con más fuerza, el camino de la Reconciliación.
Hasta ahora las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos estuvieron estigmatizadas con el título de “terroristas” que el gobierno de Fujimori se encargó de enclavar en sus vidas, en su memoria y la de sus familias. Hoy luego de esta sentencia, el colegiado hizo justicia afirmando que no se trataba de “terroristas” sino de gente inocente que murió a manos del grupo Colina.
Desde Proyecto Pueblo, consideramos esta sentencia como trascendente y constituye un punto de inicio vital en la consolidación de un país en paz con verdad y justicia, arrinconando a aquellas fuerzas irracionales que siguen viviendo de espaldas al Perú y que hoy quieren levantar cabeza.
… Y por fin después de dos décadas, de persecuciones y mentiras…. La verdad por fin se abre paso en el Perú.
08 de abril de 2009.
*Secretario General Movimiento Macroregional Proyecto Pueblo del Cusco
Sergio Sullca Condori
Emitida la sentencia contra el ex dictador del Perú Alberto Fujimori Fujimori, condenándolo a 25 años de pena privativa de libertad, aquí intento hacer unos comentarios respecto del significado del proceso seguido y su valor para iniciar un auténtico camino a la reconciliación entre peruanos.
En principio, es de saludar la pulcritud con la que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el Dr. César San Martín, ha llevado este complejo proceso. Alberto Fujimori no puede alegar en su defensa que se vulneraron sus derechos; la prensa internacional, así como organismos internacionales del prestigio de Amnistía Internacional por ejemplo, estuvieron pendientes en todo momento del desarrollo de los acontecimientos. El proceso fue limpio e imparcial a la luz de la normatividad vigente.
En segundo lugar, el contenido de la sentencia toma como marco contextual el INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, reconociendo su valor histórico, político y ahora JURÍDICO, una justa reivindicación al Informe que trató de ser borrado de la memoria de los peruanos por los sectores conservadores del país. Hoy este Informe es elevado a la categoría de precedente jurídico y servirá sin duda como referente importante en tantos y tantos casos que aún faltan ser resueltos en el Perú.
Ahora, la sentencia, sustentada en las pruebas indiciarias lógica y jurídicamente concatenadas, y la hipótesis de la autoría mediata sustentada por el Fiscal Supremo Adjunto Dr. Avelino Guillén, logró establecer la cadena de mando que llegaba desde el último sub oficial del grupo Colina hasta la mismísima presidencia de la República. Ello ahora es una verdad jurídica irrefutable por la cual Alberto Fujimori tenía el dominio de los hechos, es decir, Fujimori no solo tenía conocimiento de lo que ocurría sino que fue él junto a Montesinos quienes instituyeron el horroroso comando de aniquilamiento.
Consideramos, que las memorias colectivas del país se refrescan con esta sentencia y le enseñan a las generaciones actuales y futuras que la vida, la libertad, la justicia y la verdad SÍ existen en el Perú y que a partir de este hito podemos construir, ahora con más fuerza, el camino de la Reconciliación.
Hasta ahora las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos estuvieron estigmatizadas con el título de “terroristas” que el gobierno de Fujimori se encargó de enclavar en sus vidas, en su memoria y la de sus familias. Hoy luego de esta sentencia, el colegiado hizo justicia afirmando que no se trataba de “terroristas” sino de gente inocente que murió a manos del grupo Colina.
Desde Proyecto Pueblo, consideramos esta sentencia como trascendente y constituye un punto de inicio vital en la consolidación de un país en paz con verdad y justicia, arrinconando a aquellas fuerzas irracionales que siguen viviendo de espaldas al Perú y que hoy quieren levantar cabeza.
… Y por fin después de dos décadas, de persecuciones y mentiras…. La verdad por fin se abre paso en el Perú.
08 de abril de 2009.
*Secretario General Movimiento Macroregional Proyecto Pueblo del Cusco
domingo, 22 de marzo de 2009
LA IMPUNIDAD GALOPA/ GUSTAVO ESPINOZA
LA IMPUNIDAD GALOPA ...
Por Gustavo Espinoza M.
Uno de los capitostes del fujimorato, el general del Ejército Peruano Víctor Malca Villanueva, buscado por los organismos judiciales de diversos países en los últimos años, fue finalmente ubicado en los Estados Unidos, en el Estado de Maryland donde, al parecer, disfrutaba secretamente de jugosas sumas del dinero que hurtó entre 1990 y el año 2002 a la sombra del poder del hoy reo en cárcel Alberto Fujimori Fujimori.
Malca, como se recuerda, fue Ministro de Defensa y Ministro del Interior, en su momento y fue también uno de los “pesos pesados” del régimen más corrupto que conoció el Perú en el siglo pasado. En el año 2001, las autoridades descubrieron que disponía de una cuenta de seis millones de dólares, además de otra de diez millones ubicada en la banca del exterior.
Pero como no todo es pera en dulce, el requerido por la justicia, no fue personalmente ubicado, ni detenido. Pudo ponerse a buen recaudo, probablemente alertado por los mismos que debieron capturarlo, con lo que se confirmó que, en torno al tema, la impunidad galopa.
Y algo parecido ocurre, sin duda en diversos otros casos en los que, procesados por los mismos delitos, han alcanzado su libertad o están en disposición de lograrla, sin que hayan pagado sus culpas.
Víctor Joy Way, por ejemplo, ministro y parlamentario en su momento, goza de la más amplia libertad, aunque no devolvió un centavo de lo que le fue descubierto cuando, de común acuerdo con su esposa, abrió cuentas en el exterior depositando en ellas gruesas sumas de dinero.
Y Ernesto Schutz, el propietario del Canal 5 de la TV, ni se diga. Vive en la paradisiaca Suiza y baja en las tardes, probablemente, a ver la caída del sol en las aguas del lago Leman. Sus socios de aventura –los Crousillat- afrontan algunos problemas aunque el mayor de ellos -el dueño del canal 4- goza de una prisión dorada: desde hace más de seis meses vive internado en una clínica privada en nuestra capital, arguyendo “riesgos de salud”.
Ambos -verdaderos “Zares” de la Televisión peruana- se vendieron ostentosamente al régimen de entonces y recibieron millones de dólares en “la salita del SIN” sin vergüenza alguna.
Y nadie les habría podido enrostrar nada sino hubieses aparecido los famosos “vladivideos”, que desenmascararon a lo más graneado de la “clase dominante”, desde Dionisio Romero hasta los líderes de la CONFIEP, la organización representativa de los grandes empresarios.
Los ministros, los empresarios y los militares robaron a manos llenas el dinero del país. Pero tuvieron la suerte de ser defendidos y protegidos hasta el fin por una pléyade de funcionarios corruptos que sacaron la cara por ellos como si fueran partícipes -y a lo mejor lo fueron- de los latrocinios de toda monta.
Ese fue el caso del núcleo de parlamentarios en el que destacó un quinteto de polendas: Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada, Luisa María Cuculiza y Martha Hildebrandt, la que hoy -para que se mueran de risa todos- fue elegida nada menos que Presidenta de la Comisión de Etica del Congreso de la República. El mismo Congreso, claro, que tiene entre sus integrantes al hermano del dictador -Santiago- y a la hija, Keiko, que jugó el papel de “Primera Dama” entre 1995 y el 2005.
Ni los antiguos ni los actuales congresistas del fujimorato, fueron acusados por los delitos que cometieron. En unos casos se les procesó por causas menores y en otros simplemente se les exculpó con ligereza cómplice para que no sufrieran los rigores del presidio. Se podían quebrar.
La bancada parlamentaria actual es, como lo dijo certeramente ya un analista político, una bancada patrimonial. Allí están el hermano, la hija, el abogado, el empleado, el médico de cabecera, y hasta el músico, orquestados todos en la defensa del patrimonio de la familia.
Y la hija -Keiko- es ciertamente la peor de todas, y la más peligrosa porque ahora se le patrocina como “candidata presidencial” para el 2011 con el apoyo del APRA. Y nadie duda que en una hipotética “segunda vuelta” entre ella y Ollanta Humala -por ejemplo- reciba el voto aluvional de todo los empresariado y el respaldo activo de los más diversos estamentos de la Clase Dominante y sus organizaciones políticas, comenzando por el Partido de García.
Keiko fue convertida -cuando tenía apenas 19 años- en la Primera Dama de la Nación, lo que le permitió disponer de onerosos recursos, pero también hacer una experiencia de gestión que hoy le resulta utilísima.
Susana Higuschi, la madre, dijo que ella era “el diablo”. Y no le faltó razón. En 1993, Susana fue detenida y torturada. Fue confinada en un lóbrego calabozo ubicado en “El Pentagonito”, donde recibió descargas eléctricas, y luego emparedada en Palacio de Gobierno desde donde tuvo que huir para salvar su vida.
Cuando eso ocurrió, Susana denunció el hecho y fue tildada de “loca”, por su marido, el Presidente, y por su hija Keiko, que se apresuró a reemplazarla y ocupar su lugar en la gestión del Estado. Años después, entre el 2001 y el 2006, Susana fue congresista y demostró que estaba en sus cabales, pero jamás fue reconocida por quienes -siendo sus familiares más directos- abusaron perversamente de ella.
Keiko goza ahora de la más amplia cobertura de prensa. Es estrella de la radio y la televisión peruana. Y la prensa escrita la entrevista cada día para que adelante “su programa de gobierno”. Ella sonríe y dice simplemente que pondrá en libertad a su papá porque “es inocente”.
En este escenario, el Presidente García se muestra optimista haciendo uso de la lógica de Voltaire: es decir, tiene la manía de asegurar que todo va bien, cuando todo va mal.
Como lo dijimos recientemente en las páginas de Nuestra Bandera hoy el Perú es escenario de un proceso muy extraño. Como las siete plagas de Egipto, del pandero aprista asoman todas las expresiones de la corrupción más desenfrenada.
Escándalos como el caso del ministro Enrique Cornejo quien cuando fuera titular de Vivienda contrató con entidades de cuyos directorios era miembro; la venta a precios irrisorios de los terrenos de Collique y el desabastecimiento del aeropuerto civil de la zona en provecho de inversionistas chilenos; la desenfrenada comercializació n de futbolistas vendidos como si fueran simple mercancía; el caso del traficante de tierras, Germán Cárdenas León, coludido con altas autoridades del régimen; la liberación de integrantes de peligrosas bandas de secuestradores; el funcionamiento de estructuras vinculadas al sicariato internacional y encargadas de la eliminación de personas; el reconocimiento parlamentario a Magaly Medina, condenada por diversos delitos contra la sociedad; la escandalosa aprobación de la Ley de Aguas y, finalmente, el reingreso al escenario político -en el Año del Búfalo- de Agustín Mantilla Campos gracias a sus declaraciones a través de las cuales amenaza revelar los entretelones de sus oscuros vínculos con la Mafia Fujimorista; son todas expresiones de un mismo rumbo.
Y no tienen más propósito que desmoralizar al conjunto de la sociedad afirmando la idea de que aquí, todo es posible, todo puede ocurrir, y nada debiera sorprender.
Cuando la gente se habitúe a esa idea, entonces el régimen indultará a Fujimori dejando en la impunidad los alevosos crímenes de su administració n.
Así podrá confirmarse aquello de que en el Perú, la impunidad galopa .
Por Gustavo Espinoza M.
Uno de los capitostes del fujimorato, el general del Ejército Peruano Víctor Malca Villanueva, buscado por los organismos judiciales de diversos países en los últimos años, fue finalmente ubicado en los Estados Unidos, en el Estado de Maryland donde, al parecer, disfrutaba secretamente de jugosas sumas del dinero que hurtó entre 1990 y el año 2002 a la sombra del poder del hoy reo en cárcel Alberto Fujimori Fujimori.
Malca, como se recuerda, fue Ministro de Defensa y Ministro del Interior, en su momento y fue también uno de los “pesos pesados” del régimen más corrupto que conoció el Perú en el siglo pasado. En el año 2001, las autoridades descubrieron que disponía de una cuenta de seis millones de dólares, además de otra de diez millones ubicada en la banca del exterior.
Pero como no todo es pera en dulce, el requerido por la justicia, no fue personalmente ubicado, ni detenido. Pudo ponerse a buen recaudo, probablemente alertado por los mismos que debieron capturarlo, con lo que se confirmó que, en torno al tema, la impunidad galopa.
Y algo parecido ocurre, sin duda en diversos otros casos en los que, procesados por los mismos delitos, han alcanzado su libertad o están en disposición de lograrla, sin que hayan pagado sus culpas.
Víctor Joy Way, por ejemplo, ministro y parlamentario en su momento, goza de la más amplia libertad, aunque no devolvió un centavo de lo que le fue descubierto cuando, de común acuerdo con su esposa, abrió cuentas en el exterior depositando en ellas gruesas sumas de dinero.
Y Ernesto Schutz, el propietario del Canal 5 de la TV, ni se diga. Vive en la paradisiaca Suiza y baja en las tardes, probablemente, a ver la caída del sol en las aguas del lago Leman. Sus socios de aventura –los Crousillat- afrontan algunos problemas aunque el mayor de ellos -el dueño del canal 4- goza de una prisión dorada: desde hace más de seis meses vive internado en una clínica privada en nuestra capital, arguyendo “riesgos de salud”.
Ambos -verdaderos “Zares” de la Televisión peruana- se vendieron ostentosamente al régimen de entonces y recibieron millones de dólares en “la salita del SIN” sin vergüenza alguna.
Y nadie les habría podido enrostrar nada sino hubieses aparecido los famosos “vladivideos”, que desenmascararon a lo más graneado de la “clase dominante”, desde Dionisio Romero hasta los líderes de la CONFIEP, la organización representativa de los grandes empresarios.
Los ministros, los empresarios y los militares robaron a manos llenas el dinero del país. Pero tuvieron la suerte de ser defendidos y protegidos hasta el fin por una pléyade de funcionarios corruptos que sacaron la cara por ellos como si fueran partícipes -y a lo mejor lo fueron- de los latrocinios de toda monta.
Ese fue el caso del núcleo de parlamentarios en el que destacó un quinteto de polendas: Marta Chávez, Luz Salgado, Carmen Lozada, Luisa María Cuculiza y Martha Hildebrandt, la que hoy -para que se mueran de risa todos- fue elegida nada menos que Presidenta de la Comisión de Etica del Congreso de la República. El mismo Congreso, claro, que tiene entre sus integrantes al hermano del dictador -Santiago- y a la hija, Keiko, que jugó el papel de “Primera Dama” entre 1995 y el 2005.
Ni los antiguos ni los actuales congresistas del fujimorato, fueron acusados por los delitos que cometieron. En unos casos se les procesó por causas menores y en otros simplemente se les exculpó con ligereza cómplice para que no sufrieran los rigores del presidio. Se podían quebrar.
La bancada parlamentaria actual es, como lo dijo certeramente ya un analista político, una bancada patrimonial. Allí están el hermano, la hija, el abogado, el empleado, el médico de cabecera, y hasta el músico, orquestados todos en la defensa del patrimonio de la familia.
Y la hija -Keiko- es ciertamente la peor de todas, y la más peligrosa porque ahora se le patrocina como “candidata presidencial” para el 2011 con el apoyo del APRA. Y nadie duda que en una hipotética “segunda vuelta” entre ella y Ollanta Humala -por ejemplo- reciba el voto aluvional de todo los empresariado y el respaldo activo de los más diversos estamentos de la Clase Dominante y sus organizaciones políticas, comenzando por el Partido de García.
Keiko fue convertida -cuando tenía apenas 19 años- en la Primera Dama de la Nación, lo que le permitió disponer de onerosos recursos, pero también hacer una experiencia de gestión que hoy le resulta utilísima.
Susana Higuschi, la madre, dijo que ella era “el diablo”. Y no le faltó razón. En 1993, Susana fue detenida y torturada. Fue confinada en un lóbrego calabozo ubicado en “El Pentagonito”, donde recibió descargas eléctricas, y luego emparedada en Palacio de Gobierno desde donde tuvo que huir para salvar su vida.
Cuando eso ocurrió, Susana denunció el hecho y fue tildada de “loca”, por su marido, el Presidente, y por su hija Keiko, que se apresuró a reemplazarla y ocupar su lugar en la gestión del Estado. Años después, entre el 2001 y el 2006, Susana fue congresista y demostró que estaba en sus cabales, pero jamás fue reconocida por quienes -siendo sus familiares más directos- abusaron perversamente de ella.
Keiko goza ahora de la más amplia cobertura de prensa. Es estrella de la radio y la televisión peruana. Y la prensa escrita la entrevista cada día para que adelante “su programa de gobierno”. Ella sonríe y dice simplemente que pondrá en libertad a su papá porque “es inocente”.
En este escenario, el Presidente García se muestra optimista haciendo uso de la lógica de Voltaire: es decir, tiene la manía de asegurar que todo va bien, cuando todo va mal.
Como lo dijimos recientemente en las páginas de Nuestra Bandera hoy el Perú es escenario de un proceso muy extraño. Como las siete plagas de Egipto, del pandero aprista asoman todas las expresiones de la corrupción más desenfrenada.
Escándalos como el caso del ministro Enrique Cornejo quien cuando fuera titular de Vivienda contrató con entidades de cuyos directorios era miembro; la venta a precios irrisorios de los terrenos de Collique y el desabastecimiento del aeropuerto civil de la zona en provecho de inversionistas chilenos; la desenfrenada comercializació n de futbolistas vendidos como si fueran simple mercancía; el caso del traficante de tierras, Germán Cárdenas León, coludido con altas autoridades del régimen; la liberación de integrantes de peligrosas bandas de secuestradores; el funcionamiento de estructuras vinculadas al sicariato internacional y encargadas de la eliminación de personas; el reconocimiento parlamentario a Magaly Medina, condenada por diversos delitos contra la sociedad; la escandalosa aprobación de la Ley de Aguas y, finalmente, el reingreso al escenario político -en el Año del Búfalo- de Agustín Mantilla Campos gracias a sus declaraciones a través de las cuales amenaza revelar los entretelones de sus oscuros vínculos con la Mafia Fujimorista; son todas expresiones de un mismo rumbo.
Y no tienen más propósito que desmoralizar al conjunto de la sociedad afirmando la idea de que aquí, todo es posible, todo puede ocurrir, y nada debiera sorprender.
Cuando la gente se habitúe a esa idea, entonces el régimen indultará a Fujimori dejando en la impunidad los alevosos crímenes de su administració n.
Así podrá confirmarse aquello de que en el Perú, la impunidad galopa .
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