La derrota del fujimorismo
Sáb, 04/04/2009
Por Alberto Adrianzén M. (*)(Diario La República)
El fin del juicio a Alberto Fujimori y su posterior condena puede ser aquella segunda oportunidad –que muchos reclaman y esperan, pero que pocos tienen en la vida– para producir lo que podemos llamar un “ajuste de cuentas” con el fujimorismo e infligirle una derrota histórica.
Porque el dato sobre el fujimorismo ha sido no solo su capacidad de sobrevivir sino, incluso, de progresar políticamente. Ello ha sido posible gracias a la ayuda permanente con la que ha contado en estos años, pero sobre todo en estos últimos tiempos. Llevar como vicepresidentes a dos fujimoristas, como ha hecho Alan García, es un dato, sin duda, a tomar en cuenta. También las alianzas que el aprismo y la derecha han establecido con este sector en el parlamento, así como la ayuda de algunos medios de comunicación que pasaron a convertirse en verdaderas cajas de resonancia de las huestes fujimoristas y del propio Fujimori. La transmisión en varios medios de comunicación (ello incluye al Canal 7), prácticamente toda una cadena nacional, de la supuesta defensa de Alberto Fujimori en estos días finales del juicio –cuando no transmitieron, salvo honrosas excepciones como el Canal N, la acusación del fiscal y de los abogados de la parte civil– es una muestra clara de favoritismo político.
Ello demuestra a estas alturas que los sectores que fueron el soporte del fujimorismo permanecen intactos. Estamos hablando de los grandes grupos económicos, de los militares, de dueños de medios de comunicación, de curas reaccionarios y de un grupo de tecnócratas e intermediarios mediáticos que operan como propagandistas y defensores de estos intereses. La expresión de ello no es solo la continuidad del modelo económico neoliberal sino también el creciente poder que las FFAA (incluyo a los aparatos de inteligencia) han ido recuperando, la impunidad y al que se suma un poder mediático que permanece intocado hasta estos días. Y si bien este continuismo comenzó en el gobierno anterior, con el actual alcanza niveles francamente fanatizados convirtiéndolo en calco y copia del modelo fujimorista por la abierta sociedad que hoy existe entre corrupción y negocios con el Estado.
Y así como se mantienen los sectores que fueron el soporte del fujimorismo, también podemos decir lo mismo de las condiciones políticas. Con ello hacemos referencia a esta combinación (que es al mismo tiempo una relación).
entre un sistema político débil (incluyo a los partidos) y un Estado privatizado por los grandes intereses y los poderes fácticos, que reemplaza las mediaciones políticas con los sectores sociales por las relaciones con los lobbies y privilegia el hiperpresidencialismo como principal vínculo político con la sociedad. A ello se suma un discurso que busca liquidar al otro. Por eso, lo que sobresale, primero, son los insultos y, luego, los intentos abiertos, por destruir a los opositores. En este contexto, las elecciones se convierten no en un proceso reglado para dirimir los desacuerdos entre diversas opciones políticas sino más bien, como fue en el fujimorismo, en un rito y al mismo tiempo en el campo de batalla ya que se busca destruir al adversario antes que ocurra el acto electoral. Las recientes declaraciones del presidente García respecto a la necesidad de controlar las futuras elecciones configuran, justamente, una lógica autoritaria y fraudulenta que nada tiene que ver con la democracia.
Pero, finalmente, lo que exacerba este continuismo fujimorista no es tanto el futuro penal de Alberto Fujimori –lo más probable es que lo condenen– sino más bien la presencia de liderazgos alternativos que proponen terminar con el modelo económico neoliberal, con la política autoritaria y luchar contra la impunidad. En realidad, los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad (también los corruptos) parecen convencerse crecientemente que para detener este cambio, solo les queda replicar o copiar el modelo fujimorista o, simplemente, apoyar abiertamente a Keiko Fujimori como opción política, declarada, recientemente por su padre, como su sucesora.
Por eso las próximas elecciones adquieren un valor estratégico que consiste, como bien dijo Valentín Paniagua, en su discurso de asunción a la presidencia en el 2000, en clausurar una etapa autoritaria en el país y abrir un nuevo ciclo democrático. Dicho en otros términos, en provocar una ruptura con el pasado para construir las bases de una refundación de la nación y de una nueva mayoría política capaz de iniciar la transformación del país.
En ese sentido lo que está en juego en las próximas elecciones no es solo el triunfo de un candidato sino también las posibilidades de poner fin al modelo económico, al autoritarismo, a la corrupción y de transformar nuestra democracia. Y una condición fundamental para ello radica, justamente, en derrotar al fujimorismo, a sus aliados y a sus imitadores.
Nota: Este columnista se solidariza con Fernando Rospigliosi.
(*) www.albertoadrianzen.org
miércoles, 8 de abril de 2009
LEGUÍA Y FUJIMORI/ ANTONIO ZAPATA
Leguía y Fujimori
Mié, 08/04/2009
Por Antonio Zapata (Diario La República)
En el siglo XX, el único antecedente de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori es el juicio al ex presidente Augusto B. Leguía. Pero, Leguía no fue sentenciado, terminó el juicio y pasaron diez meses sin que se lea sentencia alguna, ni condena ni absolución. Al cabo de ese lapso, Leguía murió y formalmente el juicio fue sobreseído. No obstante la trascendencia política del oncenio, el juicio a Leguía no influyó en la vida política peruana de las décadas siguientes. No fue ejemplar ni sirvió para mejorar los procedimientos políticos en el país. El juicio a Leguía padeció de tantos yerros que sus posibles lecciones se esfumaron.
En su alegato final, el abogado de Leguía, Alfonso Benavides Laredo, argumentó tres puntos esenciales. En primer lugar, sostuvo que el Tribunal de Sanción era ilegítimo. Su punto era que no respetaba el principio del juez natural. Es decir, no se había seguido el procedimiento indicado en la Constitución para juzgar a un ex presidente. Por el contrario, se había creado un tribunal ad hoc integrado por notorios enemigos del régimen caído. En este sentido, Benavides argumentó que el tribunal mismo era ilegal.
En segundo lugar, el letrado defensor de Leguía argumentó que el ex presidente era pobre. Sostuvo que Leguía carecía de recursos económicos. Presentó pruebas y expuso cómo su defendido se había empobrecido en el cargo. Entró solvente y salió sin un centavo. En este término, Benavides argumentó que no había pie para la acusación de enriquecimiento ilegítimo, pues el ex presidente, por el contrario, se había empobrecido notoriamente.
Finalmente, Benavides deslindó al ex presidente de sus hijos. Sostuvo que quizá ellos habían robado o abusado del poder. Pero, que él no era sus hijos. No se lo podía juzgar por actos cometidos por otras personas, así fueran sus parientes más íntimos.
Ninguno de estos tres alegatos ha sido suscrito por el doctor Nakazaki. Por el contrario, él ha tenido que aceptar la legalidad del proceso, sin cuestionar en ningún momento la legalidad del Tribunal. Así ha sido porque el Poder Judicial peruano ha cumplido estrictamente el debido proceso. Al aceptar al Tribunal durante el proceso, ahora Nakazaki no puede cuestionar el resultado. Puede apelar, pero no argumentar contra la legalidad del proceso.
En segundo lugar, Nakazaki no puede alegar la pobreza de su defendido. Por el contrario, sobran las evidencias de su fortuna personal. Por ejemplo, después que salió de su confortable refugio japonés, fletó un avión para viajar a Chile, vivió como un rey en ese país, habiendo fijado residencia en el barrio más retirado y aristocrático de Santiago. A ello se suma una larga cadena de evidencias de recursos económicos en poder del ex presidente Fujimori.
Por último, no ha zanjado con otras personas. Por el contrario, ni mencionó a Montesinos ni Hermoza. Con su silencio cargó con el pasivo de ambos personajes. Asimismo, consagró a dos de sus hijos como herederos políticos y se ha jugado por un movimiento político que deja en herencia.
Estas tres razones hacen que el juicio a Fujimori posiblemente quedé registrado en la historia como un suceso capital. No será olvidado como sucedió con Leguía. Por el contrario, la condena a Fujimori quedará en la historia como una sanción ejemplar que ha de modelar la historia peruana a futuro. Hay herederos que habrá de combatir, una plata robada por la cual responder y una condena ejemplar por DDHH en el juicio más pulcro de la historia patria.
El poder político ha perdido impunidad. A partir de ahora, los gobernantes saben que pueden terminar de esa misma manera. Por ello, tendrán que andar con cuidado y cumplir la ley. Es lo mejor que podría pasarle al Perú. Que el poder se resigne a regirse por las normas que lo igualan al resto de la ciudadanía.
Mié, 08/04/2009
Por Antonio Zapata (Diario La República)
En el siglo XX, el único antecedente de la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori es el juicio al ex presidente Augusto B. Leguía. Pero, Leguía no fue sentenciado, terminó el juicio y pasaron diez meses sin que se lea sentencia alguna, ni condena ni absolución. Al cabo de ese lapso, Leguía murió y formalmente el juicio fue sobreseído. No obstante la trascendencia política del oncenio, el juicio a Leguía no influyó en la vida política peruana de las décadas siguientes. No fue ejemplar ni sirvió para mejorar los procedimientos políticos en el país. El juicio a Leguía padeció de tantos yerros que sus posibles lecciones se esfumaron.
En su alegato final, el abogado de Leguía, Alfonso Benavides Laredo, argumentó tres puntos esenciales. En primer lugar, sostuvo que el Tribunal de Sanción era ilegítimo. Su punto era que no respetaba el principio del juez natural. Es decir, no se había seguido el procedimiento indicado en la Constitución para juzgar a un ex presidente. Por el contrario, se había creado un tribunal ad hoc integrado por notorios enemigos del régimen caído. En este sentido, Benavides argumentó que el tribunal mismo era ilegal.
En segundo lugar, el letrado defensor de Leguía argumentó que el ex presidente era pobre. Sostuvo que Leguía carecía de recursos económicos. Presentó pruebas y expuso cómo su defendido se había empobrecido en el cargo. Entró solvente y salió sin un centavo. En este término, Benavides argumentó que no había pie para la acusación de enriquecimiento ilegítimo, pues el ex presidente, por el contrario, se había empobrecido notoriamente.
Finalmente, Benavides deslindó al ex presidente de sus hijos. Sostuvo que quizá ellos habían robado o abusado del poder. Pero, que él no era sus hijos. No se lo podía juzgar por actos cometidos por otras personas, así fueran sus parientes más íntimos.
Ninguno de estos tres alegatos ha sido suscrito por el doctor Nakazaki. Por el contrario, él ha tenido que aceptar la legalidad del proceso, sin cuestionar en ningún momento la legalidad del Tribunal. Así ha sido porque el Poder Judicial peruano ha cumplido estrictamente el debido proceso. Al aceptar al Tribunal durante el proceso, ahora Nakazaki no puede cuestionar el resultado. Puede apelar, pero no argumentar contra la legalidad del proceso.
En segundo lugar, Nakazaki no puede alegar la pobreza de su defendido. Por el contrario, sobran las evidencias de su fortuna personal. Por ejemplo, después que salió de su confortable refugio japonés, fletó un avión para viajar a Chile, vivió como un rey en ese país, habiendo fijado residencia en el barrio más retirado y aristocrático de Santiago. A ello se suma una larga cadena de evidencias de recursos económicos en poder del ex presidente Fujimori.
Por último, no ha zanjado con otras personas. Por el contrario, ni mencionó a Montesinos ni Hermoza. Con su silencio cargó con el pasivo de ambos personajes. Asimismo, consagró a dos de sus hijos como herederos políticos y se ha jugado por un movimiento político que deja en herencia.
Estas tres razones hacen que el juicio a Fujimori posiblemente quedé registrado en la historia como un suceso capital. No será olvidado como sucedió con Leguía. Por el contrario, la condena a Fujimori quedará en la historia como una sanción ejemplar que ha de modelar la historia peruana a futuro. Hay herederos que habrá de combatir, una plata robada por la cual responder y una condena ejemplar por DDHH en el juicio más pulcro de la historia patria.
El poder político ha perdido impunidad. A partir de ahora, los gobernantes saben que pueden terminar de esa misma manera. Por ello, tendrán que andar con cuidado y cumplir la ley. Es lo mejor que podría pasarle al Perú. Que el poder se resigne a regirse por las normas que lo igualan al resto de la ciudadanía.
EL CONTINUISMO DEL FUJIMORISMO ECONÓMICO/ HUMBERTO CAMPODÓNICO
El continuismo del fujimorismo económico
Mié, 08/04/2009
Por Humberto Campodónico (Diario La República)
La condena a 25 años de prisión a Alberto Fujimori hace justicia a las víctimas de hace 17 años. Es, indudablemente, un gigantesco paso adelante del Perú como nación, pues indica que sí se puede hacer frente a los crímenes, no importa cuán alta sea la investidura del que los comete. También es un gran paso adelante del Poder Judicial, lo que debe consolidarse en una implacable lucha contra la corrupción.
Dicho esto, también hay que tener en cuenta que bajo Fujimori-Montesinos hubo una enorme corrupción económica la que, quizá, tuvo sus hitos más altos en el robo de los dineros de la privatización para la compra de armas. Centenares de millones de dólares fueron a parar a cuentas secretas, bajo la sola firma de los funcionarios de turno. Para muestra un botón: el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza admitió la apropiación ilícita de nada menos que US$ 20 millones.
En el terreno económico, el régimen de Fujimori acabó con la descentralización y desmanteló el aparato del Estado, creando en su lugar instituciones como Pronamachcs, Infes y Foncodes (en un segundo momento) con las que realizaba inversiones por las cuales aún es ampliamente recordado en el país. Así, el caudillo neoliberal regalaba colegios, computadoras, postas médicas y bolsas de alimentos. Esta política fue apuntalada por el Banco Mundial y el BID, con préstamos de US$ 3,100 y US$ 2,640 millones, respectivamente, de 1991 a 1999.
Pero quizá el legado económico más negativo de Fujimori consiste en pensar que el desarrollo se logra con la apertura irrestricta a la inversión extranjera, complementada con una política de desprecio hacia el capital nacional y el mercado interno (rebajas unilaterales de aranceles) y la ignorancia acerca del rol de las empresas estatales en sectores estratégicos, planteando su remate en el menor tiempo posible.
Esto se plasmó en el régimen económico de la Constitución de 1993, que consagra la “igualdad de trato” entre el capital extranjero y el nacional (Art. 63), lo que no está en ninguna Constitución de América Latina, ni de EEUU, ni de Europa. Al otorgar graciosamente la igualdad de trato, se entrega también el mercado interno.
Lo mismo sucede con los contratos de estabilidad jurídica (Art. 62), que no pueden siquiera ser modificados por el Congreso, sino solo por “acuerdo entre las partes”. Invocando esta “santidad de los contratos”, no se aplicó el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras por el alza extraordinaria de precios y no se recaudaron miles de millones de dólares.
También está la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (Art. 60). Por eso en el Perú ya murieron y/o languidecen las empresas públicas peruanas, pero florecen las extranjeras: ISA de Colombia (torres eléctricas), ENAP de Chile (grifos Primax), Sonatrach de Argelia (Camisea), Petrobrás (en Talara), Ecopetrol de Colombia (en Talara), las chinas Sapet (en Talara, el Lote 8 y el 1AB) y Shougang (en Marcona).
La cuestión de fondo es el modelo neoliberal de los 90 que afirma que el “libre mercado” soluciona todos los problemas económicos. Lo que ha hecho en realidad es propiciar un crecimiento económico que beneficia a unos pocos, acaba con los derechos laborales, a la vez que disminuye la capacidad recaudadora del Estado, ahonda las desigualdades y fractura al país, sobre todo a los sectores rurales más pobres.
Por eso, el reto económico que nos trae la crisis económica mundial –provocada por las mismas políticas de libre mercado y desregulación total– solo puede ser superado dejando de lado el economicismo puro del neoliberalismo para avanzar en un nuevo equilibrio entre el rol del mercado y el del Estado, consolidando la descentralización y la participación ciudadana.
El problema es que en lo económico, el continuismo neoliberal ha sido la norma en los gobiernos de Toledo y de García. A eso se debe, seguramente, la simpatía de sectores empresariales por Fujimori: quieren mantener el statu quo que se puso en marcha bajo su gobierno. He allí un problema que no se soluciona con la justa condena de Fujimori.
Mié, 08/04/2009
Por Humberto Campodónico (Diario La República)
La condena a 25 años de prisión a Alberto Fujimori hace justicia a las víctimas de hace 17 años. Es, indudablemente, un gigantesco paso adelante del Perú como nación, pues indica que sí se puede hacer frente a los crímenes, no importa cuán alta sea la investidura del que los comete. También es un gran paso adelante del Poder Judicial, lo que debe consolidarse en una implacable lucha contra la corrupción.
Dicho esto, también hay que tener en cuenta que bajo Fujimori-Montesinos hubo una enorme corrupción económica la que, quizá, tuvo sus hitos más altos en el robo de los dineros de la privatización para la compra de armas. Centenares de millones de dólares fueron a parar a cuentas secretas, bajo la sola firma de los funcionarios de turno. Para muestra un botón: el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza admitió la apropiación ilícita de nada menos que US$ 20 millones.
En el terreno económico, el régimen de Fujimori acabó con la descentralización y desmanteló el aparato del Estado, creando en su lugar instituciones como Pronamachcs, Infes y Foncodes (en un segundo momento) con las que realizaba inversiones por las cuales aún es ampliamente recordado en el país. Así, el caudillo neoliberal regalaba colegios, computadoras, postas médicas y bolsas de alimentos. Esta política fue apuntalada por el Banco Mundial y el BID, con préstamos de US$ 3,100 y US$ 2,640 millones, respectivamente, de 1991 a 1999.
Pero quizá el legado económico más negativo de Fujimori consiste en pensar que el desarrollo se logra con la apertura irrestricta a la inversión extranjera, complementada con una política de desprecio hacia el capital nacional y el mercado interno (rebajas unilaterales de aranceles) y la ignorancia acerca del rol de las empresas estatales en sectores estratégicos, planteando su remate en el menor tiempo posible.
Esto se plasmó en el régimen económico de la Constitución de 1993, que consagra la “igualdad de trato” entre el capital extranjero y el nacional (Art. 63), lo que no está en ninguna Constitución de América Latina, ni de EEUU, ni de Europa. Al otorgar graciosamente la igualdad de trato, se entrega también el mercado interno.
Lo mismo sucede con los contratos de estabilidad jurídica (Art. 62), que no pueden siquiera ser modificados por el Congreso, sino solo por “acuerdo entre las partes”. Invocando esta “santidad de los contratos”, no se aplicó el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras por el alza extraordinaria de precios y no se recaudaron miles de millones de dólares.
También está la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (Art. 60). Por eso en el Perú ya murieron y/o languidecen las empresas públicas peruanas, pero florecen las extranjeras: ISA de Colombia (torres eléctricas), ENAP de Chile (grifos Primax), Sonatrach de Argelia (Camisea), Petrobrás (en Talara), Ecopetrol de Colombia (en Talara), las chinas Sapet (en Talara, el Lote 8 y el 1AB) y Shougang (en Marcona).
La cuestión de fondo es el modelo neoliberal de los 90 que afirma que el “libre mercado” soluciona todos los problemas económicos. Lo que ha hecho en realidad es propiciar un crecimiento económico que beneficia a unos pocos, acaba con los derechos laborales, a la vez que disminuye la capacidad recaudadora del Estado, ahonda las desigualdades y fractura al país, sobre todo a los sectores rurales más pobres.
Por eso, el reto económico que nos trae la crisis económica mundial –provocada por las mismas políticas de libre mercado y desregulación total– solo puede ser superado dejando de lado el economicismo puro del neoliberalismo para avanzar en un nuevo equilibrio entre el rol del mercado y el del Estado, consolidando la descentralización y la participación ciudadana.
El problema es que en lo económico, el continuismo neoliberal ha sido la norma en los gobiernos de Toledo y de García. A eso se debe, seguramente, la simpatía de sectores empresariales por Fujimori: quieren mantener el statu quo que se puso en marcha bajo su gobierno. He allí un problema que no se soluciona con la justa condena de Fujimori.
UN DÍA DESPUÉS/ NELSON MANRIQUE
Un día después
Por Nelson Manrique (Diario La República)
La condena impuesta a Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer constituye un verdadero hito en la historia del Perú.
En los diecisiete años transcurridos desde que se perpetraron estos crímenes hubo que vencer obstáculos casi insuperables para lograr que se haga justicia y gran parte del mérito corresponde a los familiares de las víctimas, que a lo largo de su duro calvario contaron con el apoyo de grupos de defensores de los derechos humanos y especialmente de Aprodeh.
El esclarecimiento de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fue bloqueado desde cuando el general Nicolás de Bari Hermoza –utilizando su condición de comandante general del ejército– sacó los tanques a la calle para amenazar a quienes denunciaban el crimen. La bancada fujimorista recurrió luego a todas las artimañas posibles para intentar bloquear toda investigación; es de recordar a Martha Chávez argumentando que los estudiantes de La Cantuta se habían “autosecuestrado”.
A pesar de todo, la verdad fue abriéndose paso. El trabajo de la prensa independiente puso en evidencia la existencia del grupo Colina. En el camino quedaron la agente de inteligencia Mariella Barreto, compañera sentimental de Santiago Martin Rivas y madre de su hijo, asesinada y decapitada por atribuírsele haber filtrado información a la prensa. Leonor La Rosa, otra agente, fue torturada hasta dejarla parapléjica. Cuando la presión nacional e internacional obligó a juzgar a algunos integrantes del grupo Colina, el Parlamento fujimorista sustrajo a los procesados de la justicia civil para entregarlos a un tribunal militar que realizó un juicio en que ni siquiera se convocó a los altos mandos implicados y al que nadie tuvo acceso. Sentenciados los asesinos, fueron confinados en un encierro dorado, con sueldo completo y premios. Se amotinaron meses después, reclamando la amnistía que se les había prometido, a cambio de que eximieran de responsabilidad a los mayores responsables. Cumplió entonces el Parlamento fujimorista otorgando la ley de amnistía, ardorosamente defendida por Rafael Rey. Largo ha sido el camino recorrido para llegar a la ejemplar sentencia dictada por los magistrados César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.
El grupo Colina no solo asesinó a inocentes en Barrios Altos y La Cantuta sino hasta asesinó a trabajadores por contrata, como los campesinos del Santa, liquidados por sindicalistas, el secretario general de la Federación Minera del Perú, Saúl Cantoral, y el secretario general de la CGTP, Pedro Huilca Tecse. Fujimori es además responsable de la comisión de otros delitos abominables, como la esterilización sin su consentimiento de decenas de miles de mujeres peruanas.
Los 25 años de prisión de Fujimori hacen justicia, aunque estos últimos delitos no hayan sido motivo del juicio. Después de todo, a Al Capone no se le probó ningún crimen, y terminó en prisión por evasión de impuestos.
Como peruano, luego de la náusea de los escándalos político-delincuenciales de los últimos meses –cuyo colmo es la condena dictada contra Fernando Rospigliosi en el Parlamento, por los corruptos que él ha denunciado–, da gusto sentirse orgulloso de estos jueces.
Por Nelson Manrique (Diario La República)
La condena impuesta a Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer constituye un verdadero hito en la historia del Perú.
En los diecisiete años transcurridos desde que se perpetraron estos crímenes hubo que vencer obstáculos casi insuperables para lograr que se haga justicia y gran parte del mérito corresponde a los familiares de las víctimas, que a lo largo de su duro calvario contaron con el apoyo de grupos de defensores de los derechos humanos y especialmente de Aprodeh.
El esclarecimiento de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fue bloqueado desde cuando el general Nicolás de Bari Hermoza –utilizando su condición de comandante general del ejército– sacó los tanques a la calle para amenazar a quienes denunciaban el crimen. La bancada fujimorista recurrió luego a todas las artimañas posibles para intentar bloquear toda investigación; es de recordar a Martha Chávez argumentando que los estudiantes de La Cantuta se habían “autosecuestrado”.
A pesar de todo, la verdad fue abriéndose paso. El trabajo de la prensa independiente puso en evidencia la existencia del grupo Colina. En el camino quedaron la agente de inteligencia Mariella Barreto, compañera sentimental de Santiago Martin Rivas y madre de su hijo, asesinada y decapitada por atribuírsele haber filtrado información a la prensa. Leonor La Rosa, otra agente, fue torturada hasta dejarla parapléjica. Cuando la presión nacional e internacional obligó a juzgar a algunos integrantes del grupo Colina, el Parlamento fujimorista sustrajo a los procesados de la justicia civil para entregarlos a un tribunal militar que realizó un juicio en que ni siquiera se convocó a los altos mandos implicados y al que nadie tuvo acceso. Sentenciados los asesinos, fueron confinados en un encierro dorado, con sueldo completo y premios. Se amotinaron meses después, reclamando la amnistía que se les había prometido, a cambio de que eximieran de responsabilidad a los mayores responsables. Cumplió entonces el Parlamento fujimorista otorgando la ley de amnistía, ardorosamente defendida por Rafael Rey. Largo ha sido el camino recorrido para llegar a la ejemplar sentencia dictada por los magistrados César San Martín, Hugo Príncipe Trujillo y Víctor Prado Saldarriaga.
El grupo Colina no solo asesinó a inocentes en Barrios Altos y La Cantuta sino hasta asesinó a trabajadores por contrata, como los campesinos del Santa, liquidados por sindicalistas, el secretario general de la Federación Minera del Perú, Saúl Cantoral, y el secretario general de la CGTP, Pedro Huilca Tecse. Fujimori es además responsable de la comisión de otros delitos abominables, como la esterilización sin su consentimiento de decenas de miles de mujeres peruanas.
Los 25 años de prisión de Fujimori hacen justicia, aunque estos últimos delitos no hayan sido motivo del juicio. Después de todo, a Al Capone no se le probó ningún crimen, y terminó en prisión por evasión de impuestos.
Como peruano, luego de la náusea de los escándalos político-delincuenciales de los últimos meses –cuyo colmo es la condena dictada contra Fernando Rospigliosi en el Parlamento, por los corruptos que él ha denunciado–, da gusto sentirse orgulloso de estos jueces.
JUICIO A FUJIMORI: UN PROCESO LIMPIO, UNA CONDENA JUSTA PARA INICIAR UN AUTÉNTICO CAMINO A LA RECONCILIACIÓN/SERGIO SULLCA
JUICIO A FUJIMORI: UN PROCESO LIMPIO, UNA CONDENA JUSTA PARA INICIAR UN AUTÉNTICO CAMINO A LA RECONCILIACIÓN
Sergio Sullca Condori
Emitida la sentencia contra el ex dictador del Perú Alberto Fujimori Fujimori, condenándolo a 25 años de pena privativa de libertad, aquí intento hacer unos comentarios respecto del significado del proceso seguido y su valor para iniciar un auténtico camino a la reconciliación entre peruanos.
En principio, es de saludar la pulcritud con la que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el Dr. César San Martín, ha llevado este complejo proceso. Alberto Fujimori no puede alegar en su defensa que se vulneraron sus derechos; la prensa internacional, así como organismos internacionales del prestigio de Amnistía Internacional por ejemplo, estuvieron pendientes en todo momento del desarrollo de los acontecimientos. El proceso fue limpio e imparcial a la luz de la normatividad vigente.
En segundo lugar, el contenido de la sentencia toma como marco contextual el INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, reconociendo su valor histórico, político y ahora JURÍDICO, una justa reivindicación al Informe que trató de ser borrado de la memoria de los peruanos por los sectores conservadores del país. Hoy este Informe es elevado a la categoría de precedente jurídico y servirá sin duda como referente importante en tantos y tantos casos que aún faltan ser resueltos en el Perú.
Ahora, la sentencia, sustentada en las pruebas indiciarias lógica y jurídicamente concatenadas, y la hipótesis de la autoría mediata sustentada por el Fiscal Supremo Adjunto Dr. Avelino Guillén, logró establecer la cadena de mando que llegaba desde el último sub oficial del grupo Colina hasta la mismísima presidencia de la República. Ello ahora es una verdad jurídica irrefutable por la cual Alberto Fujimori tenía el dominio de los hechos, es decir, Fujimori no solo tenía conocimiento de lo que ocurría sino que fue él junto a Montesinos quienes instituyeron el horroroso comando de aniquilamiento.
Consideramos, que las memorias colectivas del país se refrescan con esta sentencia y le enseñan a las generaciones actuales y futuras que la vida, la libertad, la justicia y la verdad SÍ existen en el Perú y que a partir de este hito podemos construir, ahora con más fuerza, el camino de la Reconciliación.
Hasta ahora las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos estuvieron estigmatizadas con el título de “terroristas” que el gobierno de Fujimori se encargó de enclavar en sus vidas, en su memoria y la de sus familias. Hoy luego de esta sentencia, el colegiado hizo justicia afirmando que no se trataba de “terroristas” sino de gente inocente que murió a manos del grupo Colina.
Desde Proyecto Pueblo, consideramos esta sentencia como trascendente y constituye un punto de inicio vital en la consolidación de un país en paz con verdad y justicia, arrinconando a aquellas fuerzas irracionales que siguen viviendo de espaldas al Perú y que hoy quieren levantar cabeza.
… Y por fin después de dos décadas, de persecuciones y mentiras…. La verdad por fin se abre paso en el Perú.
08 de abril de 2009.
*Secretario General Movimiento Macroregional Proyecto Pueblo del Cusco
Sergio Sullca Condori
Emitida la sentencia contra el ex dictador del Perú Alberto Fujimori Fujimori, condenándolo a 25 años de pena privativa de libertad, aquí intento hacer unos comentarios respecto del significado del proceso seguido y su valor para iniciar un auténtico camino a la reconciliación entre peruanos.
En principio, es de saludar la pulcritud con la que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia presidida por el Dr. César San Martín, ha llevado este complejo proceso. Alberto Fujimori no puede alegar en su defensa que se vulneraron sus derechos; la prensa internacional, así como organismos internacionales del prestigio de Amnistía Internacional por ejemplo, estuvieron pendientes en todo momento del desarrollo de los acontecimientos. El proceso fue limpio e imparcial a la luz de la normatividad vigente.
En segundo lugar, el contenido de la sentencia toma como marco contextual el INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, reconociendo su valor histórico, político y ahora JURÍDICO, una justa reivindicación al Informe que trató de ser borrado de la memoria de los peruanos por los sectores conservadores del país. Hoy este Informe es elevado a la categoría de precedente jurídico y servirá sin duda como referente importante en tantos y tantos casos que aún faltan ser resueltos en el Perú.
Ahora, la sentencia, sustentada en las pruebas indiciarias lógica y jurídicamente concatenadas, y la hipótesis de la autoría mediata sustentada por el Fiscal Supremo Adjunto Dr. Avelino Guillén, logró establecer la cadena de mando que llegaba desde el último sub oficial del grupo Colina hasta la mismísima presidencia de la República. Ello ahora es una verdad jurídica irrefutable por la cual Alberto Fujimori tenía el dominio de los hechos, es decir, Fujimori no solo tenía conocimiento de lo que ocurría sino que fue él junto a Montesinos quienes instituyeron el horroroso comando de aniquilamiento.
Consideramos, que las memorias colectivas del país se refrescan con esta sentencia y le enseñan a las generaciones actuales y futuras que la vida, la libertad, la justicia y la verdad SÍ existen en el Perú y que a partir de este hito podemos construir, ahora con más fuerza, el camino de la Reconciliación.
Hasta ahora las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos estuvieron estigmatizadas con el título de “terroristas” que el gobierno de Fujimori se encargó de enclavar en sus vidas, en su memoria y la de sus familias. Hoy luego de esta sentencia, el colegiado hizo justicia afirmando que no se trataba de “terroristas” sino de gente inocente que murió a manos del grupo Colina.
Desde Proyecto Pueblo, consideramos esta sentencia como trascendente y constituye un punto de inicio vital en la consolidación de un país en paz con verdad y justicia, arrinconando a aquellas fuerzas irracionales que siguen viviendo de espaldas al Perú y que hoy quieren levantar cabeza.
… Y por fin después de dos décadas, de persecuciones y mentiras…. La verdad por fin se abre paso en el Perú.
08 de abril de 2009.
*Secretario General Movimiento Macroregional Proyecto Pueblo del Cusco
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