EL CONTINUISMO DEL FUJIMORISMO ECONÓMICO/ HUMBERTO CAMPODÓNICO

El continuismo del fujimorismo económico
Mié, 08/04/2009

Por Humberto Campodónico (Diario La República)

La condena a 25 años de prisión a Alberto Fujimori hace justicia a las víctimas de hace 17 años. Es, indudablemente, un gigantesco paso adelante del Perú como nación, pues indica que sí se puede hacer frente a los crímenes, no importa cuán alta sea la investidura del que los comete. También es un gran paso adelante del Poder Judicial, lo que debe consolidarse en una implacable lucha contra la corrupción.

Dicho esto, también hay que tener en cuenta que bajo Fujimori-Montesinos hubo una enorme corrupción económica la que, quizá, tuvo sus hitos más altos en el robo de los dineros de la privatización para la compra de armas. Centenares de millones de dólares fueron a parar a cuentas secretas, bajo la sola firma de los funcionarios de turno. Para muestra un botón: el ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza admitió la apropiación ilícita de nada menos que US$ 20 millones.

En el terreno económico, el régimen de Fujimori acabó con la descentralización y desmanteló el aparato del Estado, creando en su lugar instituciones como Pronamachcs, Infes y Foncodes (en un segundo momento) con las que realizaba inversiones por las cuales aún es ampliamente recordado en el país. Así, el caudillo neoliberal regalaba colegios, computadoras, postas médicas y bolsas de alimentos. Esta política fue apuntalada por el Banco Mundial y el BID, con préstamos de US$ 3,100 y US$ 2,640 millones, respectivamente, de 1991 a 1999.

Pero quizá el legado económico más negativo de Fujimori consiste en pensar que el desarrollo se logra con la apertura irrestricta a la inversión extranjera, complementada con una política de desprecio hacia el capital nacional y el mercado interno (rebajas unilaterales de aranceles) y la ignorancia acerca del rol de las empresas estatales en sectores estratégicos, planteando su remate en el menor tiempo posible.

Esto se plasmó en el régimen económico de la Constitución de 1993, que consagra la “igualdad de trato” entre el capital extranjero y el nacional (Art. 63), lo que no está en ninguna Constitución de América Latina, ni de EEUU, ni de Europa. Al otorgar graciosamente la igualdad de trato, se entrega también el mercado interno.

Lo mismo sucede con los contratos de estabilidad jurídica (Art. 62), que no pueden siquiera ser modificados por el Congreso, sino solo por “acuerdo entre las partes”. Invocando esta “santidad de los contratos”, no se aplicó el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras por el alza extraordinaria de precios y no se recaudaron miles de millones de dólares.

También está la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (Art. 60). Por eso en el Perú ya murieron y/o languidecen las empresas públicas peruanas, pero florecen las extranjeras: ISA de Colombia (torres eléctricas), ENAP de Chile (grifos Primax), Sonatrach de Argelia (Camisea), Petrobrás (en Talara), Ecopetrol de Colombia (en Talara), las chinas Sapet (en Talara, el Lote 8 y el 1AB) y Shougang (en Marcona).

La cuestión de fondo es el modelo neoliberal de los 90 que afirma que el “libre mercado” soluciona todos los problemas económicos. Lo que ha hecho en realidad es propiciar un crecimiento económico que beneficia a unos pocos, acaba con los derechos laborales, a la vez que disminuye la capacidad recaudadora del Estado, ahonda las desigualdades y fractura al país, sobre todo a los sectores rurales más pobres.

Por eso, el reto económico que nos trae la crisis económica mundial –provocada por las mismas políticas de libre mercado y desregulación total– solo puede ser superado dejando de lado el economicismo puro del neoliberalismo para avanzar en un nuevo equilibrio entre el rol del mercado y el del Estado, consolidando la descentralización y la participación ciudadana.

El problema es que en lo económico, el continuismo neoliberal ha sido la norma en los gobiernos de Toledo y de García. A eso se debe, seguramente, la simpatía de sectores empresariales por Fujimori: quieren mantener el statu quo que se puso en marcha bajo su gobierno. He allí un problema que no se soluciona con la justa condena de Fujimori.